Llarena acelera los procesamientos
La Fiscalía le pedirá que declare vencidos los pasaportes de Puigdemont y los consellers
MadridEl magistrado instructor Pablo Llarena se dispone a incoar sumario ordinario en la causa de rebelión, una señal de que los autos de procesamiento podrían, según fuentes judiciales consultadas por ARA, estar listos a finales de este mes de marzo. Este viernes, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitará al magistrado una resolución que de por vencidos los pasaportes de seis investigados que se encuentran fuera de España: Carles Puigdemont, Toni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret.
La incoación de sumario ordinario se hace mediante un auto breve en el que se señala que siendo la pena por el delito de rebelión superior a nueve años de prisión, la ley de Enjuiciamiento Criminal exige la instrucción de la causa por el procedimiento ordinario. Los delitos que prevén penas inferiores se tramitan por procedimiento abreviado.
Es normal que cuando el magistrado instructor decreta formalmente, por así decir, sumario ordinario, a continuación procede a dictar los autos de procesamiento. El auto de incoación de sumario ordinario puede ser recurrido ante el instructor en reforma y ante la Sala de Recursos en apelación.
Fuentes judiciales señalan que la incoación de sumario ordinario –hasta ahora Llarena llevaba la causa como diligencias previas- señala la proximidad, mayor incluso a la prevista para mediados de abril, de los autos de procesamiento, la resolución recurrible que contiene los indicios racionales de criminalidad que se imputan a cada investigado.
El magistrado tiene que definir si procesará a todos los investigados en el Supremo (actualmente son 28) y cuáles serán los delitos que imputará. No necesariamente todos los investigados serán procesados ni a todos los que lo sean se les imputará el delito de rebelión.
Sin pasaporte
Mientras, la Fiscalía del Supremo tiene previsto solicitar hoy viernes al magistrado instructor una resolución por la cual se declaren vencidos los pasaportes de los seis investigados que no se encuentran a disposición judicial por permanecer en el extranjero.
La decisión de Puigdemont de trasladarse a Ginebra (Suiza) este domingo, día 18 de marzo, para participar en un debate sobre la independencia de Cataluña en el Festival de Cine y Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIDFH), ha llevado a la Fiscalía General del Estado a variar el criterio anunciado en una nota el pasado lunes, día 12 de marzo.
En dicho escrito, a raíz del traslado de la exconsejera Clara Ponsatí de Bruselas a Escocia (Reino Unido), la Fiscalía señalaba respecto a los "investigados que se encuentran fuera del territorio nacional, el Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa".
El viaje de Puigdemont a Copenhague (Dinamarca) ya originó una decisión del fiscal General del Estado, los días 21 y 22 de enero pasado, de solicitar al instructor una euroorden de detención y entrega del expresident.
El objetivo, en el que tuvo una participación activa la vicepresidencia del Gobierno, era en realidad disuadir a Puigdemont de que emprendiera el viaje, ya que la solicitud de detención fue hecha pública el domingo 21 de enero, un día antes del viaje, y la propia petición al magistrado se cursó el 22 cuando el expresident pisaba territorio danés. Llarena desestimó la iniciativa ya que fue él quien retiró en diciembre pasado la euroorden cursada a Bélgica por la magistrada Carmen Lamela.
La Fiscalía, según fuentes consultadas por ARA, cree que de la misma forma que se adopta una medida cautelar de retirada de pasaporte, cuando en el caso de los seis investigados ello no es posible por haberse sustraído a los requerimientos judiciales cabría declarar vencidos sus pasaportes para limitar sus movimientos al país en el que residen.
Por ello, pedirá a Llarena que dicte un auto en el que se considere la situación de los pasaportes y que se requiera al Ministerio del Interior para que se cursen a las autoridades administrativas de la Unión Europea y del acuerdo Schengen (en el que está Suiza) la información de que los pasaportes de seis investigados ya no están en vigor.
Inhabilitación
La aceleración en los autos de procesamiento, por una parte, y el retraso en la investidura en el Parlament suponen una confluencia de ambos escenarios. El artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento solo puede ser invocado por Llarena para inhabilitar (suspender en el ejercicio de sus funciones a diputados, por ejemplo) a aquellos investigados que permanecen en prisión.
Turull, por ejemplo, no será inhabilitado con esa resolución. Pero tendrá que prestar, como todos los procesados, declaración indagatoria ante el juez cuando le sea comunicado el auto de procesamiento. ¿Lo hará antes o después de ser investido si en efecto es candidato?
