Los cien días de gracia del instructor

Fiscalía no preveía en principio solicitar a Llarena medidas cautelares para Pascal y Rovira

El magistrado instructor Pablo Llarena ya ha superado los cien días de instrucción desde que fuera nombrado el pasado 31 de octubre. Desde entonces, si se exceptúa una petición inicial de diligencias de la Fiscalía, en parte pendiente de materializar, el instructor ha gozado de un “periodo de gracia”: ninguna de las defensas ha empezado a solicitar la práctica de prueba.

Resulta paradójico: mientras las filtraciones hablan de un próximo y veloz final de la instrucción de la causa por rebelión, solo se han llevado a cabo aquellas diligencias ordenadas por el instructor.

La Fiscalía tiene pendiente, según ha sabido ARA, solicitar una larga lista de iniciativas, pero espera a que una de sus principales peticiones -la incorporación del mayor Josep Lluís Trapero y Josep María Jové a la causa del Supremo- obtenga una respuesta del magistrado instructor, quien se ha limitado a señalar en una de sus providencias que “en su momento se acordará”.

Las declaraciones de seis nuevos imputados -Mireia Boya, Marta Pascal, Marta Rovira, Anna Gabriel, Artur Mas y Neus Lloveras- fue una decisión adoptada por Llarena y anunciada el 22 de diciembre pasado sin consultar con la Fiscalía.

El resultado es que la Fiscalía no tenía previsto, en  principio, solicitar medidas cautelares contra estos imputados. El caso de la ex diputada de la CUP, Mireia Boya, el pasado 14 de febrero, ha sido un ejemplo.

Fuentes judiciales señalan que adoptar en estos momentos medidas cautelares, después de una primera fase especialmente intensa, con las prisiones incondicionales decretadas en los meses de octubre y noviembre, parecía no responder una situación acuciante y de especial riesgo.

En esos círculos, precisamente, se señala que la acción del juez instructor estaba guiada, según dejó constancia en los autos de denegación de la libertad a Oriol Junqueras, Joaquím Forn y Jordi Sánchez, por el riesgo de reiteración delictiva.

Pero la posibilidad de que la dirigente de la CUP, la diputada Anna Gabriel, haya tomado la decisión de no comparecer ante Llarena el miércoles próximo -después de haber solicitado un aplazamiento de su citación inicial- y piense permanecer en Ginebra, Suiza, replantea el riesgo de fuga como uno de los principales argumentos.

Si se confirma la decisión de Gabriel, el magistrado no necesita una iniciativa de la Fiscalía porque Suiza no es miembro de la Unión Europea y, por tanto, no se trata de solicitar una euroorden de detención de entrega -una iniciativa que sí requiere la iniciativa del fiscal- sino de dictar una orden de arresto internacional para que detengan a Gabriel con fines de extradición.

Eso sí: para ello, previamente, el instructor deberá dictar un auto de prisión. Por tanto, tendrá que contar con una petición de las acusaciones.

“Que se lo sugiera a Vox”, ha dicho no sin ocultar su ironía una fuente consultada en referencia a la acusación popular del partido ultraderechista.

En tal caso, Llarena tendría que contar con un nuevo frente en el extranjero, simultáneo al de Carles Puigdemont en Bélgica, esto es: dar la batalla de la extradición de Anna Gabriel en Suiza.

¿Se embarcará Llarena en este curso inmediatamente? O, fiel a su negativa a cursar la euroorden para detener a Puigdemont en Dinamarca, ¿dejará la orden contra Gabriel para más adelante, en función de que avance la instrucción y pueda dictar los autos de procesamiento?

Fuentes judiciales han señalado a ARA que impacto de la decisión de Gabriel -a confirmar mañana martes en Ginebra- no tendría por qué cambiar él criterio de la Fiscalía sobre Marta Pascal y Marta Rovira, para las cuales no existía disposición, según se ha apuntado, a solicitar medidas cautelares. 

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