Juan Carlos I conoció las actuaciones judiciales desde dentro sin necesidad de personarse

La Fiscalía del Supremo se pronunciará sobre la regularización sin prisas

Ernesto Ekaizer
3 min
De Botswana  al paradís fiscal:  el declivi de Joan Carles I

MadridEl rey emérito Juan Carlos I ha tenido información puntual y en detalle de las actuaciones judiciales sobre su fortuna tanto en Suiza como en Madrid desde prácticamente el comienzo de las actuaciones de la justicia helvética y española, según fuentes judiciales consultadas por el ARA. Sus fuentes principales han sido su abogado suizo, Dante Canonica, imputado en el procedimiento abierto en julio de 2018 (diligencias por blanqueo de capitales), y más tarde ha tenido información puntual a través de su exayudante de campo y testaferro, el coronel del ejército del aire, Nicolás Murga Mendoza, y el empresario mexicano con base en Londres, proveedor de fondos, Allen Sanginés-Krauze.

En Suiza, el abogado Dante Canonica, secretario del consejo de administración de la fundación panameña Lucum -que ingresó el 8 de agosto de 2008 los 100 millones de dólares transferidos por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí- fue interrogado por el primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, sobre sus contactos actuales con Juan Carlos I. Canonica está imputado. Fue en una audiencia celebrada el 13 de junio de 2019. A preguntas de Bertossa, Canonica señala: "Tengo todavía algunos contactos por teléfono con Juan Carlos I. Se trata de breves contactos. No conozco su situación médica actual. No me ha preguntado si tiene que venir a Ginebra a prestar declaración". En abril de 2019, tras recibir un primer informe del Seplac -unidad de inteligencia financiera española- la Fiscalía Anticorrupción citó al coronel Murga Mendoza a prestar declaración en calidad de imputado. Y hacia septiembre de 2020, según información confirmada por el ARA, la Fiscalía Anticorrupción, también con informe del Seplac, tomó declaración a Sanginés-Krauze, con un cuestionario escrito que fue enviado al extranjero. Por tanto, Juan Carlos I tenía acceso directo a información tan puntual como precisa desde dentro de los procedimientos.

El rey emérito anunció la contratación del abogado Javier Sánchez-Junco, en una acción coordinada con el Palacio de la Zarzuela, el 15 de marzo de 2020. Ese día, tras la declaración el día anterior del estado de alarma por el coronavirus, el rey Felipe VI, hizo una comparecencia en la que renunció a la herencia de Juan Carlos I y canceló su asignación anual (194.232 euros). El pasado 3 de agosto, al marchar el rey emérito a Emiratos Arabes Unidos (EAU), Sánchez-Junco anunció que "Su Majestad el Rey Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno". La Fiscalía del Supremo envió comunicaciones a la defensa de Juan Carlos I por si consideraba oportuno personarse en las diligencias de investigación sobre el Ave La Meca-Medina. Y también más tarde. Pero con independencia de si finalmente se ha personado formalmente o no, lo cierto es que la defensa del rey emérito conoció el contenido desde dentro de las causas.

La Fiscalia

La Fiscalía del Supremo no se pronunciará sobre la regularización de forma aislada, lo que implica que puede tardar algunos meses, según fuentes jurídicas. La regularización se puede hacer por donaciones ante Tributos de la Comunidad de Madrid o por IRPF ante Hacienda. No está claro cuál es la vía elegida, pero la cantidad que pretende abonar, 678.393,72 euros, según señalan técnicos de hacienda del sindicato Gestha al ARA, encaja con una cantidad recibida de su amigo mexicano de alrededor de 800.000 euros. Si el emérito opta por esta alternativa cobran mayor relevancia, si cabe, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 10 de diciembre al defender al emérito: "No todos somos iguales ante la ley". Porque es el mensaje a Tributos de la Comunidad de Madrid.

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