Entrevista

Hervé Falciani: "¿Va Rajoy a entregar a un testigo protegido?"

El activista Hervé Falciani, que accedió a 120.000 cuentas relacionadas con la evasión fiscal del banco HSBC, se muestra confiado en una entrevista con Ernesto Ekaizer que España no accederá a su extradición a Suiza. Aunque la duda es si el gobierno español quiere canjearlo por Marta Rovira

Hervé Falciani (Montecarlo, 1972) fue detenido en Madrid el 4 de abril de 2018 y está en libertad provisional a la espera de una solicitud de extradición de Suiza. Este informático de nacionalidad franco-italiana logró acceder en 2006-2008 a unas 120.000 cuentas relacionadas con evasión fiscal en el banco para el cual trabajaba, el HSBC de Ginebra, y aportó la información a la justicia de varios países europeos y de Estados Unidos. En España se convirtió en testigo protegido en 2013  y los datos que aportó a la Fiscalía Anticorrupción permitieron al Ministerio de Hacienda a través de una “regularización espontánea” recaudar, en 2010, unos 260 millones de euros. De esa cantidad, la mayor tajada, 211 millones,  correspondió a la regularización de 2.000 millones de euros por parte de la familia del extinto banquero Emilio Botín.

En 2012, Suiza solicitó la extradición de Falciani para juzgarle por espionaje económico y otros delitos. El Gobierno de Rajoy, al recibir la petición, dio paso, el 3 de agosto de 2012, al procedimiento judicial. La Audiencia Nacional denegó la extradición en mayo de 2013. Falciani fue juzgado en Suiza, en ausencia, en noviembre de 2015 y condenado por delito de espionaje a 5 años de cárcel. Las autoridades suizas solicitaron a España la detención de Falciani en mayo de 2017 para cumplir dicha condena. Pero curiosamente la Policía no ejecutó dicha orden de detención internacional hasta el pasado 4 de abril en lo que parece un guiño a la justicia helvética: el canje de Falciani por la dirigente independentista Marta Rovira. Aunque según ha declarado a ARA Jean-Marc Carnicé, abogado de Rovira, no existen todavía diligencias relacionadas con la extradición de Rovira en la Oficina Federal de la Justicia (OFJ), la Policía española y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han movido pieza con la detención de Falciani para mostrar “reciprocidad” –ofreciendo el caramelo de la entrega del exinformático del HSBC- con vistas a la solicitud de extradición de Rovira.

Las autoridades helvéticas han afirmado públicamente que no habrá moneda de cambio. “En 2012 cuando el Gobierno de Rajoy abrió el procedimiento de extradición yo no era testigo protegido. Pero ahora lo soy y, además, la Audiencia Nacional rechazó en 2013 la extradición por espionaje económico", dice. ¿El Gobierno español quiere canjearlo por Marta Rovira? Falciani se inclina más por la idea que “el Gobierno de Rajoy puede pensar que con su abstención política legitima lo que  ha dicho la ministra de Justicia de Alemania en el sentido de que no iba a intervenir en el caso de Carles Puigdemont y dejar el asunto en manos de la Justicia”.

He aquí los tramos esenciales de la entrevista que mantuvo Falciani con ARA el pasado miércoles, día 2 de de mayo, en Valencia.

El Hong Kong and Shangai Banking Corporation Privat Bank de Suiza (HSBC) ha pagado 40 millones de francos suizos al Estado helvético para evitar sentarse en el banquillo por blanqueo de dinero. Ha abonado 1.900 millones de dólares en Estados Unidos para evitar el juicio. Y en Francia el pacto para eludir una condena le ha costado 300 millones de euros. Y usted ha sido condenado a cinco años en noviembre de 2015 y ahora está en libertad provisional a la espera de extradición. Los que han contribuido a la evasión y al blanqueo de capitales han eludido, pagando, la acción de la justicia, y usted que les ha denunciado corre el riesgo de ir a prisión. ¿Perversión del sistema?

Este es el aspecto más pintoresco de la nueva petición de mi extradición. La primera vez, en 2012, la solicitud pretendía sentarme en el banquillo en Suiza. La Audiencia Nacional denegó la solicitud por espionaje y otros delitos. El juicio se celebró. Yo no me presenté. Fui condenado a cinco años por un delito: espionaje.  Y se pide mi detención y entrega para cumplir esa condena. En rigor, es como si mi extradición la estuviese pidiendo no un Estado –la Confederación Helvética- sino un banco, el HSBC de Ginebra. Han pagado miles de millones de dólares, francos suizos y euros para eludir juicios en varios países.La conclusión es totalmente perversa. El banco viene a decir: nuestra institución no ha hecho nada malo, es él, Falciani, quien debe ser entregado a Suiza para cumplir la condena.

