Llarena vuelve a marginar a los fiscales con su malograda euroorden a Bélgica

La ley exige que se inste por la Fiscalía, a quien el juez no consultó

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tenía tanto deseo de volver a los focos que no vaciló, según fuentes judiciales informantes de ARA, en prescindir de la Fiscalía del Supremo al enviar el pasado lunes, un rato después de hacerse pública la sentencia del procés, una euroorden a Bélgica para que extradite a Carles Puigdemont a España. Ni siquiera consultó las directrices del manual  la euroorden en el que se apunta los idiomas en los que es necesario cursar la petición y la mandó en idioma español, siendo que debía hacerlo en francés.

Llarena hizo, eso sí, una lectura veloz de la sentencia -o pudo acceder confidencialmente antes de su notificación- y envió el documento de 58 folios a Bélgica.

Para ello, según las fuentes consultadas por ARA, se valió de un ardid. En su auto del mismo 14 de octubre utiliza un escrito de la Fiscalía del jueves 10 de octubre que en rigor no suponía instar la euroorden sino la preparación para adoptar medidas en función de la sentencia próxima a dictarse.

El magistrado, para dar cobertura a su irregular actuación  señala al término de su auto: “Con todo lo expuesto, se muestra plenamente justificada la petición cursada por el Ministerio Público en su escrito de 10 de octubre de 2019 (registro de entrada el 11 de octubre de 2019), acordándose la búsqueda e ingreso en prisión del procesado Carles Puigdemont i Casamajó, emitiéndose orden nacional, europea e internacional de detención y entrega, por las alegaciones que aquí se expresan, por los delitos de sedición y de malversación de caudales públicos”.

Pero dicha maniobra es evidente. El juez no cita la solicitud de la Fiscalía. No hay referencia a las autoridades belgas. 

Fuentes judiciales se preguntan por qué Llarena, además, limitó la euroorden a Puigdemont, cuando también debería solicitarla para Toni Comín (Bélgica) y Clara Ponsatí (Reino Unido), acusados ahora de sedición y malversación; Meritxell Serret y Luis Puig (Bélgica), por malversación y desobediencia y Marta Rovira (Suiza) por rebelión.

Las fuentes señalan que el magistrado Llarena consultó con el presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, su sospecha de que Puigdemont podía trasladarse de Bélgica a Suiza país que no forma parte del sistema de euroorden, y que ello aconsejaba enviar el escrito con urgencia solamente para Puigdemont. Tanta prisa para volver a caer en un defecto de forma con la falta de traducción al francés de la solicitud.

Según la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales e la Unión Europea, (artículo 39.3) “el juez acordará mediante providencia el traslado al Ministerio Fiscal para informe”.

Por tanto, son las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular de Vox) las que desencadenan el proceso de detención para extradición. El juez canaliza la solicitud.

En este caso se trata de repetir el procedimiento habida cuenta  de que el magistrado instructor, Pablo Llarena, decidió, en una resolución inédita, retirar todas las euroórdenes vigentes en julio de 2018 tras la resolución del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de entregar a Puigdemont solo por malversación, al ver rechazada la extradición por el delito de rebelión.

El caso más llamativo fue la retirada de la euroorden en Bélgica contra Puigdemont, Comín, Serret y Puig (procesados por los delitos de rebelión y malversación).

El tribunal de Bruselas no entró al examen de fondo de la extradición, porque objetó la petición española por defecto de forma: la ausencia de una orden de detención nacional contra ellos. 

¿Qué ocurrió? La magistrada Carmen Lamela, quien primero se hizo cargo de la causa en la Audiencia Nacional, envió a los imputados a prisión el 2 de noviembre de 2017 y dictó orden de captura contra aquellos que eludieron la acción de la justicia, cursando las euroórdenes de detención el 3 de noviembre.

Cuando Llarena asumió las actuaciones en el Tribunal Supremo decidió retirar, a primeros de diciembre de 2017, las euroórdenes dictadas por Lamela con la idea de perfeccionar la fundamentación ante el temor de un rechazo de la justicia belga a extraditarles por el delito de rebelión. 

El 23 de marzo de 2018,el magistrado volvió a cursar las euroórdenes a Bélgica acompañando los documentos con el flamante auto de procesamiento que acababa de dictar dos días antes, el 21 de marzo. 

Pero no incluyó en el material enviado una orden de detención nacional en sustitución de la orden de Lamela, que había quedado sin efecto. El magistrado estimó que con el auto de procesamiento era suficiente, pero jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) - caso Bob Dogi -había establecido que la orden de detención nacional era un requisito. 

La Fiscalía belga recomendó, con lealtad, a la Fiscalía del Supremo reparar el bache. Los fiscales, a su vez, plantearon a Llarena la necesidad de emitir una orden de detención nacional. Pero por aquellas fechas Llarena arrastró los pies. Y, finalmente, se cruzó la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de rechazar la extradición de Puigdemont -detenido en Alemania de regreso de un viaje a Dinamarca- condujo a Llarena a tirar la casa por la ventana. Retiró todas las euroórdenes.

La Fiscalía del Supremo se disponía, tras conocer y reflexionar sobre la sentencia, hacer consultas con la Fiscalía de Bruselas para determinar el alcance del delito de sedición en Bélgica (artículo 233 del Código Penal belga, llamado coalición de los funcionarios), ya que no forma parte de los 32 delitos de entrega automática de la euroorden, y solicitar a Llarena el envio de la petición.

Llarena ha vuelto, pues, a marginar a la Fiscalía con la excusa de que Puigdemont podría huir a Suiza cuando es evidente que permanecerá en Bélgica, según ha declarado su letrado Paul Bekaert. Finalmente toda su prisa ha quedado en agua de borrajas por incompetencia, según fuentes judiciales.

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