Moragas y la denuncia contra De la Serna y Arístegui

El material que el denunciante llevó a la Fiscalía Anticorrupción el 11 de noviembre de 2015 lo había entregado dos meses antes en la Moncloa

¿Por qué la denuncia contra los ex diputados del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna y Gustavo Arístegui por tráfico de influencias tiene fecha 10 de septiembre de 2015, y la fecha en el Registro de Entradas de la Fiscalía Anticorrupción es de 11 de noviembre de 2015?

Fuentes próximas al denunciante, el agente de seguros José Faya López, señalan que en la declaración que prestará hoy ante el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, aclarará ese extremo y otros. La denuncia tiene siete páginas y 417 documentos.

Faya declara casi diez meses después de presentar su denuncia. En este periodo, el fiscal Conrado Sáiz y el juez De la Mata han desarrollado una amplia investigación. A partir del pasado mes de abril han citado a declarar en calidad de investigados a De la Serna y Arístegui y otras dieciocho personas, entre ellas representantes de las empresas que pagaron sus servicios. Se calcula que entre 2009 y 2015, las empresas utilizadas facturaron hasta 5 millones de euros por operaciones en el exterior.

Ambos habrían violado las incompatibilidades previstas para los diputados amparándose en una autorización genérica a su profesión de abogados y que en realidad, según los indicios, fue utilizada como un cheque en blanco para traficar influencias a través de sus empresas Scardovi y Karistía, y a través de una marca denominada Voltar Lassen, para alrededor de veinte empresas españolas en el exterior.

La investigación sobre De la Serna no era fácil. Porque al disolverse las Cortes el 1 de octubre de 2015, pasó a formar parte de la Diputación del Congreso, es decir, seguía con el fuero de diputado.

En su auto de imputaciones del pasado 6 de abril pasado, el juez De la Mata ofreció a De la Serna prestar declaración voluntaria el 10 de mayo de 2016. ¿Por qué? Porque De la Serna era diputado. Y la competencia para investigarle era del Tribunal Supremo. Sin embargo, el juez invocaba el artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal para que prestara declaración en la Audiencia Nacional por propia voluntad. Pero De la Serna rechazó la oferta. Declaró sí, pero eso fue cuando perdió la condición de aforado.

Y esto nos retrotrae al 10 de septiembre de 2015, fecha que pone en la denuncia de Faya.

En enero pasado, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registran el domicilio de Faya en la urbanización Parquelagos de la madrileña localidad de Galapagar. Se llevan documentos y un ordenador. Al hacer una inspección del material encuentran un papel con sello del Registro de Entradas del Palacio de La Moncloa, fecha 11 de septiembre de 2015.

Se trata de la denuncia de Faya. El material que llevará a la Fiscalía Anticorrupción el 11 de noviembre de 2015 lo ha entregado, según fuentes próximas al denunciante, dos meses antes, el 11 de septiembre, en la Moncloa, a la atención de Jorge Moragas, director de gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La denuncia, facturas y contratos, no parecen recibir atención en La Moncloa. Porque no se pone en conocimiento de una autoridad judicial –es obligación del funcionario informar de una posible actividad ilícita– y, además, al disolverse las Cortes, De la Serna, según hemos apuntado, es nombrado miembro de la Diputación Permanente, con lo que mantiene su fuero.

De la Serna ha sido hombre de confianza de Javier Arenas, de quien fue director de gabinete de la vicepresidencia segunda del gobierno, tras ser director de gabinete de Jaime Mayor Oreja en Interior y presidente ejecutivo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.    

Entre 2009 y 2011 hizo lobby, a través de múltiples reuniones con el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para obtener el sobreseimiento de Luis Bárcenas, dictado el 1 de septiembre de 2011 y más más tarde anulado. Tras ser elegido diputado por Segovia fue nombrado portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso.

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