No es, con todo, el único aspecto pintoresco o perverso. Las autoridades suizas cursan una orden de detención internacional contra usted en mayo de 2017 y la Policía española la ejecuta casi un año después, en abril de 2018. ¿Cualquier relación con la decisión de Marta Rovira de no presentarse a declarar ante el Tribunal Supremo e instalarse en Ginebra es pura c coincidencia?

Sabía que iban a pedir mi detención en algún momento. Pero ignoraba cuando: pensé que entraría en prisión al menos durante algunas semanas, simplemente como resultado del procedimiento administrativo. Todos sabemos que la política opera en la justicia. La responsabilidad del político es la primera en un caso de extradición. La pelota va al consejo de ministros. Y este no debería olvidar su deber. Yo no olvido mi responsabilidad en la denuncia de determinados intereses financieros. El ejemplo de la sentencia de la Manada es preocupante. Me refiero a la intervención del ministro de Justicia. Pero volvamos al tema personal. Mi caso irá al consejo de ministros. Y creo que el interés nacional de España pasa por rechazar la solicitud de extradición en ese primer filtro que es el consejo de ministros.

Pero es que hay dos diferencias muy grandes respecto a 2012, se realiza  el primer filtro, es decir, cuando el gobierno de Rajoy cursa a la justicia española la petición helvética. La primera es que la Audiencia Nacional ya ha rechazado la extradición por espionaje económico en mayo de 2013; la segunda es que usted ha sido declarado testigo protegido en 2013 por parte del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Así es. ¿Va Rajoy a entregar a Suiza a un testigo protegido?. Porque mi situación procesal en ese aspecto no ha variado. Pero, como usted señala, en el juicio de extradición de la Audiencia Nacional, en 2013, se ha denegado la extradición por los mismos motivos por los que ahora se ha solicitado mi detención. Ahora el consejo de ministros cuenta con una resolución. Y espero que la tenga en cuenta cuando las autoridades helvéticas envíen los documentos y el consejo de ministros reciba el informe del ministro de Justicia.

En realidad, el Gobierno tiene la primera palabra, pero no la última. Será la Audiencia Nacional la que tendrá que resolver. Y ya está vinculada por la resolución de 2013. En esa resolución se rechaza de plano, de entrada, la existencia del principio de doble incriminación para el delito de espionaje económico, el 273 del Código Penal suizo.

En efecto. Pero querría insistir en mi responsabilidad. Yo estoy comprometido en la lucha contra la evasión fiscal. Es un tema de interés nacional de España. Y este conflicto que se está planteando ahora con la nueva solicitud de extradición me permite aclarar mi posición y mis compromisos. Los políticos tienen que tener en cuenta lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo. ¿Mis aportaciones han sido verdaderas o falsas? ¿Se pueden y deben aprovechar? ¿Se debe proteger los canales que han permitido y permiten recoger información relevante? ¿Hay que proteger a las personas que tienen una relevancia en obtener esta información económica y financiera? He sido condenado en Suiza por espionaje económico, pero en el fondo se trata de una condena política.

Porque el espionaje industrial o económico es una calificación que en el código penal suizo se sitúa en el capítulo de delitos contra el Estado helvético…

Sí, eso es. Y creo que eso va a estar claro. Por eso mi percepción es: la justicia española, que ya captó en 2013 esta situación, al rechazar la extradición, será fiel a su decisión de principios. Hay otro aspecto que me lleva a tener esa confianza. Y es que en mis contactos con la Fiscalía Anticorrupción española durante más de diez años he podido comparar con la conducta de la justicia en otros países. En Francia, el poder político ha podido frenar la investigación de evasión fiscal unos cuatro años. ¡Durante cuatro años no se nombró un juez instructor! ¡Hubo que esperar a nuevas elecciones presidenciales! Tengo, pues, experiencia con las instituciones judiciales de varios países. Aun recuerdo mis reuniones en la Fiscalía Anticorrupción con el entonces fiscal jefe Antonio Salinas y su equipo… Y,  por supuesto, no ignoro que la situación política en España es hoy diferente con estas extradiciones de dirigentes independentistas en Alemania, Reino Unido, Bélgica y Suiza...Pero no corresponde a los políticos intervenir o interferir en la cuestión judicial. Su deber es velar por los intereses nacionales.

  ¿Qué espera, por tanto, del consejo de ministros al llegar la solicitud de extradición de Suiza?

No espero del gobierno un análisis, por así decir, judicial. No es su función. Deben pronunciarse políticamente. Y, para mi, el interés nacional español pasa por rechazar lo que quieren las autoridades suizas. Y ¿qué defiende la justicia? ¿Por qué se insiste en mi entrega? ¿Para ver si hay reciprocidad ¿Reciprocidad en relación a qué? ¿Rajoy me quiere cambiar por Marta Rovira? No lo creo. Más bien pienso que el gobierno puede pensar que gracias a su abstención política da legitimidad a lo que hizo la ministra alemana de Justicia cuando declaró que no iba a intervenir en el caso de Carles Puigdemont y que quedaría exclusivamente en manos de la justicia.

