Carmen Lamela marca territorio

PeriodistaCarmen Lamela (1961), la magistrada que ha asumido, como parte de su propia investigación previa de sedición por los hechos del 20 de septiembre en la consejería de Economía de la Generalitat, la querella de la Fiscalía General del Estado por el delito de rebelión contra Carles Puigdemont y los 13 consejeros del Gobierno de la Generalitat, mostró el pasado martes hasta que punto se sitúa en la “vanguardia” de este procedimiento de rebelión.

La Fiscalía exigía una fianza por responsabilidad civiles tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional. El magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena, se limitó a citar a los investigados, sin pronunciarse sobre la fianza.

Pero a diferencia de Llarena, en lugar de esperar a la comparecencia de los investigados -hoy y mañana viernes-, Lamela ha fijado en su auto de admisión a trámite una fianza de 6,2 millones de euros a Puigdemont y a los trece ex consejeros para el pago de las responsabilidades civiles caso de ser condenados por rebelión/sedición y malversación de fondos públicos. Esa cantidad debe ser afianzada en tres días, caso contrario empezarán los embargos de bienes.

Este comienzo indica el ánimo con que la magistrada aborda la declaración de los investigados. No ha esperado, pues, a la declaración de los mismos. Da la impresión de que su conocimiento de la causa del 20 de septiembre, que se ampliará en fecha próxima a la jornada del referéndum del 1 de octubre, le ha dado la seguridad para adoptar medidas sin pérdida de tiempo.

La magistrada, que ha enviado a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart a prisión, está convencida de que existen “factores para adoptar medidas cautelares de carácter real” (fianza). Hoy nos dirá que piensa de las medidas cautelares de “arácter personal” (prisión).