Las fiscalías coordinan la investigación sobre los 100 millones de dólares transferidos a Juan Carlos I

PeriodistaLa investigación sobre la transferencia de 100 millones de dólares realizada por el Ministerio de Finanzas saudí el 8 de abril de 2008 a la cuenta de una fundación panameña cuyo beneficiario último era el rey Juan Carlos I en el banco ginebrino Mirabaud & Cie será canalizada en España a través de la Fiscalía Anticorrupción. Dicha fiscalía es la que ha intercambiado comisiones rogatorias con la Fiscalía de Ginebra por una razón: es la que investiga las presuntas comisiones pagadas en el contrato de 7.000 millones de dólares de la construcción del tren AVE a La Meca, adjudicado en 2011.

La relación con el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, comenzó por la visita del juez Manuel García-Castellón a Ginebra - de la cual ha informado ARA- en la primera semana de agosto de 2019 para conocer el alcance de la investigación helvética. Bertossa había interrogado a Corrinna zu Sain Wittgenstein a raíz de una transferencia de 65 millones de euros de la citada cuenta de la fundación panameña en 2012.

El interés del fiscal de Ginebra por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional era la colección de audios que se incautaron al socio del expolicía José Manuel Villarejo, el abogado Rafael Redondo Rodríguez, en 2017. Redondo Rodríguez es un hombre clave en el “gabinete” de Villarejo. Fue el encargado de recibir el 13 de diciembre de 2012 - durante la llamada Operación Cataluña contra el independentismo catalán- a María Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident Jordi Pujol, en la madrileña estación de Atocha.

Fue él quien acompañó a Vicky Álvarez en coche a la Comisaría General de Información, en el barrio madrileño de Canillas para prestar la denuncia contra su exnovio para abrir una investigación sobre sus actividades. Redondo estuvo presente, incluso, en el interrogatorio, según declaró Álvarez más tarde. De dicha comparecencia salió un atestado policial que fue presentado por la Policía ante el juzgado número 5 de la de la Audiencia Nacional a cargo de Pablo Ruz, quien se inhibe a favor de un juzgado de Plaza de Castilla no sin antes puntualizar en su auto la operación que se estaba montando. "Los datos resultan manifiestamente insuficientes e inconcretos para iniciar una mínima investigación criminal", señalaba.

Los audios hallados por la policía en 2017 en el domicilio de Redondo Rodríguez, que contienen conversaciones entre Villarejo y la examante del rey Juan Carlos I, Corinna zu Sain Wittgenstein, permitieron abrir una pieza para investigar el alcance delictivo de algunas de sus afirmaciones. Al mismo tiempo, al filtrarse en España dichos audios, llaman la atención del fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, quien comienza a indagar. En septiembre de 2018, la Fiscalía Anticorrupción aprecia que estos indicios son “extremadamente débiles” y solicita el archivo. El magistrado a cargo de los audios, Diego de Egea, archiva las diligencias tras señalar también que la figura del rey es “inviolable”.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción abre dirigencias, sin judicializar, sobre un capítulo relacionado con afirmaciones de Corinna en uno de los audios sobre una comisión pagada en la adjudicación del contrato del proyecto de construcción del tren AVE a La Meca, en Arabia Saudí.

El fiscal Luis Pastor es destacado por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, para hacer el seguimiento de esas presuntas comisiones. Pastor contacta con los representantes de Corinna y se pacta su declaración por videoconferencia desde Londres. El fiscal continúa sus indagaciones. Por su parte, el fiscal Bertossa tras la visita de García-Castellón el pasado verano, solicita por comisión rogatoria los audios que le son remitidos desde España.

El fiscal de Ginebra investiga el posible delito agravado de blanqueo de capitales sobre la base de un delito antecedente de comisiones presuntamente ilegales pagadas durante los años de gestión del concurso del Ave a La Meca.

Tras recibir los audios, Bertossa, tiene interés en los datos que pueda haber reunido el fiscal Luis Pastor sobre las comisiones del AVE. Viaja en octubre pasado a Madrid y envía, después de mantener de asistir a una reunión en la Fiscalía Anticorrupción, una comisión rogatoria dirigida a esa Fiscalía, que le remite los datos. A su vez se dirige desde Madrid comisión rogatoria a Suiza en la que se solicita datos de la investigación en Suiza, donde Bertossa ha practicado entradas y registros.

El otro punto de la investigación en Suiza es la transferencia de 65 millones de euros -el 8 de agosto de 2008- de la cuenta de la fundación panameña Lucum a una cuenta bancaria en la filial de otro banco suizo en Islas Bahamas de la cual es beneficiaria Corinna. Una transferencia ordenada en 2012 por el rey Juan Carlos I, que el abogado de Corinna califica “como un un regalo no solicitado del Rey emérito, quien lo describió como una donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado”. Bertossa, según fuentes jurídicas en Ginebra, ya ha ordenado enviar a la Fiscalía Anticorrupción los principales hallazgos de sus investigadores.

Otro aspecto de este affaire es la denuncia que los letrados de Corinna amenazan con presentar en Londres contra los servicios de seguridad de España por presuntas amenazas, coacciones y robos dirigidos a persuadir a la examante del rey sobre la necesidad de guardar silencio sobre lo que conoce. Según hicieron público, se presentará en la High Court of Justice (Alto Tribunal de Justicia).

El expolicía Villarejo ha aportado a la defensa de Corinna un affidavit, declaración jurada, para presentar en el tribunal en el que afirma: “Solo puedo decir que hay unos 120 agentes a cargo de las acciones que se refieren a los llamados incidentes con la monarquía. Corinna estaba totalmente controlada, totalmente monitorizada por un equipo del Centro Nacional de Inteligencia”.

En este capítulo también hay que anotar el juicio que se verá el 23 de marzo en el juzgado de lo Penal 48 en la querella por calumnias que presentó el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, contra Villarejo, por afirmar que había amenazado de muerte a Corinna y sus hijos en un encuentro celebrado en Londres en 2012, precisamente el año en que el rey Juan Carlos I transfirió los 65 millones de euros a su amiga.