No logra apoyos en el Pleno del CGPJ el intento de respaldar el comunicado contra Iglesias

MadridEl Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue dedicado la mañana de este miércoles, 29 de abril, a examinar el largo documento llamado plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma -un estado que se extenderá hasta julio próximo- y solo rozó el comunicado aprobado el 23 de abril pasado por la Comisión Permanente para censurar al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, a iniciativa de la vocal conservadora, la magistrada Carmen Llombart, a la que replicó la vocal Concha Sáez.

Mientras se desarrollaba la reunión del Pleno del CGPJ, en el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntaba al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por las declaraciones de Iglesias en relación con la sentencia condenatoria de Isabel Serra.

"¿Cómo valora el ministro de Justicia las descalificaciones del vicepresidente segundo al Poder Judicial?", preguntó Álvarez de Toledo.

Campo respondió: “Usted me pregunta por las declaraciones del vicepresidente segundo. Mire, el vicepresidente segundo hace unas declaraciones enmarcadas en un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Podrá gustarle más, menos... pero es una libertad de expresión que la tenemos todos, también el vicepresidente segundo. Y miembros de su partido, no me gustaría tirar de hemeroteca, pero cuántas declaraciones de responsables de su partido político incardinando y señalando a jueces concretos”.

Y añadió: “Este gobierno cree tanto en la libertad de expresión que incluso con lo que se está oyendo o se ha oído aquí esta mañana le tiende la mano para reconstruir un pacto de reconstrucción nacional, que eso es lo que nos piden los ciudadanos".

Mientras, en la madrileña calle Marqués de la Ensenada, número 8, Lesmes -que había propuesto a la Comisión Permanente el jueves pasado, 23 de abril, un duro comunicado de censura de Iglesias, cuando el Pleno para este miércoles ya estaba convocado- presidía la reunión de los 20 vocales -más el presidente- del CGPJ, cuyo punto central en el orden del día era la “dación de cuenta por el Presidente de los trabajos realizados para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma”.

La vocal del Pleno Carmen Llombart, magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, fue la única que hizo referencia al comunicado contra Pablo Iglesias del jueves 23 de abril. Señaló que lo respaldaba plenamente. Llombart ya había respondido por escrito la semana pasada a la vocal Concha Sáez, quien había expresado por carta a todos los miembros su critica al comunicado.

Concha Sáez, vocal del Pleno, ex miembro de la Comisión Permanente, se reafirmó en su posición.

He aquí la carta de la vocal, del jueves 23 de abril pasado:

Acabo de leer la nota de prensa que refleja el comunicado adoptado por mayoría de la Comisión Permanente adoptado en la mañana de hoy a propósito de unas opiniones publicadas en un tuit por Pablo Iglesias, y no doy crédito, francamente.

Ni el caso (con las barbaridades que estamos oyendo desde ciertos sectores ”ultramontanos”), ni el momento en que nos hallamos (con la que nos está cayendo), dan para tanto, me parece. Y sin embargo, la nota de prensa revela una vez más cuán lejos está una Comisión que se sigue arrogando la representatividad de todo un órgano complejo y plural como es el Consejo General del Poder Judicial, de la tremenda, la dramática realidad social que estamos viviendo, de una realidad que exigiría intentar estar a la altura de las circunstancias, de una realidad de la que, como casi siempre, se sigue manteniendo al margen.

Estamos ante otro de los numerosos ejercicios de confusión que tanto acostumbra a ejercer la Comisión Permanente de este Consejo, entre la independencia judicial como medio de garantizar los derechos y como control de los abusos del poder derivados de la obstrucción o la descomposición de la división de poderes, con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión cuyos límites, cuando afectan a los representantes de la soberanía popular y su contenido se limita a la emisión de una opinión (que hasta yo misma –no tengo empacho alguno en reconocerlo- comparto), no la habilitan a adoptar una toma de postura que -lo sabemos de sobra quienes no formamos parte de la Comisión Permanente- se presenta y se asume ante la opinión pública como emanada de este órgano constitucional en su conjunto y no por algunos de los miembros de una de sus Comisiones.

Y estamos, además, en mi opinión, ante –aquí sí- una injerencia institucional injustificable. Porque ocurre que la decisión de la mayoría de la Comisión Permanente como garante, al parecer exclusiva y excluyente, de la independencia judicial- , tan atenta en otras ocasiones como bien sabemos, al estado en que se halla el procedimiento cuando se produce una perturbación tal que le aboque a intervenir, y tan presta, sin embargo, en tantas otras a inadmitir “ab initio” solicitudes de amparo objetivamente atendibles y urgentes, en este caso no solo obvia que no ha sido requerida de amparo y que la opinión vertida lo es sobre una sentencia que pone fin al procedimiento en la instancia, sino que se permite actuar “de oficio” con una contundencia y una severidad dignas de mejores causas que, ciertamente, muchos habrían –habríamos- valorado y hasta agradecido en las numerosas ocasiones en los últimos seis años y medio en que, debiendo hacerlo –a instancia de los miembros de la carrera judicial afectados- no lo hizo, o en que incluso actuó de forma manifiestamente hostil a las legítimas pretensiones de los miembros de la judicatura atacados que instaban su amparo.

Supongo que el orden del día de la Comisión Permanente de hoy no daba para más, o que quizá no existe nada más grave o urgente a que atender en la realidad judicial que estamos viviendo en España. Enhorabuena.

En la reunión de ese miércoles 29 de abril, nadie se hizo eco de la intervención de Llombart en apoyo del comunicado.

La iniciativa de Lesmes – que hurtó al Pleno de este miércoles 29 ya convocado al llevar el comunicado a la Comisión Permanente- no ha redundado en lo que era su objetivo, el de reforzar su posición.

Aunque la asociación Juezas y Jueces para la Democracia criticó a Iglesias no ahorro la censura al propio Lesmes por su sesgo claro” a la hora de criticar manifestaciones públicas por parte de dirigentes, políticos, en una referencia implícita a las diatribas del entonces portavoz parlamentario del Partido Popular Rafael Hernando, en junio de 2018, contra uno de los jueces de la Audiencia Nacional firmantes de la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada, O los ataques en junio de 2016 de la entonces diputada Celia Villalobos contra Rosa María Freire, magistrada instructora del caso de la destrucción del disco duro del ordenador del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.

El gobierno de Pedro Sánchez cerró filas en defensa de Iglesias, tanto por parte de la ministra portavoz, María Jesús Montero, como de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien fue vocal del CGPJ y hombre de confianza de Carlos Lesmes en la Comisión Permanente.