Maza consuma la purga en las principales fiscalías, empezando por Anticorrupción

Es en la Fiscalía Anticorrupción donde se acumulan todavía casos muy importantes sobre la corrupción continuada del Partido Popular

El fiscal general del Estado ha consumado una limpia masiva de fiscales y fiscalías, empezando por el puesto clave: ha colocado a Manuel Moix como fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción según aprobó ayer el Consejo Fiscal. La iniciativa de Maza contó con el respaldo de los seis fiscales vinculados a la Asociación de Fiscales.

Frente a los seis candidatos de la propia Fiscalía Anticorrupción que aspiraban en el concurso a ocupar la vacante dejada por Antonio Salinas, jubilado hace dos meses,  Maza ha preparado cuidadosamente, según ya habíamos adelantado la principal pieza a cazar: la Fiscalía Anticorrupción. Es aquí donde se acumulan todavía casos muy importantes sobre la corrupción  continuada del Partido Popular.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), que cuenta con tres miembros en el Consejo Fiscal, se opuso a este nombramiento y votó a favor de Alejandro Luzón, a quien Maza ya había descartado al nombrarle a finales de diciembre pasado teniente fiscal de la secretaría técnica, que asesora al fiscal General del Estado.

Cambia la cabeza en otra fiscalía especial: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es sustituido por Jesús Alonso, —único superviviente de la época de Eduardo Fungairiño— hasta ahora número dos de dicha fiscalía, que ha recibido el apoyo de los seis fiscales miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF). Maza quería nombrar al fiscal Luis Rueda, ahora fiscal jefe en el Tribunal de Cuentas, pero al no conseguir un solo voto abandonó la idea.

El Consejo Fiscal, órgano que asiste al fiscal General del Estado, cuyas decisiones no son vinculantes, se reunió ayer por la mañana con la idea de aprobar 35 nombramientos. Minutos ante de las nueve de la noche, después de una larga jornada, comenzaron a salir los nombres. Sobre las nueve y veinte minutos, terminaron las deliberaciones.

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, ha sido sustituido por José Luis Díaz Manzanera, así como el de Andalucía, José Manuel García Calderón,  por Ana Tárrago y el del País Vasco, Juan Calparsoro, por la fiscal provincial de Vizcaya, Carmen Adán.

El nombramiento de Díaz Manzanera supone en relación a otros nombramientos una excepción. Porque en su calidad de fiscal de delitos urbanísticos y contra el Medio Ambiente en Murcia estimó que existían indicios delictivos de gran importancia contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio, por el que acaba de ser imputado. Es él quien instó al juzgado de Lorca a elevar una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia para enjuiciar a Sánchez.

Uno de los dos fiscales jefes llamados “institucionales”, Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, que apoyó la renovación de Zaragoza en la Audiencia Nacional, confió su desazón por el nombramiento de Alonso en su lugar.

Se ha producido el cambio en el fiscal jefe de la unidad de apoyo del fiscal General del Estado. Se trata de José Luis Bueren, que no está adscrito a ninguna asociación, y que es el vínculo de la FGE con el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha logrado colocar en su lugar al fiscal Francisco Moreno.

Maza no ha justificado las razones para llevar adelante estos relevos. Ha señalado que con ocasión de elevar la propuesta de nombramiento al Gobierno de Mariano Rajoy formulará las razones. Es decir: el Consejo Fiscal, órgano que asiste al fiscal general del Estado, no se merece explicaciones.

El sentido general de la limpia –con la excepción de Murcia, que atraviesa una situación especialmente grave por la imputación del presidente Sánchez- apunta a un mayor control de la actividad de los fiscales. La asociación fiscal conservadora ha ganado la batalla de los nombramientos.