El Palau abre un año de judicialización de la corrupción y la política

PeriodistaEl jueves 28 de diciembre, la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, Montserrat Comas, fue preguntada en una entrevista con la Cadena SER, en su calidad de portavoz en Cataluña de la asociación Jueces para la Democracia, si una mayoría soberanista en la Mesa del Parlament podía modificar el reglamento para permitir la investidura telemática del President del futuro Govern de la Generalitat. Llegaba yo en ese momento al programa que dirige la periodista Pepa Bueno para participar en la tertulia. Y ya en el aire dije, como quien no quiere la cosa, que me hubiera gustado preguntar a Montse Comas otra cosa.

¿Qué cosa? Por ejemplo: ¿cuándo se haría pública la sentencia del caso Palau? Es que ella ha sido presidenta del tribunal, integrado por los magistrados Julio Hernández, ponente de la sentencia, y José Antonio Lagares. La magistrada Comas llamó poco después a la redacción de la SER y explicó que la semana siguiente, primeros de enero, la Audiencia daría la fecha de notificación de la sentencia.

En la mañana del pasado miércoles, 3 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunció: “El tribunal de la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha enjuiciado el conocido como Caso Palau, ha convocado a los acusados, sus abogados y resto de partes procesadas para entregar la sentencia de forma simultánea, en mano, el próximo 15 de enero a las 9:30 en la sala de vistas número 2 del Tribunal de Jurado del Palacio de Justicia”.

El 15 de enero habrán pasado siete meses, 210 largos días, desde que la presidenta del tribunal declarase “visto para sentencia” el juicio cuya principal materia ha sido el presunto pago de comisiones por valor de 6,6 millones de euros de la empresa Ferrovial a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cambio dela adjudicación de cuatro obras públicas del último gobierno de Jordi Pujol, según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado 27 años y medio de cárcel par Félix Millet y Jordi Montull y otros siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar.

La sentencia, de cuyo contenido ha sido ponente un magistrado joven -Julio Hernández- se ha mantenido en riguroso secreto. No ha trascendido detalle alguno.

¿Qué consecuencias puede tener una sentencia que confirme el desvío de fondos a favor de la antigua CDC? Artur Mas ha presentado al PDeCAT, partido del que es presidente, como el resultado de la “disolución anticipada” de CDC, la forma más radical de asumir las consecuencias de problemas con casos de corrupción. Marta Pascal, la joven coordinadora, ¿admitirá que no hay más responsabilidades a asumir tras conocer la sentencia? Está por ver.

Hasta el 15 de enero todavía está pendiente una diligencia relevante en la querella por rebelión, sedición y malversación contra los dirigentes soberanistas que impulsaron el referéndum del 1-O. El 11 comparecen ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el exconsejero de Interior y diputado electo Joaquín Forn, el presidente de la ANC y diputado electo (ambos por Junts pel Cataluña), Jordi Sánchez, y el presidente de Omnium, Jordi Cuixart. La situación de los tres, después de la decisión del Supremo que mantiene en prisión a Junqueras, parece inmodificable.

A partir del próximo martes, 9 de enero, se reanudan en la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla las cuestiones previas del juicio del caso de los ERE en Andalucía, un procedimiento por el que enjuicia a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán, ex dirigentes del PSOE de dicha región, y otros 20 exaltos cargos.

Mientras, en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción inician los interrogatorios , aplazados hasta ahora, del equipo del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la presuntas irregularidades, ilicitudes y comisiones en la compra de la empresa de aguas de Colombia, Inassa, en 2001.

El patrón de conducta en esa operación – presunta sobrevaloración, posibles comisiones- lo habría repetido Ignacio González en 2013 desde la presidencia de la Comunidad de Madrid con la adquisición de la compañía brasileña de aguas Emissao, una de las actividades conocidas como Operación Lezo.

