Llarena somete a revisión las medidas a miembros del “nucleo duro” procesado

MadridYa hay auto de procesamiento. El magistrado instructor, Pablo Llarena, lo notificará a las defensas de todos los procesados – cuyo número total no ha trascendido - este viernes, día 23, y en particular someterá la situación personal –medidas cautelares personales y reales- de seis de ellos a una audiencia (vistilla) para determinar si se mantiene su situación actual (libertad provisional, fianzas, comparecencia y entrega de pasaportes) o se modifica por medidas más duras.

Se trata de seis diputados: Carmen Forcadell, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull. Dolores Bassa y Marta Rovira.

Los seis, a los que se unen Oriol Junqueras, Joaquím Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión, y otros que se encuentran fuera del radar de la justicia española, como Carles Puigdemont, son, según el magistrado Llarena el “núcleo duro” del procés que condujo a la organización del referéndum del 1-O, que será enjuiciado por distintos delitos, entre los que destaca el de rebelión.

l auto de procesamiento es una pieza única que narra los hechos y precisa la participación de cada uno de los procesados en la comisión de los presuntos delitos.

A algunos de ellos, como es el caso de los seis diputados convocados para mañana día viernes, según fuentes judiciales, se les imputaría el delito de conspiración para la rebelión, rebelión, desobediencia y malversación -en distintos grados, según su presencia en el Govern de la Generalitat, el Parlament y en el impulso político- razón por la cual el magistrado quiere someter a consideración su situación personal en relación a las medidas cautelares que se les ha aplicado hasta el momento.

En otros términos: la nueva condición de procesados por delitos que se castigan en el caso de los responsables de una rebelión con penas de prisión entre 15 y 25 años, supone un cambio de status que, según fuentes consultadas, han llevado al magistrado instructor a someter la nueva situación a la opinión de la Fiscalía, la abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas.

Ningún procesado más –cuyo número total se conocerá al ser notificado el auto de procesamiento- va a ser sometido, por tanto, a una similar audiencia sobre medidas cautelares, habida cuenta de que algunos de ellos –como Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart- permanecen en prisión y otros, según se ha apuntado, no están en estos a disposición judicial por sustraerse a la acción de la justicia española.

Llarena quiere que en particular la Fiscalía se pronuncie sobre la situación personal de los seis diputados que ha convocado a audiencia mañana viernes.

Porque el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha variado de criterio en el caso del exconsejero Forn, para quien ordenó, el pasado martes en la vista de apelación en el Supremo, pedir su libertad.

El fiscal Fidel Cadena la solicitó “bajo imperativo legal”, es decir, para cumplir la orden de su superior, para quien Forn, según las instrucciones impartidas, no es una amenaza en el sentido de vuelva a cometer delitos, por enfermedad y, por tanto, por razones humanitarias.

El anuncio de que ya hay fumata blanca o auto de procesamiento, ¿ha sido una respuesta de Llarena al inicio del Plan C o investidura de Jordi Turull, tras el naufragio de Jordi Sánchez? La idea de que se anunciaría el procesamiento hacia los últimos días de marzo ya se conocía. Por tanto, es anterior a la posible investidura de Turull.

El auto de procesamiento incluirá como “cláusula” el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal previsto para miembros de bandas armadas, terroristas y rebeldes, es decir, aquellas personas que participan en el delito de rebelión. Mediante dicho artículo se puede inhabilitar o suspender automáticamente y de forma provisional la función o cargo que tenga un procesado por esos delitos.

Pero para que se pueda ejecutar se deben dar dos condiciones: el auto de procesamiento debe ser firme (debe ser confirmado por el propio juez instructor y ante un recurso de apelación) y a la persona se le tiene que decretar prisión o estar en la cárcel.

Jordi Turull, candidato in pectore a president de la Generalitar, se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares y ahora ha sido, como era previsible, procesado. Para aplicar el 384 bis, es decir suspender su función de diputado, debe adquirir firmeza el auto de procesamiento (caben dos recursos) y se debe decretar su prisión.

¿Se encamina el magistrado Llarena a decretar esa prisión el viernes y de esa forma acabar con su candidatura?

El magistrado no decreta de oficio la prisión sino que recoge la posición de las acusaciones tras escuchar a los procesados. Por tanto será determinante la posición de la Fiscalía.

Los fiscales vienen insistiendo – escritos contra la libertad de Forn y Sánchez- en que el acuerdo entre Junts pel Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para relanzar el proceso constituyente dirigido a terminar en la república es la continuación de la acción delictiva que se está investigando por nuevos medios.

Si el candidato in pectore Turull asume dicho programa al ser candidato a la investidura ello implicaría la posibilidad de que su situación de libertad provisional, sujeta a los compromisos asumidos de no volver a reiterar delitos, podría variar. Esto, por ejemplo, es lo que será objeto de la vistilla de mañana viernes. Porque la Fiscalía va a plantearlo.

Los seis diputados convocados serán notificados del auto, pero no prestarán declaración indagatoria mañana viernes. Esto tendrá lugar la semana próxima.

Hay una máxima sobre las vistillas del artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal: se sabe cómo se entra en ella pero no cómo se sale.