El 'House of Cards' del 1-O (1)

Carlos Lesmes utiliza la instrucción y el juicio del 1-O para seguir en el TS y el CGPJ

Entre los bastidores del teatro de la instrucción y el juicio de la causa de rebelión del referéndum del 1-O se está desarrollando una batalla de poder de más largo alcance. El presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha visto en este caso una palanca decisiva para prorrogar su mandato de cinco años, que vence el 29 de noviembre de 2018, y una movida para eliminar a su principal rival en liza, el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Ha captado Lesmes desde un principio el referéndum del 1-O como una fuente de poder para su actuación. Su posición como la “primera autoridad judicial de la Nación” (artículo 585 de la ley Orgánica del Poder Judicial) le ha permitido ejercer un protagonismo público sin límites.

¿Por qué? Sucede que su papel político y de representación -no participa en las tareas de carácter jurisdiccional de la Sala Segunda del Supremo, como la instrucción y enjuiciamiento de personas aforadas- evita que sus declaraciones públicas de militante destacado contra el independentismo provoquen, formalmente, conflicto alguno.

Lesmes se ha convertido en el proveedor de noticias de primera mano de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la marcha de la investigación del 1-O, por su acceso, en calidad de presidente del Supremo y el CGPJ, a la información.

Es que Lesmes se reúne con los presidentes de cada sala del Supremo una vez a la semana. Pero además existe otra razón: Lesmes mantiene desde hace mucho tiempo una relación estrecha con el magistrado instructor, Pablo Llarena.

Llarena, que fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entidad a la que Lesmes niega, contra evidencias en contrario, haber estado afiliado, tiene otra amistad que le vincula a Lesmes:  Mario Macías, actual brazo derecho del presidente del Supremo y CGPJ.

Macías, reservista voluntario del Ejército español, es el hombre que urdió en 2015, junto con Lesmes, el nombramiento de Jesús María Barrientos en sustitución de Miguel Ángel Gimeno en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en enero de 2016. Gimeno no era todo lo contundente con el independentismo que exigía Lesmes. Y Macías acaba de ser promovido a la Comisión Permanente del CGPJ.

Lesmes, Llarena y Macías mantienen, según fuentes consultadas por ARA, un sistema de comunicación informal constante. La instrucción del 1-O es el tema dominante de esa comunicación.

Fue Lesmes, precisamente, quien avanzó públicamente el 7 de noviembre pasado la noticia de que Llarena asumiría también la causa del 1-O que investigaba la magistrada Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, una información que ARA había apuntado una semana antes.

El presidente del Supremo y CGPJ ha desplazado, según esas fuentes, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su papel de suministrador de información al Gobierno y de mediación con jueces y magistrados. Sáenz de Santamaría tiene dos canales: Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, y Lesmes, presidente del Supremo y CGPJ.

Comparte Lesmes con el Gobierno el deseo de un enjuiciamiento rápido, casi sumario, de los imputados en la causa de rebelión del 1-O, pero aparte de las razones políticas que animan al Gobierno -la inhabilitación de los imputados vía artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal- tiene sus propios objetivos.

Apuesta por una instrucción rápida, con la menor cantidad de diligencias posible, porque su finalidad es muy clara: celebrar el juicio oral antes de finalizar 2018.

El presidente y ponente en el tribunal que juzgará la rebelión, sedición y malversación, Manuel Marchena, ya se conoce porque integró la Sala de Admisión del Supremo, y tanto él como los otros cuatro magistrados de dicha sala formarán la mayoría del tribunal.

Marchena, cuyo mandato de cinco años en la presidencia de la Sala Segunda -la Sala de lo Penal del Supremo- vencerá en aeptiembre de 2019, se perfilaba como el sucesor de Lesmes en la presidencia del Supremo y el CGPJ. Se trataba de anticipar su salida de esa sala a diciembre de 2018 y ser la próxima “primera autoridad judicial de la Nación”.

Pero los esfuerzos de Lesmes y Llarena de avanzar hacia una instrucción “relámpago” llevarán a Marchena a hacerse cargo, en el último trimestre de 2018, de la presidencia y ponencia del juicio oral del 1-O en el Tribunal Supremo, una situación que, según fuentes consultadas por ARA, lo dejará materialmente fuera de combate ante la renovación de CGPJ en noviembre de 2018. El juicio durará varios meses y la sentencia otros tantos.

Lesmes trabaja, pues, con el plan de que Marchena se ocupe del 1-O en un momento clave para la renovación del CGPJ. En otros términos, es su forma de librarse de un poderoso rival.

 Las negociaciones para renovar el CGPJ y con él a su presidente deberían comenzar en julio próximo. Pero la hipótesis de Lesmes es que si no se alcanza un acuerdo entre los partidos políticos, la prórroga estaría al alcance de la mano.

Porque Ciudadanos propone un nuevo sistema de elección de los vocales del CGPJ, al que en principio accedió el Partido Popular en el pacto de investidura de Mariano Rajoy. Según ese pacto, los doce miembros del CGPJ procedentes del sector judicial deberían ser elegidos por los propios jueces.

El partido de Albert Rivera hará de la reforma en la elección del nuevo CGPJ una propuesta “estrella” de la legislatura. Pero existen obstáculos para un acuerdo entre los partidos sobre dicha reforma.

Ya en noviembre de 2016, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley por la que Ciudadanos y PP instaban a Rajoy a iniciar negociaciones para “despolitizar a la justicia”, entre cuyas enmiendas destacaba la de reformar el régimen de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial fueran elegidos directamente por los jueces y magistrados.

La falta de acuerdo de los partidos políticos en el Parlamento llevaría a prorrogar sine die al actual CGPJ, una situación ya experimentada en el pasado.

Otra de las hipótesis que contempla Lesmes para una prórroga del actual mandato del CGPJ, según fuentes consultadas por ARA, es la de un anticipo de las elecciones generales para que se celebren conjuntamente con las municipales y autonómicas de mayo de 2019, lo que también actuaría como acicate para dejar las cosas como están en el citado Consejo.

La instrucción rápida de la causa del 1-O, por tanto, se inscribe en una trastienda de lucha de poder donde cada una de los protagonistas tiene sus propias aspiraciones y cabalgan a horcajadas de la rebelión catalana para consumar sus propios planes.

   

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