Enviada especial a Santiago de ChileLos obispos catalanes hicieron público un comunicado el pasado 12 de febrero en el que pedían perdón a las víctimas de abusos sexuales, anunciaban la adopción de "rigurosas medidas de prevención" para evitar nuevos casos y se comprometían a informar a la fiscalía de los casos de abusos sexuales en la Iglesia de los que tuvieran constancia, además de animar a las víctimas a denunciar ante un tribunal civil.
Esta canción resulta familiar al otro lado del Atlántico, en Chile, donde la justicia civil ha abierto hasta un centenar de causas penales por presuntos casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia, y donde el escándalo generado por esta avalancha de denuncias llevó al papa Francisco a convocar una cumbre sin precedentes sobre abusos a menores por parte del clero, que precisamente se celebra en el Vaticano a partir de mañana.
En 2011 los obispos de Chile, al igual que ahora los de Cataluña, ya se hicieron cruces por los abusos sexuales, también crearon un consejo nacional de prevención para evitar nuevos casos, e incluso aprobaron un protocolo según el cual la Iglesia ayudaría a las víctimas a presentar denuncias por estos hechos ante los tribunales civiles, y no sólo ante la justicia canónica. Sin embargo, después de casi ocho años, las víctimas y el fiscal que se encarga de las causas abiertas consideran que todo esto ha sido una simple pantomima. Y que también será una pura comedia la cumbre histórica que comienza mañana en el Vaticano.
Trabas a la justicia civil
El fiscal Emiliano Arias, que se encarga de resolver el rompecabezas de abusos en el seno de la Iglesia chilena, asegura que los clérigos sólo le han puesto palos en las ruedas en su investigación. De hecho, el año pasado se vio obligado a practicar diversos registros en las dependencias de hasta dos arzobispados, cinco obispados y otras sedes religiosas chilenas para requisar todo tipo de documentación porque, según explica, los responsables clericales le daban largas para entregarle pruebas sobre abusos sexuales.
El portavoz de la Conferencia Episcopal en Chile, Jaime Coiro, aclara al ARA que los clérigos nunca dieron largas a la fiscalía, sino que ésta se precipitó en intervenir antes de que las instituciones religiosas tuvieran tiempo de preparar la documentación que se les había sido requerida. "En otros casos nosotros mismos invitamos al fiscal a registrar nuestras dependencias", afirma el portavoz para justificar la irrupción de los agentes judiciales. "O vinieron a buscar alguna prueba complementaria que inicialmente no nos había sido solicitada", añade
El fiscal Arias, sin embargo, pone ejemplos concretos que demuestran todo lo contrario. "En la diócesis de Valparaíso [a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile] justificaban que no nos podían dar la documentación sobre las investigaciones canónicas que habían realizado porque se la habían entregado al Vaticano. Durante el registro nos la encontramos escondida en una caja que estaba en el falso techo", relata el fiscal.
Arias también aclara que su investigación "no es ninguna caza de brujas". "Si se tratara de un homicidio, ¿alguien aceptaría que la Iglesia se negara a entregar a los tribunales las pruebas que tuviera contra uno de sus miembros, justificando que quiere hacer un juicio canónico? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que ocurre con los abusos sexuales a menores", asegura el fiscal, que tiene la hipótesis de que existe una verdadera trama de encubrimiento de abusos sexuales dentro de la Iglesia. O sea, que los responsables eclesiásticos -incluyendo algunos obispos- conocían los hechos y simplemente miraron hacia otro lado.
Prescripción del delito
De hecho, el derecho canónico establece que, ante una denuncia, el obispo es quien debe abrir una investigación en su diócesis. Arias detalla que, durante los registros practicados el año pasado, encontró una denuncia canónica tramitada en 2010 por abusos sexuales a un menor de 14 años cometidos en 2005. A pesar de eso, el obispado no había hecho absolutamente nada al respecto, dejando pasar el valioso tiempo que podía evitar la prescripción del delito. En Chile el delito de abusos sexuales a menores prescribe a los diez años, al igual que en España, donde el tiempo, sin embargo, empieza a correr a partir de que la víctima cumple 18 años.
Precisamente por eso José Andrés Murillo, que se ha convertido en uno de los portavoces de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en Chile -él mismo los sufrió- cree que la cumbre de los próximos días en el Vaticano será inútil. En el encuentro, que se celebra a puerta cerrada, participarán 114 responsables de conferencias episcopales, que actuarán como representantes de las diócesis de sus respectivos países. "Si se sabe que unos políticos son corruptos, es absurdo convocar a esos mismos políticos para resolver el problema de la corrupción", pone como ejemplo Murillo, dando a entender que eso es lo que inexplicablemente hará el Papa para abordar el problema de la pederastia en la Iglesia con la cumbre que empieza mañana.
"Si fuera tan simple como que en la Iglesia hay un millar de pervertidos, sería fácil de solucionar. Se les echa y problema resuelto, pero no es tan sencillo", insiste en este mismo sentido Paul Endre, otra víctima de abusos sexuales, cuyo caso también está en manos de la fiscalía chilena.
Helmut Kramer, que también ha denunciado su caso ante los tribunales chilenos, reclama que la Iglesia compense a las víctimas y que el estado cree una comisión de investigación de la verdad para investigar qué pasó exactamente en el seno de la Iglesia en Chile. Él sufrió abusos cuando tenía 13 años, pero no lo denunció hasta el año pasado, con 48. "Por cada denunciante de abusos en la Iglesia hay 25 víctimas más que callan", asegura Kramer. O que simplemente no quieren recordar. "Inicialmente no tenía claro si aquel sacerdote me había llegado a penetrar o no", admite. Su memoria lo había borrado como flotador de supervivencia.
