Montaje contra Anticorrupción en la pieza de Iglesias para anular el caso Villarejo

La Inspección de la FGE abre nuevas diligencias de oficio, después de un primer archivo en marzo

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abre nuevas diligencias de oficio después de archivar el pasado 9 de marzo un expediente gubernativo a raíz de un escrito de la periodista canaria María Montero que instaba la investigación de la “imparcialidad” del fiscal Ignacio Stampa, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, uno de los dos responsables del caso Tándem- Villarejo.

La periodista invocaba la petición “a la vista de la información ofrecida en diversos medios de comunicación sobre la relación personal existente entre el citado fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento”, en referencia a la investigación sumarial de la pieza Dina sobre el robo de un móvil de Dina Bousselham, colaboradora de Pablo Iglesias, y la difusión posterior de material de su tarjeta en 2016, tendente a desacreditar al dirigente de Podemos.

En el archivo, la Inspección señala que “tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el fiscal jefe inspector dictó decreto de archivo del citado expediente gubernativo, al no tenerse la constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria”.

El fiscal jefe, Fausto Cartagena, pues, ya está, a la luz de nuevas informaciones, abriendo actuaciones para comprobar si afecta la situación de Stampa en los procedimientos.

En la primera diligencia archivada la inspección consideró que una relación entre el fiscal y una abogada de una parte, en este caso de la acusación, no es causa de abstención.

La inspección no indagó si esa relación existía. Porque la abstención procedería en la relación del fiscal con una de las partes, pero no con la letrada o la procuradora de una de las partes.

Pero una crisis interna dentro del departamento jurídico de Podemos provocó la aportación por parte de un abogado despedido del partido de un chat interno a un juzgado de Madrid que estudia una demanda de acoso.

En dicho chat se deslizan comentarios de Mar Flor Nuñez, entonces letrada de Dina Bousselham y Pablo Iglesias sobre las diligencias del caso Dina, en 2018.

Varios medios de Madrid han presentado esos comentarios como prueba de que el fiscal Ignacio Stampa filtró  a la letrada datos en 2018, antes de que incluso comenzara la investigación en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por descubrimiento de secretos a raíz de la filtración de datos de la tarjeta a medios de comunicación que beben habitualmente del excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017.

Ahora, la inspección fiscal indagará en otra derivada diferente a la archivada, a saber, si del chat publicado se deduce que el fiscal Stampa filtró datos sobre las diligencias incurriendo en una infracción disciplinaria.

Los chats aportados a un juzgado de Madrid por el abogado despedido permiten afirmar dos cosas: no hubo información filtrada sobre las diligencias, más allá de la relación habitual entre el fiscal Stampa y acusadores populares, y que la relación sentimental entre él y Mar Flor Nuñez es producto de la imaginación de la letrada, probablemente para darse aires de grandeza dentro de su propia organización o de su propio desequilibrio personal.

Por tanto, fuentes judiciales consultadas por ARA afirman que la nueva indagación de la inspección fiscal en la FGE sobre presunta filtración de dato sobre diligencias tiene escaso recorrido.

Lo que ha tenido extenso recorrido es la manipulación política y el enfrentamiento entre el juez instructor, Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción.

El Partido Popular y Vox han pedido la comparecencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre un caso en el cual todas las diligencias se han desarrollado en 2019 y antes de su toma de posesión como FGE, el pasado 26 de febrero.

El juez García-Castellón ha insinuado en sus autos, varias veces, de manera más o menos directa, que los fiscales están defendiendo a Iglesias.

Sin embargo, fueron los fiscales quienes por escrito pidieron al juez que quitara a Iglesias su condición de perjudicado en la causa.

El juez lo resolvió en un auto que reproducía en varias páginas los argumentos de los fiscales sin explicitar claramente que la lógica jurídica era de ellos. Los razonamientos parecían más bien del juez que de la Fiscalía.

Y, al tiempo, discrepaba de ellos porque sostenían que si bien Iglesias podía haber cometido delito de daños informáticos -al devolver con retraso una tarjeta aparentemente averiada a Dina Bousselham- era necesario, en aplicación de la ley, citar a su antigua colaboradora para determinar si quería ejercer acciones contra él, único recorrido que veían al caso.

Ignacio Stampa está pendiente de la sentencia de una demanda de protección del honor en la sala civil del Tribunal Supremo que interpuso contra Francisco Chavanel, la emisora de radio y el periódico Canarias 7, relacionada con su actuación en su destino anterior en Canarias, donde investigó  los casos Unión y Stratvs.

Y también actúa en una de las piezas de Gürtel en Valencia, sobre contrataciones del gobierno de Francisco Camps, en los cuales está acusado Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa.

Miguel Durán, abogado de Crespo, dio por hecho el pasado miércoles la relación -inexistente- entre Stampa y la letrada de causa de Dina, y la filtración de datos sobre diligencias, y anunció que se podía presentar una querella por estafa procesal, en relación con la utilización que habría hecho Pablo Iglesias de la justicia al denunciar ante el juez García-Castellón. que las filtraciones de la tarjeta del móvil había sido obra de las cloacas del Estado.

Fuentes judiciales ven en la movida mediático-judicial un interés de las elites afectadas por el caso Villarejo -donde están implicadas empresas como BBVA e Iberdrola, entre muchas otras, que pagaron con facturas millonarias los servicios mafiosos del expolicía Villarejo- de anular por contaminación (teoría del árbol envenenado) el caso Villarejo. Es lo que Durán intentó en Gürtel, sin éxito.

Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia del Partido Popular ha solicitado que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, investigue las actuaciones de los fiscales y el PP ha solicitado la comparecencia de la FGE en el Congreso por un caso, cuyas diligencias se han desarrollado en 2019, cuando ella tomó posesión el 26 de febrero pasado.

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