Los fiscales del Supremo desaconsejan a Maza querellarse por rebelión contra Puigdemont en Madrid

Abren la puerta a ampliar la querella que ya se está instruyendo en el TSJC

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, recibió el pasado lunes, día 9 de octubre, el consejo contrario de la junta de fiscales de sala de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la presentación de una querella por rebelión/sedición contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Una querella que este diario ya avanzó la semana pasada que se estaba preparando. Maza no ha citado, como prometió en dicha reunión, a la Junta de Fiscales de Sala, el órgano consultivo que reúne a los 25 más importantes fiscales de todas las especialidades, para someterles la iniciativa.

La reunión del lunes 9 la convocó y dirigió el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos. Allí, la consulta de Maza, basada en un informe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), consistió el citado lunes 9, es decir, 48 horas antes de que el Gobierno de Rajoy requiriera al presidente de la Generalitat, en los siguientes términos: a raíz de la aplicación del artículo 155, caso de perder el fuero por ser suspendido Puigdemont, y por tanto, ya no ser competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre los delitos que pudiera haber cometido, ¿sería posible presentar una querella por rebelión/sedición ante la Audiencia Nacional?

La querella criminal por el delito de rebelión estaría jalonada con todos los hechos en los que está acreditada la participación del presidente de la Generalitat. Uno de ellos, el anuncio a través de Twitter que burlaba el cierre de varios dominios de web para informar sobre el referéndum del 1 de octubre. Tanto el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, como la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, ordenaron cerrar esos dominios a mediados del mes de septiembre. 

Puigdemont informó directamente a través de su cuenta de Twitter sobre la creación de dominios alternativos en Luxemburgo y Londres. La secretaría técnica de la FGE  pretende encajar penalmente esta decisión en un delito cometido fuera de España, lo que excedería el territorio de Cataluña y sería, para un ciudadano normal, competencia de la Audiencia Nacional. Pero como Puigdemont es aforado, los presuntos delitos que pudiera cometer en calidad de president de la Generalitat son competencia del TSJC. Si lo perdiese por aplicación de una suspensión a través del artículo 155, Maza planteaba la posibilidad de llevarle por rebelión/sedición ante la Audiencia Nacional.

La construcción jurídica que Maza y algunos de sus asesores han elaborado es considerar los dominios de web creados en el exterior, junto a los actos del 20 de septiembre ante la consejería de Economía en la Rambla de Cataluña, y la resistencia de la población el 1 de octubre a los intentos de la Policía y la Guardia Civil de impedir el referéndum -junto con la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional- como un delito continuado de rebelión o sedición. 

A estos actos se añadiría ahora el hecho de que Puigdemont firmó el pasado martes, día 10, junto con los diputados de Junts pel Sí y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), en el auditorio del Parlamento catalán, un texto que declara la independencia y la República Catalana.

Fuentes consultadas señalan que la mayoría de los fiscales de sala, eran doce presentes, han desaconsejado al fiscal general del Estado esta querella. Según han argumentado, el fuero opera allí donde se comete el delito y no por sus efectos. Y Puigdemont ha ordenado abrir las webs en Londres y Luxemburgo desde Cataluña.

El fuero da la competencia al TSJC

La mayoría de los fiscales reunidos señalaron que el fuero ampararía a Puigdemont incluso si fuese suspendido temporalmente por aplicación del artículo 155 porque se trataría de delitos cometidos cuando ejercía su cargo. Distinto sería si se diese el caso de que la suspensión que decrete el Gobierno de Rajoy fuese definitiva y perdiese el fuero.

Ante la posición mayoritaria de los fiscales consultados en la junta sobre la Audiencia Nacional, Maza propuso presentar la querella ante la Sala Segunda, la sala de lo Penal, del Tribunal Supremo, dado que Puigdemont, según argumentaban, seguiría protegido por su fuero pasado caso de ser suspendido temporalmente.Los fiscales insistieron en que el presunto delito habría sido cometido en Cataluña y que el fuero todavía vigente de Puigdemont, caso de suspensión temporal, aconsejaba en todo caso ampliar la querella por prevaricación, desobediencia y malversación que se instruye en el TSJ de Cataluña.  Este tribunal sería competente para enjuiciar a Puigdemont por esos delitos.

Además de existir criterios técnicos contrarios a la presentación la querella estudiada por Maza, fuentes solventes apuntan que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no ve con buenos ojos la iniciativa.

El otro argumento esgrimido por la secretaría técnica de la FGE es la trascendencia de un delito de rebelión (penas de 15 a 25 años de cárcel para los responsables) o sedición (hasta 15 años de prisión) en Cataluña, que excede dicho ámbito, para proyectarse sobre el territorio nacional. Además, según pudo saber ARA, el fiscal togado militar del Tribunal Supremo, general del cuerpo jurídico militar, Fernando Marín Castán, recordó que el delito de rebelión también contempla una advertencia previa, esto es, que el Gobierno "intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren" (artículo 479 del Código Penal).

Empeñado en llevar el caso a Madrid

El fiscal general del Estado está empeñado en transferir la investigación sobre Puigdemont de Cataluña a Madrid. La idea, que comparte el presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, es  que la querella contra Puigdemont y todos los miembros del Govern sufre retraso, un efecto del clima político y social de Cataluña.

Maza ya advirtió sobre la posibilidad "abierta" de detener a Puigdemont, el pasado 25 de septiembre, por el delito de malversación. Ahora piensa en la prisión por rebelión/sedición también en relación a los hechos que se imputan al mayor José Luis Trapero, a la intendente Teresa Laplana y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Omnium. Los cuatro declaran hoy lunes 16 en la Audiencia Nacional por presunto delito de sedición.

Una mayoría de órganos jurisdiccionales están interviniendo activamente en el asunto de Cataluña (desde el Tribunal Constitucional, jueces de instrucción en Barcelona, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal de Cuentas, y Audiencia Nacional) para que también el Supremo salte ahora al ruedo. La Sala Segunda ya enjuició y condenó por desobediencia al ex diputado Francisco Homs y tiene pendiente el recurso de casación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau contra la condena por desobediencia del TSJC.

Da la impresión, según fuentes judiciales, que el fiscal general del Estado tiene a punto  la querella contra Puigdemont a la espera de la aplicación del artículo 155 y conocer los términos en los que se produce la suspensión del presidente de la Generalitat.

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