Nuevo revés europeo al Supremo
BarcelonaEl Tribunal Supremo español ha vuelto a quedar descolocado en Europa. La Fiscalía de Bélgica no recurrirá la sentencia del Tribunal de Apelación belga que ha denegado la euroorden española contra el ex consejero de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig Gordi. De forma que el caso queda definitivamente cerrado y supone un nuevo revés para el juez Pablo Llarena. Si ya se denegó la segunda euroorden del Supremo sobre Puig Gordi –la primera la retiró el mismo Supremo– negando que el tribunal español fuera competente, en esta ocasión la argumentación jurídica ha ido más allá al considerar que había "vulneración de la presunción de inocencia" del acusado por parte del Supremo, que no ha cesado, a pesar de los fracasos reiterados, en su obsesión por hacer volver a los exiliados políticos que no ha podido juzgar. La demanda de extradición ahora del todo descartada fue enviada por Llarena en octubre de 2019, pocas semanas después de la sentencia del Procés. Se lo requería por malversación de fondos, mientras que los delitos de rebelión y sedición, presentes en las otras dos euroórdenes, desaparecían. Pero ni así lo ha conseguido.
Esta nueva decisión del Tribunal de Apelación belga fija un precedente relevante que tendrá recorrido en las diferentes causas abiertas contra los exiliados. Los arguments esgrimidos por la justicia belga en el caso Puig Gordi establecen un precedente que puede servir para dar más fuerza a la defensa del expresidente Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres europarlamentarios, en el suplicatorio al que se enfrentan en el Parlamento Europeo contra su condición de miembros de esta cámara. Más allá, el precedente también afecta a los mismos presos políticos condenados por el Supremo. De hecho, sus defensas siempre consideraron que el alto tribunal español no era competente para juzgarlos atendiendo a principios del derecho al juez natural. En este sentido, la instancia donde se tendría que haber celebrado el juicio es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Ahora esto coge fuerza con el acuerdo del Tribunal de Apelación belga, que además esgrime las opiniones políticas expresadas por jueces y fiscales contra los líderes independentistas catalanes, circunstancia que invalidan su necesaria neutralidad y que ponen en cuestión, por lo tanto, las garantías de un juicio justo.
La batalla judicial europea, sin embargo, será larga. Esta victoria no permite a Puig Gordi volver a Catalunya, donde todavía podría ser encarcelado y juzgado. La anomalía, pues, sigue y seguirá hasta que en algún momento, como se reclama desde el soberanismo, se encuentre una solución política dentro del estado español. Una salida que pasa, necesariamente, por una amnistía que afecte todos los represaliados del Procés, que además de los exiliados y los presos incluye a centenares de cargos políticos, de funcionarios y de ciudadanos. Mientras esto no llegue, las instancias judiciales europeas son, en efecto, como se ha visto una vez más, un terreno abierto y preparado para ir poniendo en evidencia la inconsistencia y parcialidad de la justicia española. Pero el problema, tanto personal como político, seguirá pendiente sino se arbitra la salida a través de la amnistía.