Y como no hay dos sin tres, la investigación del juez García-Castellón también busca concretar en las próximas semanas la participación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la adjudicación que hizo el Canal de Isabel II, en 2006, de Canal Golf, los terrenos para construir un campo de prácticas de golf en el madrileño barrio de Chamberí, operación en la que tomó parte una empresa participada por Tecnoconcret, sociedad de Pablo González y de José Juan Caballero, hermano y cuñado de Ignacio González, entonces presidente del Canal de Isabel II.

Tanto en la Operación Lezo como Púnica, se sigue el rastro de presuntas comisiones pagadas al Partido Popular.

Si las investigaciones progresan en el sentido que apunta la Fiscalía Anticorrupción, Ruiz-Gallardón, que ya figura como investigado, y Esperanza Aguirre, serían llamados a declarar como imputados.

El 15 de enero, por otra parte, comenzará en la Audiencia Nacional el juicio por presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, un juicio que se extenderá hasta abril y al cual se entra con un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción entre la mayoría de empresarios que pagaron comisiones a cambio de obras. Los ex dirigentes del PP valenciano, Ricardo Costa y Vicente Rambla, encabezan un banquillo con veinte acusados. En el mes de febrero la Audiencia Provincial de Palma celebrará juicio contra el ex presidente y ex ministro del gobierno de Aznar, Jaume Matas, por otra de las piezas del caso Palma Arena

A las instrucciones sumariales en curso ya apuntadas se unen Papeles de Bárcenas y 3% del PP, varias piezas de Gürtel, los presuntos delitos de Rodrigo Rato, el caso Jordi Pujol Ferrusola, diligencias del 3% en Cataluña que sigue el juzgado de El Vendrell, Operación Taula, Pitufeo, y otras del PP de Valencia, y el caso de Pedro Antonio Sánchez en Murcia. En instrucción continúan los casos de Cristiano Ronaldo y Sandro Rosell.

Hay que añadir los juicios todavía sin fecha -destrucción del disco duro del ordenador de Bárcenas con el PP como persona jurídica acusado y caso Bankia, entre otros.

Y en sentencias: en marzo podría estar lista la sentencia del caso Gürtel 1999-2005, cuyo juicio terminó el 17 de noviembre pasado. El magistrado ponente, Ángel Hurtado, trabaja en la redacción de la sentencia

Y 'last but not least', la intensa actividad en el Tribunal Supremo, aparte de la instrucción sumarial del referéndum del 1-O.

Está pendiente de fijar la fecha de la vista de casación, deliberación y votación sobre el recurso de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau contra la sentencia por desobediencia dictada por el TSJC en relación al acto de participación ciudadana del 9-N. El ponente de esta casación era el magistrado Julián Sánchez Melgar, quien tuvo que dejarla al pasar a ser fiscal general del Estado.

También la casación del caso Nóos, con peticiones de subida de penas para Iñaki Urdangarín por parte de la Fiscalía, sigue sin fecha, aunque se estima que será entre marzo y mayo próximos.

Sigue, asimismo, pendiente de fecha la vista de la casación contra la sentencia de las tarjetas Black de Cajamadrid en la Audiencia Nacional. El ponente, Miguel Colmenero, preside ahora la Sala de Recursos y ha sido el ponente sobre el recurso contra el auto de prisión del 4 de diciembre del magistrado Llarena. En los próximos meses se fijará fecha para el recurso de casación de la primera sentencia de la trama Gürtel: el juicio de Fitur en Valencia.

A su vez, el Tribunal Constitucional, "vanguardia" en la suspensión y anulación de las leyes aprobadas por el Parlament en la legislatura del referéndum de independencia del 1-O, cortocircuitada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, admitirá a trámite en sus plenos del 9 y 10 de enero, los recursos de inconstitucionalidad presentados por el partido Unidos Podemos y la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament contra el 155, al tiempo que tiene pendientes de admisión dos recursos de amparo contra la prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart

En otras palabras, la yugular del sistema político - corrupción y soberanismo catalán- pasan y lo harán con mayor intensidad todavía por los tribunales ordinarios, el Supremo y el Tribunal Constitucional.