A Montoro le interesa la Hacienda catalana
Las finanzas públicas de Cataluña hace tiempo que no son motivo de orgullo. Las casas de ratings continúan reduciendo la calificación de la deuda de la Generalitat, que ya hace tiempo que se encuentra a nivel de basura. Esto sería motivo de preocupación si la Generalitat tuviera la intención de emitir deuda nueva para cubrir la diferencia permanente que tenemos entre gastos e ingresos. Pero es irrelevante porque no puede crear nueva deuda en el mercado abierto.
La Generalitat, como cualquier otro agente económico, tiene que endeudarse si gasta más de lo que ingresa. Como no puede ir directamente al mercado financiero, lo que hace es pedir dinero al gobierno central. Y este dinero llega a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esto crea una situación de incentivos dudosos y absurdos que quisiera discutir brevemente.
La mayor parte de los ingresos ordinarios de la Generalitat llegan a través del sistema de financiación regional. Este sistema centraliza la mayor parte de la recaudación de impuestos en el conjunto de España, y a través de una complicada y opaca fórmula reparte el dinero recaudado a las administraciones autonómicas. Esta fórmula se ha ido modificando cada vez que tocaba una reforma del sistema, tal como que se tenía que hacer en 2013 y que Montoro ilegalmente se negó a plantear.
En Cataluña (así como en Valencia y en muchos otros lugares) existe la certeza de que este sistema nos maltrata. Hay razones objetivas para quejarse, pero permitidme obviarlas en este artículo. El hecho es que por el lado de los ingresos presupuestarios ordinarios la Generalitat recibe unas cantidades arbitrarias con las que ha de construir una acción de gobierno.
Pese a esfuerzos en recortes, la Generalitat sigue gastando cada año más de lo que tiene, creando un déficit que no se acaba de secar. Y resulta que este déficit acaba siendo financiado por el gobierno central a través del FLA. Es decir, que el gobierno de la Generalitat tiene dos vías de ingresos: el gobierno central (a través del sistema de financiación) y el gobierno central (gracias al FLA). ¿Qué diferencia hay entre las dos vías? A nivel contable no podrían ser más diferentes: una vía es ingreso ordinario, mientras que la otra es deuda que lleva asociado un interés y que se acumula y se tiene que devolver.
A nivel político, sin embargo, la diferencia es muy escasa. ¿Quién ha dicho que el dinero del FLA se acabarán devolviendo? Ya hay quien defiende la condonación generalizada porque es complicado para muchas comunidades autónomas hacer frente a los pagos. ¿Cómo puede de manera creíble el gobierno central imponer el retorno de esta deuda? La única manera sería dejar que la primera comunidad que no pueda pagar caiga en suspensión de pagos. Pero todo el mundo sabe que el gobierno central es la única fuente de financiación de las comunidades. Es decir, que si una comunidad no paga tiene que ser porque el gobierno central no quiere o no puede pagar. Si tanto De Guindos como Montoro prometen sonoramente que no dejarán caer a nadie es porque saben que este hecho indefectiblemente crearía serias dudas sobre la capacidad financiera del gobierno central.
Pero si no dejan caer a nadie, hay poca diferencia entre el dinero del FLA y el ordinario. El FLA sólo termina siendo una complicación más del sistema de financiación que acaba llegando a un nivel de irracionalidad tan grande que desdibuja la diferencia entre ingresos y déficit. Dada la injusticia de los ingresos, aquí hacemos presupuestos poco realistas, con partidas que supuestamente nos corresponden y que no se acaban respetando al cabo del año. Y el déficit final, se lo reclamamos al FLA. El gobierno central se enfada, amenaza y fiscaliza, pero termina pagando a última hora con gran escenificación, como las reuniones de Montoro con Albiol y Junqueras. Una vergüenza en términos de corresponsabilidad fiscal.
Sin responsabilidad fiscal, y dada la poca confianza en la relación estado-autonomías, no es extraño que no se respeten nunca los límites de déficit impuestos. Para recuperar incentivos, hace falta un sistema con la máxima claridad y restricciones presupuestarias sólidas. Atribuciones bien definidas con vías separadas de financiación para cada administración. Por ejemplo, un sistema como el de EEUU donde cada estado tiene su propia hacienda y el ciudadano llena una declaración de renta a nivel federal y otra separada a nivel del estado. Si Montoro quiere evitar el sainete anual del déficit catalán, debería ser el primero en querer una hacienda catalana propia que funcione.
Pero eso ni se plantea, no sea que la centralización se resintiera. Parece, pues, que el nacionalismo evita soluciones económicas eficientes. ¿Dónde hemos oído antes eso?
