EL PP fuerza en el CGPJ una defensa de la independencia judicial para exhibir músculo

MadridOrdeno y mando. La Comisión Permanente tenía previsto reunirse este miércoles 19 de agosto a -su convocatoria se hizo a primeros de agosto- para analizar diferentes temas, pero la crisis interna de la formación de Pablo Casado la convirtió en un ariete del Partido Popular para exhibir músculo en momentos en que está avanzado el pacto por la justicia entre PP y PSOE. Después de terminar con los asuntos del orden del día incorporó, sin estar previsto, la propuesta de acordar un comunicado en defensa de la independencia judicial frente a diferentes críticas, especialmente de Unidas Podemos, en los últimos días.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no fue en esta ocasión quien traía bajo el brazo la iniciativa, pero según fuentes judiciales estaba al corriente de la operación.

La Comisión Permanente estaba citada sin especificar si el cónclave tenía o no carácter presencial.

El presidente interrumpió sus vacaciones en la costa de la provincia de Huelva y acudió este miércoles por la mañana a la reunión en la madrileña calle del marqués de la Ensenada, número 8. Asimismo, el vocal del sector progresista Álvaro Cuesta interrumpìó las suyas en Asturias y se presentó en la sede del Consejo. Además de ellos, acudió el secretario general José Luis de Benito. Los otros dos miembros del sector progresistas, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, así como los tres miembros del sector conservador, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, los Juanes, como se les conoce, y Nuria Abad, intervinieron por videoconferencia.

Sin estar en el orden del día y sin solicitar la modificación del mismo, algo que normalmente se realiza, la vocal Nuria Abad señaló, por videoconferencia, que se debía adoptar un acuerdo para emitir un comunicado sobre las diferentes manifestaciones “de responsables políticos, representantes públicos, colectivos y redes sociales” en relación con diferentes procedimientos judiciales en curso. Argumentó que si esos representantes públicos habían defendido la independencia judicial frente a otras afirmaciones que atacaban a jueces, ¿cómo no se iba a pronunciar el CGPJ?

Fuentes judiciales señalaron a ARA, empero, que la explicación estaba orientada de facto a diferentes declaraciones de dirigentes de Unidas Podemos sobre iniciativas judiciales contra la formación morada.

Abad no estaba sola en esta iniciativa. Tanto los Juanes como Lesmes sabían de qué iba la propuesta. El vocal Cuesta salió al cruce de la propuesta de Abad y apuntó que si el propósito era subrayar el hecho de que se habían producido declaraciones de representantes públicos en defensa de la independencia del poder judicial -el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ministra de Defensa, Margarita Robles- se debía señalar, simplemente, sin afirmaciones genéricas, la coincidencia del CGPJ con las mismas.

Pero esa, evidentemente, no era el sentido de la propuesta. Lesmes intentó rebajar la intensidad del comunicado que propuso Abad. Pero los tres vocales del llamado sector progresista se opusieron a una reivindicación genérica de la independencia judicial por entender que el objetivo real apuntaba a condenar de facto a Unidas Podemos, integrante del gobierno de coalición.

El comunicado que se sometió a votación y que fue aprobado por los cuatro vocales conservadores, incluyendo a Lesmes, señala: “La Comisión Permanente del CGPJ quiere hacer un recordatorio de que el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia. La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de las libertades públicas de todos”.

Cuesta emitió inmediatamente un voto particular que apoyaron los vocales Mozo y Sepúlveda. Según señala “el acuerdo-declaración se ha adoptado, de forma sorpresiva, y sin estar incluido en el orden del día, sin que hubiere el necesario consenso o coincidencia para la inclusión del mismo”.

Y añade: “El acuerdo-declaración, que supone la solemnización de lo evidente, es una declaración innecesaria e inoportuna pues al no especificar a qué comportamientos o declaraciones se refiere, susceptibles de amenazar o de menoscabar la división de poderes o el respeto a la independencia del Poder Judicial -siendo así una reacción indiscriminada-, pudiera generar confusión en la opinión pública, o cuestionar derechos inalienables de las personas y colectivos a la libertad de expresión u opinión, o al ejercicio de su derecho de defensa procesal”

El vocal concluía en su voto: “La declaración acordada por una mayoría de la Comisión Permanente del CGPJ, encabezada por su presidente, rompe el necesario equilibro en aras de garantizar la debida apariencia de imparcialidad en sus decisiones, o en algunos pronunciamientos gubernativos de los órganos de gobierno del Poder Judicial”. Cuesta se refiere aquí a las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Castilla León, José Luis Concepción, quien a primeros de julio reiteró sus ataques al Gobierno de Pedro Sánchez por ocultar cifras de mortalidad la pandemia pese al acuerdo del CGPJ del mes de mayo por el cual Lesmes le solicitó prudencia, habida cuenta de que no es un asunto de la competencia del tribunal castellano-leonés.

Este miércoles, Lesmes, asimismo, convocó la próxima reunión de la Comisión Permanente para el 10 de septiembre y anunció que a partir de esa fecha se examinarán a los siete candidatos para presidir las presidencias de las salas tercera, cuarta y quinta del Tribunal Supremo.

Ahora bien, ¿para qué quería el sector conservador un debate y comunicado sobre la independencia de los jueces? O como señala Cuesta: ¿Cuál era el objetivo de “solemnizar lo evidente”?

Fuentes judiciales señalan que el PP quería marcar territorio y recordar que los conservadores siguen mandando en el CGPJ pese a las negociaciones de renovación. El PP quería lanzar un mensaje después que la decapitada portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo revelara el pasado lunes que Pablo Casado había esgrimido como una de las razones de su destitución el próximo pacto por la justicia (renovación del CGPJ, cobertura de 4 plazas en el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y renovación parcial del Tribunal de Cuentas) al que la portavoz seguramente se opondría por la forma de elegir a los jueces. Álvarez de Toledo está por la elección de jueces a través de las asociaciones judiciales, como ocurría con anterioridad, una iniciativa que propone Ciudadanos.

El PP y el PSOE -a través del ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el responsable de asuntos de justicia y consejero en la Comunidad de Madrid, Enrique López- han llegado a un principio de acuerdo, con nombres concretos, para la renovación judicial. Pero la moción de censura anunciada por Vox ha complicado el calendario inicialmente previsto por los negociadores.

El plan consistía en anunciar a primeros de septiembre el principio de pacto con la elección de 8 juristas que forman parte de los 20 vocales del CGPJ y que tienen que someterse al escrutinio del Congreso y el Senado antes de la votación. Se anunciaría antes del próximo 7 de septiembre, fecha del acto de apertura del año judicial presidido por Felipe VI, y la votación sería durante la semana siguiente.

Pero la anunciada moción de censura que presentará Vox ha llevado a Pablo Casado, según fuentes judiciales, a considerar la necesidad de aplazar el anuncio para poder atacar duramente a Pedro Sánchez en la sesión de la moción, cuya fecha está pendiente de fijar. Un anuncio de pacto de la justicia antes de esa fecha debilitaría, según barajan Casado y sus colaboradores, la credibilidad del PP y dejaría a Vox como la única y real oposición a Pedro Sánchez.