Los fiscales intentan que Bélgica no rechace ya la euroorden

Quieren que Llarena pida al juez belga paralizar el procedimiento de extradición de Puigdemont

Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo elevaron ayer al magistrado instructor Pablo Llarena un escrito cuyo objetivo más acuciante, según fuentes judiciales, es evitar que el juez de primera instancia de Bruselas, Jan Coppens, desestime rápidamente la euroorden contra Carles Puigdemont y Toni Comín, a la luz de las dos resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la semana pasada. 

Según la primera, la sentencia del 19 de diciembre, Oriol Junqueras adquirió su condición de eurodiputado el 13 de junio de 2019, situación idéntica a la de Puigdemont y de Comín. Y a través de la segunda, del 20 de diciembre, el TJUE dejó sin efecto un auto que, precisamente, desestimaba las medidas cautelares que había solicitado la defensa de Puigdemont y Comín para garantizar su escaño en la Eurocámara.

El pasado 16 de diciembre de 2019, la defensa de Puigdemont, Comín y Lluís Puig -que no es eurodiputado- acordó con la Fiscalía de Bruselas aplazar el procedimiento de extradición hasta conocer las decisiones del TJUE. El juez belga convocó una vista el 3 de febrero para dar tiempo a conocer algunas de las  resoluciones pendientes sobre la inmunidad de Junqueras, Puigdemont y Comín.

Ahora las tornas se han dado vuelta. Los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno son los que solicitan aplazar la vista del 3 de febrero.

Los fiscales tenían cinco días hábiles, prácticamente hasta el 1 de enero de 2020, para elaborar una respuesta a la nueva situación, según una providencia del magistrado Llarena. Pero, como ya ocurriera con el plazo de cinco días que otorgó el Tribunal Supremo a las partes para que expusieron en qué afecta la sentencia del TJUE sobre la sentencia condenatoria de Oriol Junqueras, los fiscales presentaron inmediatamente, poco después de conocerse la sentencia de Luxembiurgo, un escrito en el que solicitaban que se mantuviera en prisión (ya cumple pena) y que se procediera a inhabilitarle teniendo en cuenta que se le reconocía también como eurodiputado.

Los fiscales querían presentar el escrito a Llarena el viernes pasado, pero la fiscal general del Estado, María José Segarra, solicitó que se quitaran algunos puntos del borrador, lo que aplazó la presentación hasta ayer lunes. Segarra está fuera de Madrid y no se reincorporará a la Fiscalía hasta después de Reyes,

Los fiscales solicitan que Llarena mantenga la orden de detención nacional e internacional de Puigdemont y de Comín al tiempo que se dirija al Parlamento Europeo para obtener la suspensión de sus inmunidades.

Pero, según fuentes judiciales consultadas, la preocupación más importante es el procedimiento de la euroorden pendiente en Bélgica.

Al finalizar su escrito los fiscales señalan: “Que se comunique de forma inmediata a la autoridad de ejecución de Belgica la remisión al Parlamento Europeo de la solicitud de suspensión de de la inmunidad, al objeto de que deje sin efecto los plazos para la resoiucion de la entrega hasta tanto el Parlamento Europeo decida sobre la petición”.

El temor -después de los antecedentes negativos para los fiscales y el magistrado Llarena en Bélgica y Alemania, en 2018-  es que con las nuevas resoluciones el juez Coppens proceda a rechazar la euroorden sin esperar a la vista del próximo 3 de febrero.

La celeridad de las actuaciones de los cuatro fiscales del procés son vistas con tono crítico en la carrera, habida cuenta de que órganos como la Junta de Fiscales de Sala, que reúne a los 26 fiscales de mayor rango de todas las especialidades, no ha sido convocada. Y tampoco los fiscales de lo Penal del Supremo  a través de una reunión han podido aportar sus reflexiones sobre la sentencia del TJUE, que influirá en su proceder futuro.

Los cuatro fiscales citados, por otra parte, se han rebelado contra la sentencia del procés del 14 de octubre. El fiscal coordinador de la instrucción del procés, Fidel Cadena, pronunció en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el pasado 10 de diciembre una conferencia titulada  El delito de rebelión. El fiscal atacó la sentencia del Supremo, se ratificó en que los hechos de octubre de 2017 afectaron los cimientos del orden constitucional -y no el orden público como sugiere el delito de sedición- y se quejó de que en la sentencia faltaba tanto el discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 como el documento  Enfocats, un documento de powerpoint encontrado en el domicilio de Josep María Jové en el registro del 20 de septiembre de 2017. Acompañaban a Cadena durante la conferencia los fiscales Zaragoza, Madrigal y Moreno.

La Abogacía del Estado

Mientras, la ministra de Justicia, Dolores Delgado y la abogada general del Estado, Consuelo Castro, elaboran estos días la respuesta de la Abogacía del Estado a la pregunta del Supremo sobre cómo afecta la sentencia del TJUE a la situación de Junqueras. Fuentes judiciales señalan que la ministra baraja la posibilidad de solicitar la puesta en libertad del exvicepresident de la Generalitat hasta que se resuelva la inmunidad vía suplicatorio al Parlamento Europeo, sabiendo, como parece evidente, que el Supremo le mantendrá en prisión con el argumento de la Fiscalía, a saber, de que ya no está en prisión provisional sino cumpliendo pena firme.

En su escrito, los fiscales desafían el uso que el TJUE hace de la legislación española sobre la inmunidad de los parlamentarios españoles. En especial la citación de los artículos 750-756 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Según señalan dichos artículos son “preconstitucionales” y se remontan a 1912.

Sin embargo, dichos preceptos fueron mantenidos en sucesivas reformas de la ley. La última de 2015 se realizó sobre la base de un proyecto cuyo borrador fue elaborado por una comisión que presidió en 2012 el magistrado Manuel Marchena por encargo del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Marchena no eliminó dichos artículos. Y por su trabajo recibió en 2013 la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort que concede el ministerio de Justicia.