La sentencia del Tribunal Supremo ( ARA, 17 de marzo de 2016) sobre qué administración tiene la competencia de distribuir los fondos del 0,7% del IRPF que los contribuyentes pueden decidir dedicar a fines sociales, como alternativa o complemento a destinarlos a la Iglesia católica o al Estado, ha cambiado una trayectoria de trece sentencias del mismo Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Atendiendo a la nueva regulación estatal, el Tribunal Supremo da la razón al Estado -y se la quita a la Generalidad de Cataluña- en su pretensión de ser el responsable de distribuir estos fondos y de hacerlo según su criterio, que quiere privilegiar las actividades asistenciales de ámbito estatal. Una breve reflexión sobre el 0,7% permite identificar los grandes conflictos entre Cataluña y el Estado español.

Primero, un asunto de competencias y de legitimidades. Allí donde la Constitución Española dejaba claro que la competencia era exclusivamente autonómica, el Estado no ha hecho caso de ninguna sentencia contraria y no se ha sentido satisfecho hasta cambiar la ley que fijaba las finalidades, el alcance y las competencias de distribución de los fondos del 0,7% "social". La Constitución no nos protege lo suficiente. Cuando nos protege, el Estado no para hasta que nos deja de proteger. El Estado reinterpreta la Constitución hasta rehacerla a su medida. Tenemos al Estado en contra y la voluntad centralizadora es una pulsión que todo lo domina. La diferencia de Cataluña respecto a otras comunidades autónomas es que tenemos proyecto propio alternativo y podemos llenar de contenido las competencias exclusivamente autonómicas.

Tenemos al Estado en contra y la voluntad centralizadora es una pulsión que todo lo domina

Segundo, un asunto de filosofía política. No es sólo afán centralizador. Es un afán estatista. Si no hay duda sobre quién es la Iglesia católica, y el dinero que el Estado recauda del 0,7% por este concepto va a un NIF bien definido, ¿por qué no hacer lo mismo con el 0,7% destinado a fines sociales o equivalentes, y enviarlo a la entidad y NIF que el contribuyente designe? Esto lo hacen países de nuestro entorno europeo, y sería lo más razonable. Empoderaría a los ciudadanos, y empoderaría a las entidades que se esfuerzan por ayudar a los más desfavorecidos.

La redistribución de recursos públicos sigue considerando a Cataluña como una comunidad rica cuando tiene problemas de pobreza como la que más

Tercero, un asunto de equidad territorial. El Estado recaudó en 2014 54,4 millones de euros en Cataluña por este concepto y repartió 30,8. De entrada la discrepancia entre aportaciones y retorno sorprende. Es una medida rápida de la brutalidad del déficit fiscal entre Cataluña y el Estado, que sólo nos devuelve el 56,6% de lo que aportamos. Si el Estado asumiera que recauda según la renta per cápita de los contribuyentes y reparte según la población, estas cifras presupondrían que la renta per cápita de los catalanes sería superior en un 77% a la media española. Pero los datos del INE para 2014 señalan que el PIB per cápita catalán (no hay datos de renta per cápita regional) sólo es un 19% superior a la media estatal. Corregido por paridad de poder adquisitivo la diferencia se reduce al 10%. Como siempre ocurre, el déficit fiscal catalán supera en mucho lo que sería justificable por cualquier mecanismo solidario basado en pagar por renta y recibir por población. Profundicemos un poco más. ¿Está bien distribuir por población lo que se debería distribuir por comunidad autónoma, como reclama la Generalitat? Lo que se recauda en Cataluña es lo que los ciudadanos catalanes quieren destinar suplementariamente a fines sociales en Cataluña. ¿La asistencia social no es precisamente uno de los ámbitos donde el principio de subsidiariedad (hacer, siempre que sea posible, las políticas desde el nivel administrativo más cercano a los ciudadanos) es más válido?

Cuarto, un asunto de supervivencia. La Comisión Europea acaba de publicar un índice de progreso social, basado en la media de los años 2011-2013. Según este índice, las necesidades básicas, que son las que miden la cobertura básica en sanidad, vivienda, higiene y seguridad pública, estaban cubiertas en Cataluña peor que en cualquier otra comunidad autónoma del Estado, excepto Canarias. Cataluña se ha empobrecido y el Estado no lo quiere reconocer. La redistribución de recursos públicos nos sigue considerando como una comunidad rica cuando sufrimos problemas de bienestar y pobreza como el que más. Esto ya lo detectan las estimaciones de redistribución de recursos públicos. El 0,7% lo radiografía simplificadamente: sólo recuperamos el 56,6% de lo que aportamos. Es un porcentaje que el Estado aplica con toda naturalidad, pero que impide progresar a los ciudadanos de Cataluña.