¿Mayoría absoluta independentista o doble vuelta?

Madrid¿Hacia dónde va Cataluña? ¿Hacia dónde va España? Aunque parezcan dos preguntas genéricas, ambas son pertinentes porque la jornada de hoy va a suponer un veredicto de los ciudadanos de Cataluña sobre unas elecciones citadas al amparo del artículo 155 de la Constitución Española. Vamos, unas autonómicas convocadas por Mariano Rajoy después de asumir una facultad para lo que tuvo que destituir primero al presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, y a su gobierno.

Aquellos que consideraron una jugada hábil de Rajoy convocar esas elecciones de manera inmediata, sin darse más tiempo para “liquidar al independentismo”, como quizá acariciaba un sector de la derecha española, ahora, a la luz de los resultados, pueden afirmar exactamente lo contrario, a saber, que el presidente de Gobierno, como es normal, carece de liderazgo y se ha equivocado.

Si la referencia son los resultados del PP, que quedará seguramente en séptimo y último lugar, por debajo de la CUP y de Cataluña En Comú-Podem, esa crucificación de Rajoy se puede dar por descontada.

Porque si se confirman los augurios sobre los resultados de Xavier García Albiol, cabeza de cartel del PP, el presidente del Gobierno sería el artífice de un 155 kamikaze. Una intervención que ha llevado al PP al matadero habida cuenta de sus escasas posibilidades de éxito.

Un matadero en el que el beneficiario del artículo 155 sería en primerísimo término Ciudadanos, al que Inés Arrimadas, a expensas del PP, ha potenciado al punto de disputar a ERC el primer puesto en votos emitidos, posibilidad que no debe ser menospreciada. En realidad, si Ciudadanos consigue quedar como la primera fuerza en número de votos, esa sería uno de los rasgos más sobresalientes de esta elección por el mensaje que ello daría como un elemento del balance del procés.

Cierto es que, como dicen lenguas viperinas, pero no por ello mal informadas, Rajoy se vio avasallado por García-Albiol con su autoproclamación, tras la convocatoria de elecciones, porque el presidente de Gobierno tenía su candidata. ¿Quién sino la tieta? Sí. Dolors Montserrat. Que para eso, para conseguir visibilidad, la nombró ministra de Sanidad.

Si el independentismo no baja de la mayoría absoluta de 68 escaños –cuatro menos de los 72 obtenidos el 27 de septiembre de 2015- la formación de un nuevo Gobierno se pueda dar por segura. Habrá sus más y sus menos, el teatro habitual de la política, pero Cataluña contará con nuevo gobierno.

Los partidos soberanistas exhalarán un suspiro de época y se pondrán manos a la obra como comadronas del nuevo elenco gubernamental, única fórmula para dar por caducado, según la ley, del 155 intervencionista.

Pero así y todo sería un gobierno bajo una doble espada de Damocles: la de una nueva aplicación del 155 –una vez que se cruza el Rubicón ya no cuesta tanto repetir y perfeccionar- y la acción penal que viene y de qué forma.

¿Por qué? A partir de enero comienza la blitzkrieg o instrucción relámpago del magistrado Pablo Llarena.

Los seis meses a partir de las declaraciones, ya convocadas para el 11 de enero de 2018, de Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart van a ser de una intensidad dramática.

El magistrado tomará declaración a todos aquellos, la mayoría, a los que todavía no ha citado, y contra los cuales han ido dirigidas las querellas que ha asumido el Tribunal Supremo; acto seguido convocará a nuevos imputados, lo que podría llevar el número total de querellados, bajo la actual competencia de Llarena, a un total de cuarenta personas.

Llarena aprovechará estas semanas para conocer los informes de la Guardia Civil -los ya elevados y los encargados el pasado 11 de diciembre- con el objetivo de preparar la fase de declaraciones que empieza en enero próximo.

Los fiscales han elaborado con el nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez-Melgar, su propuesta de diligencias. Quieren incorporar al Supremo diligencias consideradas clave del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Aunque Llarena ha asumido la mayor parte de la causa, la magistrada Carmen Lamela mantiene la competencia sobre las diligencias relacionadas con el exjefe de los Mossos, José Luis Trapero, y la intendente Teresa Laplana, ambos imputados, con medidas cautelares, en los hechos del 20/21 de septiembre. De todos modos, la ampliación de esa denuncia a los hechos del 1 de octubre, paralizada, seguramente tendrá que reorientarse al Supremo. Es Llarena quien instruye la causa del 1 de octubre,

Todos estos trazos pintan un escenario político-penal muy difícil en el caso de una hipotética repetición de las elecciones en la primavera de 2018. El protagonismo -antes, durante y después- será para las diligencias de investigación: declaraciones, informes policiales y filtraciones sistemáticas a los medios de comunicación.

La participación que se avizora récord para el 21-D, con toda probabilidad sufrirá en caso de repetición o segunda vuelta, una caída -más ciertamente en algunas franjas del electorado que en otras-, desgaste inevitable después de la experiencia traumática de la represión en el referéndum del 1-O y unas elecciones inconclusas el 21-D caso de frustrarse la posibilidad de formar gobierno.

Pero, como hemos apuntado, si el independentismo logra los 68 escaños (4 menos que en 2015) o incluso los 70, habrá nuevo gobierno. Y en tal caso puede abrirse una nueva fase en la crisis política con viejas recetas: el abandono de la unilateralidad y el proyecto de reactualizar el derecho a decidir bajo la fórmula del referéndum pactado. Esta alternativa, claro, puede abrirse con mayor necesidad si los tres partidos independentistas pierden la mayoría absoluta.

Este gambito, por así decir, puede ser un gancho dirigido a Cataluña En Común-Podem, es decir, una oferta que no podrá rechazar. Y, al tiempo, complicará más las cosas para Rajoy.