Juan Carlos I y la imagen de la monarquía
BarcelonaEl abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, ha informado este miércoles que el rey emérito ha presentado en la Agencia Tributaria una declaración voluntaria por valor de 678.393,72 euros para regularizar su situación. Con este dinero, el anterior jefe de estado intenta saldar su deuda con Hacienda en cuanto al uso de tarjetas de crédito opacas, que usaron él, su esposa y algunos nietos, entre 2016 y 2018, cuando ya no disfrutaba de inviolabilidad. Este pago supone la admisión de un fraude a las arcas públicas y el intento de frenar la investigación penal en marcha por posible delito fiscal. Con este paso, Juan Carlos I vuelve a castigar la imagen de la monarquía española, y esto se suma al hecho, ya de por sí escandaloso, de haber abandonado España para instalarse en los Emiratos Árabes. Ayer también fue un mal día para los firmantes del manifiesto de apoyo al emérito.
El pago efectuado a Hacienda no incluye, sin embargo, los fondos opacos en el extranjero que también investiga el Tribunal Supremo y, sobre todo, el fiscal suizo Yves Bertossa. Esta es la parte principal que queda por resolver y que determinará el alcance del fraude fiscal. Recordamos que lo que se investiga es una supuesta comisión por el AVE a la Meca que el ministerio de Finanzas de Arabia Saudí habría pagado a Juan Carlos I a través de un banco suizo, un dinero que después el exmonarca transfirió a su amante, Corinna Larsen, para intentar desvincularse de unos fondos de los cuales también era beneficiario su hijo y actual rey, Felipe VI. Y este dinero también sería solo una parte de una supuesta fortuna en el extranjero que el New York Times cuantificó el 2014 en 1.800 millones de dólares.
Felipe VI ya renunció en su día a este dinero y a cualquier herencia de su padre, en un intento de poner un cortafuegos con la actuación de Juan Carlos I. Es inevitable, sin embargo, que la institución en sí misma quede tocada, por diferentes motivos. En primer lugar, porque la ciudadanía no entiende por qué la justicia española no puede investigar los movimientos financieros del rey durante su reinado, haciendo una lectura de la inviolabilidad que le otorga la Constitución que la convierte de facto en un pasaporte a la impunidad. Y en segundo lugar, porque lo peor que le podría pasar a la democracia española es que sea un tercer país, en este caso Suiza, quien acabe sacando todos los trapos sucios y procesando, aunque sea en ausencia, a su ex jefe de estado.
Si como dijo ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "la ley es igual para todo el mundo", lo tendría que ser a todos los efectos. De momento, este precepto no está funcionando y los investigadores han encontrado un muro infranqueable en la inviolabilidad. Por eso todavía resulta más indignante que, incluso después de abdicar, Juan Carlos I se dedicara a evitar el pago de impuestos en un fraude que ahora reconoce abiertamente y que en España todavía no ha significado la apertura de una causa por delito fiscal. La monarquía, que ya de por sí es una institución cuestionada, solo puede funcionar si es ejemplar y si sus miembros observan una exquisita neutralidad política. Y en el caso español no ha pasado ni una cosa ni la otra.
