Lesmes salva de una sanción al juez que atacó el estado de alarma con una censura "cordial"

MadridEl presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, salvó de una sanción disciplinaria al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, a cambio de enviarle una carta “privada” de censura por sus críticas al estado de alarma.

Concepción calificó en varias entrevistas periodísticas el estado de alarma vigente como “la política derivada de un Gobierno que está utilizando esta paralización del país para fines distintos que salvar a la población de la crisis del coronavirus” y señaló que si se contabilizan los casos sospechosos de haber fallecido por coronavirus en Castilla y León el aumento del número de muertos no es del 18% sino que es del 107%, 3.672 en lugar de 1.770, “el doble de muertos que las cifras oficiales”. El magistrado solicitó certificaciones de fallecimientos después de que, según ha explicado, desde los registros civiles se trasladara a los jueces las dificultades que tenían de tramitar las certificaciones de defunciones y porque no cuadraba la actividad con las cifras oficiales. El magistrado también ha expresado su preocupación por la crisis económica derivada de la paralización de actividades.

Tres vocales de la Comisión Permanente del CGPJ encuadrados como el sector progresista – que, empero, se alinea casi siempre con el presidente Lesmes, como ha sido el caso de la reciente censura del vicepresidente Pablo Iglesias- plantearon, según información confirmada por ARA, que las opiniones del presidente del TSJCyL han vulnerado claramente el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual a los jueces y magistrados “les estará prohibido dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos”.

Por ello, los vocales Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Álvaro Cuesta, propusieron enviar su caso al Promotor de la Acción Disciplinaria a fin de que abriera un expediente.

Dos vocales conservadores, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, los llamados Juanes, se opusieron.

Lesmes y el vocal conservador José Antonio Ballestero, se inclinaron por una carta de crítica de carácter privado, posición intermedia para evitar una posible sanción -la vulneración del 395 de sus declaraciones carece de atenuantes- por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria.

Finalmente, la iniciativa de la carta salió adelante, aunque los vocales que proponían acudir al Promotor de la Acción Disciplinaria anunciaron un voto particular.

La posición de los vocales llamados progresistas no ha sido extraña. Dos de ellos -Sepúlveda y Cuesta- apoyaron a Lesmes en el comunicado de la Comisión Permanente, el pasado 23 de abril, en el que se vertía una dura crítica a las declaraciones de Iglesias en las que censuraba la sentencia condenatoria de Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid- y no podían, pues, permanecer callados ante el ataque del magistrado Concepción al gobierno.

En las 53 paginas que describen los acuerdos de la Comisión Permanente celebrada el pasado jueves, día 14 de mayo, no se encuentra ninguno referido al magistrado Concepción.

La carta de Lesmes, de contenido más bien personal o privado, trascendió inmediatamente, quizá, según fuentes judiciales, en lo que ha sido un guiño astuto de Lesmes a la vicepresidenta Carmen Calvo, con quien mantiene una relación de entendimiento.

El presidente, pues, recuerda a Concepción el artículo 395 de la LOPJ “en la seguridad de que compartirás con nosotros la necesidad de ser especialmente rigurosos en la aplicación de estos criterios de moderación y mesura que refuerzan en todo caso el principio de independencia judicial, te hago llegar un cordial saludo”.

La incursión de Concepción en la acusación al gobierno de mantener un estado de excepción encubierto con fines distintos a combatir el virus va en la línea de la fiscal de sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, quien también ha acusado al Gobierno de manipular los datos de muertes y instaurar un estado de excepción “sin control interno ni europeo”.

Fuentes judiciales señalan, empero, que el presidente del TSJCL, tenía un objetivo muy preciso al abordar, desde mediados de abril, el presunto misterio de las cifras de registros civiles y la ocultación de fallecimientos.

“En el fondo, no hay un problema de información ni de comprobación de datos, asunto sobre el cual los presidentes de los tribunales superiores de justicia no son competentes, sino un ataque político”, señala otra fuente del ámbito judicial.

¿Ataque político? El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, al invocar los registros civiles ha apuntado por elevación al hecho de que desde el 30 de enero de 2020 la directora general de Seguridad Jurídica y Fé Pública, responsable del Registro Civil, es la fiscal Sofía Puente, hermana del que es, desde 2015, alcalde de Valladolid, Óscar Puente, miembro de la comisión ejecutiva del PSOE.