Lesmes no renovó el seguro que cubría la responsabilidad civil de los jueces

Justicia trata de contentarlo con una promesa de personación condicionada en el caso Llarena
 

La demanda civil belga de los procesados independentistas contra el magistrado Pablo Llarena es una caja de Pandora. Según ha sabido ARA, fue el propio Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien promovió la anulación del seguro por responsabilidades civiles que tenían jueces y magistrados. Y por otro lado, el Ministerio de Justicia, bajo presión –según fuentes judiciales– de Lesmes, anunció ayer que se personará en la causa civil "si la autoridad belga menciona hechos o datos de la causa abierta en España" contra Carles Puigdemont y cuatro exconsellers a través de un abogado privado. Justicia dice que no defenderá declaraciones de Llarena que son de su responsabilidad como particular. La vista en Gante está prevista para el próximo 4 de septiembre.

La Comisión Permanente del CGPJ, según información obtenida por ARA, presidida por Carlos Lesmes, adoptó el 5 de noviembre de 2014 el acuerdo de no renovar la póliza de seguro de responsabilidad civil de los jueces que vencía el 31 de diciembre de 2014. Seis vocales expresaron su discrepancia y solicitaron que el asunto se debatiera en el pleno del CGPJ. El rodillo de Lesmes lo impidió.

El asunto cobra actualidad a propósito de los gastos que se solicita que costee el Estado para la defensa de Pablo Llarena en el pleito civil planteado en Gante (Bélgica) por varios independentistas procesados. Ayer, según apuntábamos, el Ministerio de Justicia anunció, tentativamente, la posibilidad de personación a través de abogado privado. Pero, al informar de su decisión, lo hizo con tal torpeza que corrigió inmediatamente su comunicación.

En el primero, señalaba que "la demanda presentada en Bélgica incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra".

Pero, a continuación, Justicia rectificaba así: "La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar porque supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".

Es decir, el Ministerio de Justicia quitaba el párrafo que justificaba, aunque sea parcialmente, los argumentos de la demanda belga, que cita esas manifestaciones de Llarena en la ciudad de Oviedo. La ministra Dolores Delgado, según fuentes judiciales, se ha visto inundada de llamadas a raíz de este asunto.

En efecto, la demanda civil cita esas declaraciones hechas por Llarena fuera del procedimiento. Pero en el relato de hechos expone ampliamente sus decisiones de carácter jurisdiccionales expresadas en diferentes autos de la sala segunda del Tribunal Supremo.

Crisis en el CGPJ

Nadie ha hecho más, señalan fuentes judiciales, para proyectar políticamente la demanda belga que Lesmes –el presidente del CGPJ y del Supremo escribió el 10 de julio una carta a los ministros Josep Borrell y Fernando Grande-Marlaska solicitando su intervención– y Llarena con su solicitud tardía de amparo, pues, en lugar de presentarla a los diez días, lo hizo casi sesenta días después de tomar conocimiento de la causa. 

Esa solicitud ha provocado una crisis en el CGPJ con la oposición de la vocal de la comisión permanente Concha Sáez al amparo y la denuncia del vocal Enrique Lucas de la pretensión de Lesmes de interferir en la independencia de la justicia belga.

Paradójicamente, ha sido el mismo Lesmes quien anuló la póliza que cubría las responsabilidades civiles de los jueces y magistrados a partir de 2010. Según señala el acuerdo adoptado en el pleno del 5 de noviembre de 2014, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil para los jueces y magistrados fue adoptado por un pleno del anterior CGPJ, de fecha 25 de febrero de 2010. La póliza vencía el 31 de diciembre de 2014.

La comisión permanente presidida por Lesmes invocó al Tribunal de Cuentas para proceder a su no renovación. "Con fecha 24 de julio de 2014, el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el informe de fiscalización del CGPJ correspondiente a 2010, poniendo de manifiesto con relación al expediente tramitado para la contratación de la póliza colectiva colectiva de seguro de responsabilidad civil de la carrera judicial, que podía entrar en conflicto con el principio de responsabilidad de los jueces y magistrados, consagrado con rango constitucional en el artículo 117,1 de la Constitución".

El acuerdo cita a continuación al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón María Álvarez de Miranda, quien en una comparecencia ante la comisión mixta Congreso-Senado, el 28 de octubre de 2014, señaló: "En muchas ocasiones hemos manifestado que pretender contratar seguros para hacer frente a responsabilidades civiles en el ámbito de la gestión que se desempeña es un exceso que efectivamente no está justificado y el tribunal nunca los ha aceptado donde hayan producido, en el Banco de España, en el Fondo de Garantía de Depósitos, en RTVE… o en cualquier otro sitio". 

El acuerdo impulsado por Lesmes, por tanto, señalaba:  "El CGPJ, en el ámbito de la lealtad institucional y del respeto a las competencias del resto de los órganos constitucionales del Estado, no puede sino cumplimentar las recomendaciones recogidas en el informe del Tribunal de Cuentas y entre ellas la atinente a la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil para jueces y magistrados. El presente acuerdo deberá comunicarse a la carrera judicial".

Oposición de seis vocales

Seis vocales (Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez, María Victoria Cinto, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda) presentaron alegaciones contra el acuerdo de la comisión permanente que resolvía no renovar la póliza y solicitaban que el tema fuera debatido en un pleno, habida cuenta de que, precisamente, había sido un pleno, el de 25 de febrero de 2010, el que la había acordado.

El 11 de noviembre de 2014, la Comisión Permanente resolvía que no era un asunto para el pleno. El acuerdo adoptado tomaba conocimiento de las alegaciones y decidía "poner en su conocimiento [de cada uno de los seis vocales discrepantes] que no procede su remisión al pleno, al no incardinarse la contratación entre las materias que, de modo tasado, menciona el artículo 599 de la ley orgánica del Poder Judicial como competencia exclusiva del pleno".

El resultado: los jueces y magistrados procedieron a hacerse sus seguros individuales. Y ¿Pablo Llarena? Según la dramatización-victimización que Lesmes y Llarena han hecho a raíz de la demanda civil presentada por procesados independentistas en Gante se trata de que el Estado asuma la defensa "política" y los gastos, más allá de que el magistrado que instruyó la causa de rebelión tenga o no seguro. 

Lesmes y Llarena quieren convertir la demanda civil en un caso del estado español versus los independentistas catalanes.  Y el ministerio de Justicia ha dado muestra de sus vacilaciones.

Lesmes, por otra parte, es el presidente de la sala del 61, que a primeros de septiembre tendrá que resolver al frente de 15 magistrados sobre la recusación presentada por las defensas de los procesados contra cinco miembros del futuro tribunal de enjuiciamiento.

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