Llarena usa especulaciones políticas para controlar celosamente el caso

Las razones del juez para rechazar la euroorden esconden sus motivos reales

 

La resolución del magistrado instructor Pablo Llarena contiene presuntas razones para denegar la euroorden solicitada por la Fiscalía, pero ninguna de ellas arroja luz sobre sus verdaderos motivos. A través de un rosario de argumentos, Llarena se ha tomado al pie de la letra lo que señalamos en el ARA: erigir al Tribunal Supremo en el guardián del Parlament y del futuro Govern, el sustituto natural del artículo 155.

Llarena señala de entrada que el hecho de que Puigdemont “desvele por adelantado” que estará presente en Copenhague es un “comportamiento” a tener en cuenta. ¿Por qué? “Que pueda buscar la detención que el Ministerio Público peticiona, es algo que no se escapa al instructor", señala. Y añade que la conducta de Puigdemont “dibuja que la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que buscar la detención”.

Si Puigdemont puede desplazarse sin ocultarse, ¿por qué será? Porque Llarena el 5 de diciembre, aparte de la euroorden, también retirçó la orden internacional de arresto, cuando se le recomendó que no lo hiciera. Y si Puigdemont busca ser detenido, ¿no buscaría el escenario de Cataluña?

¿Pero veamos cuál es el “soporte fáctico” de Llarena? Que en caso de ser detenido en Copenhague, Puigdemont –en base por cierto al propio auto de Llarena, del 12 de enero, que denegaba la autorización para asistir al Parlament a Oriol Junqueras- podría beneficiarse de la delegación de voto ya que no estaría huido por su propia voluntad sino privado de libertad. Y, además, está el hecho de que los letrados del Parlament han interpretado que la investidura no puede hacerse sino con presencia física del candidato.

Todas estas especulaciones de carácter político eran hasta ahora impensables en una resolución judicial. Y mucho menos en un auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Llarena estima que tiene la discrecionalidad de aplicar la ley y que ese margen se compagina bien con la legalidad. No es, desde luego, como lo plantea la Fiscalía del Supremo. En su nota de prensa, señala: “El Ministerio Fiscal interesa expresamente su emisión [la euroorden] lo que resulta obligado teniendo en cuenta que se encuentra huido de la justicia española”.

Si le imputas un delito de rebelión con hasta un máximo de 30 años de pena, viene a decir, es que no tienes opción: estás obligado a pedir su detención porque la legalidad no te da resquicio alguno discrecionalidad. Pero Llarena cree que es razonable que lo pida la Fiscalía porque contra el vicio de pedir, según reza ese refrán tan español, la virtud de no dar.

Ahora bien, aparte de que la euroorden le haría el juego al 'agent provocateur' Puigdemont, Llarena deja sin respuesta, o mejor dicho, desvía uno de los argumentos de la Fiscalía. Según la solicitud, en el caso de Dinamarca se cumpliría el principio de doble incriminación, que no se daba en Bélgica. El artículo 92 del Código Penal Danés, el llamado Straffeloven, castiga la separación del territorio con cadena perpetua.

¿Qué le sugiere esto a Llarena? Nada dice, pero, en cambio, hace un reproche que ha sido considerado, según fuentes consultadas, desleal por la Fiscalía. “La  petición del Ministerio Público no se acompaña, no solo de la invocada legislación danesa conforme exige el art. 281.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal sino de ninguna argumentación doctrinal o jurisprudencial que -desde los hechos que se investigan- refrende su análisis sobre el ordenamiento jurídico interno de Dinamarca…”

Pero la euroorden es un formulario tasado, no un tratado. No prevé “argumentación doctrinal” ni “argumentación doctrinal”. Hechos, delitos y localización. La Fiscalía, por otra parte, no solicitaba una euroorden para los países del acuerdo de Schenguen sino solo para Dinamarca, cosa que la ley 23/2014 prevé cuando se localiza a la persona buscada.

¿Por qué? Porque si se cursaba a todos los países ello incluía a Bélgica, lo que conducía a reabrir la causa en Bruselas, cerrada tras retirar Llarena la euroorden el 5 de diciembre. Llarena no quiere jueces extranjeros husmeando en España. No quiere dar protagonismo a la extradición. Quiere avanzar en la “instrucción de departamento de documentación” que está practicando. Eso es todo.

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