El aval a Puigdemont para el 26M hace aflorar la división judicial

MadridAparte de ser prácticamente insólito, conceder una victoria judicial a un actor del campo independentista ha comportado una lluvia de reproches cruzados entre tribunales españoles. Este lunes tres jueces del contencioso administrativo de Madrid —el 2, el 9 y el 21— avalaron la concurrencia de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí a las elecciones europeas, pero dos de ellos no ahorraron reproches al Tribunal Supremo, que el día antes les había devuelto la pelota señalándoles, sin embargo, cuál tenía que ser el sentido de su decisión. “En relación con, quizás, la cuestión más polémica del asunto, este órgano judicial no puede entrar a decidir, dado que ya ha decidido el Supremo”, dejó caer Tomás Cobo —del juzgado 9— en su sentencia. La última palabra, sin embargo, la tendrá el Tribunal Constitucional (TC), que antes del jueves a medianoche deberá responder al recurso de amparo que presentará el PP, según anunció Pablo Casado.

El periplo de la candidatura Lliures per Europa (Junts) se remonta a hace una semana, cuando una Junta Electoral Central (JEC) dividida estimó los recursos de Ciudadanos y el PP que pedían la exclusión de Puigdemont, Comín y Ponsatí de la lista. Una decisión controvertida por varias razones: por una parte, porque otras personas declaradas en rebeldía por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena, como Lluís Puig, se pudieron presentar sin problema al Senado, y la misma Ponsatí cierra la lista de Jordi Graupera para el Ayuntamiento de Barcelona sin objeciones. Por otra parte, porque la resolución ya contó con un voto particular del presidente, el vicepresidente y dos vocales de la JEC.

Después de tres recursos presentados por el equipo jurídico de JxCat, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó un escrito en el que aseguraba que la JEC vulneraba los derechos de los tres políticos exiliados al impedirles participar en las elecciones. Al día siguiente, el juzgado contencioso administrativo número 2 trasladó la responsabilidad al Supremo. Ya fuera de plazo, el presidente de la sala tercera del alto tribunal convocó de urgencia el domingo a cuatro magistrados de la sección cuarta —quedaron fuera dos que son miembros de la JEC, uno de ellos el presidente, partidario de permitir la candidatura de los exiliados— para posicionarse. La deliberación acabó con un criterio extraordinario: “Deben devolverse las actuaciones con carácter urgente al juzgado contencioso administrativo para que adopte inmediatamente la resolución sobre el fondo, de acuerdo con lo que se expone a continuación”. Y adelantaba que había que preservar el derecho a sufragio pasivo de los implicados.

No solo el juez Cobo destacó este hecho en su sentencia —en la cual asume que la “libertad de actuación” no es posible porque prevalece la instancia de rango superior—, sino que la titular del juzgado número 2, Cristina Pacheco, desafía al Supremo. “La decisión no puede estar condicionada por la indicación que se ajuste al criterio que manifiesta el auto [del Supremo]. Esta sentencia obedece, claro, al criterio exclusivo de quien la dicta”, subraya.

“No puede quedar impune”

En cualquier caso, todos ellos adoptan el mismo criterio: los afectados son elegibles porque no hay ninguna sentencia firme por delitos como rebelión o terrorismo que lo impida. Descontento con la resolución, el PP presentará recurso al TC porque “la democracia española no merece este escarnio de ver cómo personas reclamadas por la justicia quieren trasladar a Europa la posverdad falsa que en España no se respetan las libertades”, en palabras de Pablo Casado. Ciudadanos, por su parte, todavía estudia si recurrirá. Quien también tiene previsto continuar con más acciones legales es el mismo Carles Puigdemont. En este caso, sin embargo, contra la JEC, porque han perjudicado su candidatura y “esto no puede quedar impune”, expresó. “Es necesario sacar las vergüenzas y apuntar a la gente que hace una muy mala praxis”, señaló, a pesar de celebrar una inusual victoria judicial.