Pero si uno se guía por la conducta de la Policía y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional el cuadro que sale es diferente. El teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, decidió asumir un caso que no conocía y dejar al margen a  la fiscal Dolores Delgado, quien por antecedentes debía estar presente cuando el 5 de abril pasado usted compareció ante el juez Diego de Egea. Y aun sin conocimiento del caso, Carballo pidió prisión incondicional, una solicitud que el juez desestimó.

Pero el juez De Egea no hizo caso. Recordó, según dice el auto, que precisamente hay una resolución de la Audiencia Nacional de mayo de 2013. Yo sigo en el combate. Mire, cada vez que paso por la frontera entre Francia y España, uno de los miembros de la policía de fronteras, al ver la señal de alerta relativa a mi persona, la estudia y me dice: “Vamos a ver si le dejamos entrar en España”. Y entonces el superior mira y ordena: “Nosotros no extraditamos a los ciudadanos nacionales, franceses, déjelo pasar a España, es su problema”. Siempre ocurre lo mismo. No olvide mi recorrido. He venido para luchar.,,

Según la sentencia del Tribunal Penal Federal suizo usted no tuvo en el radar a España al comienzo, en 2008, cuando empezó su campaña tras ofrecer los datos, sin éxito, a un banco de Beirut a cambio de dinero. Más bien empezó por Alemania siguió en el Reino Unido y finalmente tocó la puerta de la justicia de Francia. España no estaba en la agenda.

No es así. Esa cronología es falsa. Todo comenzó en Francia. Una semana antes de viajar a Beirut en 2008  me puse en contacto con la Policía francesa. El objetivo fue el tribunal de Nanterre de delitos financieros. Mi nacionalidad franco-italiana implicaba a la vez una protección. Ni Francia ni Italia extraditan a sus nacionales. Empiezo a trabajar, pues, sin arriesgarme a que me extraditen. Y a partir de ese momento empiezo a aportar información que afecta a todos los países.  Necesitaba una situación de máxima seguridad para poder actuar. Ahora bien, al ver que en cuatro años no había manera, según ya apuntamos, de abrir la acción judicial en Franciam me muevo en otras direcciones. Luego empecé a trabajar con el organismo de lucha antimafia en Italia. España, ¿por qué? Porque había un organismo, la Fiscalía Anticorrupción, que ofrecía esa posibilidad. Cuando empieza la actividad judicial en España, los franceses reaccionan y nombran finalmente a un juez. Mire, recuerdo que el nombramiento del juez francés tuvo lugar poco antes de la resolución de la Audiencia Nacional de mayo de 2013. Yo asumí antes riesgos en España. Pero este trabajo va sobre personas. Y fue evidente al comenzar los contactos, en 2010 y 2011, que progresaríamos.  Podía ser encarcelado.  Viajé a Barcelona en julio 2012 y, en efecto, fui detenido y encarcelado durante varios meses. Y hoy ya no estoy solo como lo estaba entonces.

Este paralelismo entre 2012 y 2018 le llevó a pensar que podía ingresar en prisión durante algún tiempo el pasado 4 y 5 de abril.

Pensé que se repetía la situación, sí.

Su situación procesal es actualmente la misma. Testigo protegido.

Sí, no ha variado. En el marco de las diligencias previas 63/2013 del juzgado central de instrucción número 5 me concedieron el status de testigo protegido…

Aparte de la perversión de la que hablábamos hay un componente surrealista. Usted es un testigo protegido de la justicia española. No es la situación de 2012.

Absolutamente. Todo es surrealista. Hemos visto al ministro de Justicia español interferir en el poder judicial usando mecanismos emocionales contra un juez, intentado conectar con el rechazo de la población. Es la vida. Como espectador, es muy interesante. Cuando oyes al ministro de Economía suizo decir que de aquí a unos años Suiza debe convertirse en una “cripto-nación”, es decir, debe estar a la vanguardia de la negociación con cripto-monedas, sobre las cuales sabemos que, tal como se desarrollan en la actualidad, no dejan rastros de origen, no hay rastros del origen del dinero. Y por eso digo que en la situación política española actual hay quien quiere o desea obtener réditos y puede pensar que mi caso puede ser utilizado.

Se refiere a Cataluña y a los efectos de la crisis en la política española.

Sí. Una mera descripción señala que al perseguir varios procesos de extradición en Europa, la situación del gobierno español es débil, o más débil. Pero esto es admitir lo que está pasando. No tengo legitimidad alguna para opinar o defender alguna posición en relación al proceso independentista. Con todo, pienso que la justicia española tiene una posición que será difícil de modificar. El 1 de julio de 2012 nada más llegar en barco a Barcelona fui detenido y recobré la libertad cinco meses y dieciséis después, el 17 de diciembre de 2012. El 4 de abril de 2018 fui detenido y el 5 de abril quedé en libertad provisional.

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