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Llarena y el café para todos

El juez quiere demostrar que la decisión no está precocinada

El magistrado Pablo Llarena tiene el fin de semana para decidir si revisa la prisión según le solicitan los 10 imputados encarcelados o mantener la medida cautelar como pide la Fiscalía. Aunque parezca en general que razonar un auto de libertad es más fácil que uno de prisión, resulta en esta ocasión, mucho más que un encaje de bolillos.

Es su primera decisión de envergadura. Se podrá decir que ya dictó la prisión eludible con fianza para los cinco miembros de la Mesa del Parlament.

Pero hay que matizar esa decisión. El Parlament, según la querella, siendo importante era uno de los frentes de la rebelión. El comité estratégico, según se encargó el fiscal Jaime Moreno de recordar ayer al resumir su argumentación, estaba formado por miembros del Govern de la Generalitat y los presidentes de ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultura, Jordi Cuixart.

Es decir: se trata de algunos de los imputados que Llarena escuchó ayer explicarle por qué debe dejarles en libertad. La decisión sobre ello supera ampliamente, en importancia, a la adoptada para Carme Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament. A ellos nadie les había enviado a prisión. Llarena no tenía que decretar su libertad.

Pero ahora el magistrado, caso de que opte por la libertad, tiene que argumentar por qué un mes después pone en la calle a los exconsejeros que la magistrada Carmen Lamela enviara a prisión el pasado 2 de noviembre; tiene que fundamentar, asimismo, por qué decreta la libertad para Sánchez y Cuixart cuando Lamela la confirmó, rechazando los recursos de reforma, y la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el 3 de noviembre pasado los recursos de apelación manteniendo la prisión.

Llarena reunió ayer a los abogados de los diez imputados antes de comenzar la sesión. Sobre las diez de la mañana les dijo dos cosas: se va a hablar de la medida cautelar y no de los hechos de la querella y la decisión sobre la prisión será anunciada el lunes a las 9 horas (más tarde dijo que si era a las diez de la mañana tampoco pasaría nada).

¿Qué pasaba? Primero, el magistrado no deseaba transmitir la imagen de que la decisión estaba predeterminada, es decir, aquí no hay un plato precocinado.

Pero, también, en segundo lugar, que no tiene claro y esperaba que la comparecencia le ayudara a decidir, si su auto conducirá a servir café para todos o solo para algunos. En otras palabras: si dejará a los diez en libertad provisional bajo fianza o dejará a algunos en prisión.

Llarena tiene en cuenta, cómo no, que estamos ante unas elecciones y que el pluralismo político es un valor superior del ordenamiento jurídico, subrayado en el artículo 1 de la Constitución. Este es un elemento clave en su decisión.

Pero al mismo tiempo, él cree que el delito de rebelión que se está imputando tiene bases serias, según ha dejado constancia en su auto del 9 de noviembre de prisión eludible con fianza para Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament.

Por eso no es fácil saber si su consulta con la almohada de aquí al lunes arrojará una sola decisión para todos –la libertad provisional bajo fianza- o establecerá, repetimos, en su primera gran decisión sobre esta causa, una individualización y, en consecuencia, una diferenciación entre unos y otros.

Oriol Junqueras es la pieza más difícil, porque según los informes de la Guardia Civil, que son los que inspiran la querella de la Fiscalía, ha sido en su calidad de vicepresidente, el hombre clave, operativamente hablando.

¿Hasta qué punto se ha convencido Llarena, a partir de su comparecencia de ayer, de que si su partido, ERC, tiene posibilidades de gobernar a partir del 21 de diciembre, no volverá a transitar el mismo camino o uno similar al que condujo a la aplicación del 155?

Junqueras solo respondió a su letrado. No hizo un esfuerzo especialmente superior al que el 2 de noviembre realizó al responder a Andreu Van den Eynde delante de la magistrada Lamela. Ese argumentario, en el que el respeto de facto en la aplicación del artículo 155 y el diálogo, que ya le llevó a prisión, ¿le sacará ahora de ella?

Carles Puigdemont y Artur Mas tampoco han ayudado, más bien lo contrario. Ambos han declarado que los imputados deben decir lo que sea para salir de prisión. Esto es: prometer cosas que no van a cumplir.

El fiscal Moreno, precisamente, evocó ayer a Ramona Barrufet, la secretaria cuarta de la Mesa, que abrió la vía Barrufet  para la salida de prisión de Forcadell y los cuatro miembros de la Mesa el 9 de noviembre. Dijo que había sido una declaración espontánea y sincera, diferente al relato que habían hecho la mayoría de exconsejeros.   

Todos estos son los elementos que sopesará Llarena este fin de semana. Y uno más: el lunes a las 9 horas empieza la vista en Bruselas para resolver sobre la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsejeros que resisten la extradición. Llarena quiere enviar un mensaje, el de que la justicia española funciona.

Su dilema es: café para todos o solo para algunos.

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