El PSOE rechaza comprometerse a negar el indulto a los presos políticos a cambio del apoyo del PP a la renovación del CGPJ

Lastra acusa a los populares de pedir al gobierno español que "prevarique"

La pugna entre el PP y el PSOE para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial entra en una nueva fase. Tal y como ha avanzado este miércoles El País y ha confirmado el secretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, el partido líder de la oposición ha puesto una nueva condición sobre la mesa para permitir cambiar el órgano de gobierno de los jueces: dejarlo para después de las elecciones catalanas del 14 de febrero y un compromiso explícito a rechazar el indulto a los presos políticos. Una condición que el PSOE ha rechazado. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado a los populares de poner una "excusa" a la renovación y pedir al ministerio de Justicia que "prevarique". "Saben que cualquier persona privada de libertad tiene derecho a solicitar un indulto [...]. Dejémoslo en un ámbito de los derechos de los ciudadanos", ha añadido en rueda de prensa desde el Congreso.

El PSOE mantiene la presión sobre los populares. El martes de la semana que viene ya se debatirá en el pleno la toma en consideración de la proposición de ley que registraron con Unidas Podemos para limitar las funciones del CGPJ mientras esté, justamente, en funciones. Una reforma que el PP considera un "ataque a la independencia" del órgano de gobierno de los jueces. La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que sería un "escándalo" que el gobierno español concediera el indulto a los presos políticos, a pesar de que no ha querido precisar si se trata de una condición para desbloquear la renovación. Sí lo ha hecho Montesinos en una entrevista a TVE, en la que ha asegurado que "no favorecería" llegar a un acuerdo.

El gobierno español mantiene que el pacto está casi terminado, tal y como avanzó la semana pasada el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero que solo falta el aval final del líder del PP, Pablo Casado. "Mantengo lo mismo: el acuerdo está prácticamente hecho, por no decir que está hecho. El problema es la actitud del PP", ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero, haciendo un llamamiento a los populares a que reconozcan en público la situación. "Cada día hay un portavoz diferente con una excusa diferente para no impulsar una reforma imprescindible y necesaria", ha añadido.

Preguntada sobre si el indulto a los presos políticos se podría conceder antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero -una posibilidad que complicaría la campaña al PSC-, Montero ha insistido en que el gobierno español "no entra a valorar investigaciones judiciales ni sentencias" y que los informes tienen que seguir su curso. Está previsto que justamente esta semana la Fiscalía tome una decisión en este sentido. Todas las partes en el juicio tienen que hacer un informe preceptivo que difundirá el Tribunal Supremo. El consejo de ministros, sin embargo, puede tomar una decisión contraria a los jueces. Ahora bien, en este caso no sería un indulto total sino parcial.

La Moncloa tiene sobre la mesa dos mecanismos para reducir la pena de prisión a los presos políticos. En primer lugar, una reforma del delito de sedición que cada vez se enfría más, puesto que a pesar del compromiso de Campo de llevarla al consejo de ministros antes de finales de año, el ejecutivo español no está haciendo grandes pasos al respecto, a pesar de la presión de los comunes. La segunda, el indulto, después de que Campo anunciara en septiembre que empezaría a tramitar las peticiones que habían llegado. Descarta así la amnistía que reclama el independentismo. Justamente este miércoles JxCat, ERC y la CUP han impulsado en el Congreso una resolución para llevar una ley de amnistía al Congreso. Lastra ya le ha cerrado la puerta porque, a su parecer, "está fuera de la Constitución".

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