Pedro Sánchez escondió a Iglesias la fusión relámpago CaixaBankia

La operación busca salvar a CaixaBank y reducir la participación del Estado en el nuevo banco

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ocultó durante al menos varias semanas, sino meses, al vicepresidente segundo y líder del socio de coalición, Pablo Iglesias, sobre el proyecto de fusión entre CaixaBank y Bankia, según fuentes próximas al ejecutivo y a las entidades que negocian. Una negociación que tenía que ser, de acuerdo con las fuentes, secreta y rápida, “en un abrir y cerrar de ojos” en la cual la vicepresidenta Nadia Calviño, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en España, y el vicepresidente del Banco Central Europeo, el ex ministro de Economía Luis de Guindos, impulsaron la operación, de la cual fue informado al detalle el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. 

El objetivo de la fusión en ciernes, siempre de acuerdo comn esas fuentes, es doble: salvar la difícil situación financiera de CaixaBank, ya muy difícil en términos de solvencia y rentabilidad a 31 de diciembre de 2019 que se vio agravada con el crash del coronavirus, y reducir de la misma tacada, como quien no quiere la cosa, la participación del Estado del 61,4% en Bankia al 14% en el banco fusionado. Una privatización encubierta. 

El comienzo del proceso de negociación para fusionar a Caixabank por absorción por parte de Bankia sigue el antiguo patrón de las antiguas fusiones de los años ochenta y noventa en España: se trata de concentrar entidades ante los problemas de solvencia y rentabilidad. 

Pero este proceso experimentó una nueva vuelta de tuerca con la Gran Recesión de 2008 y la repercusión de la crisis económica en las entidades financieras. El Banco de España, durante el mandato del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordoñez, impulsó la liquidación de las cajas como las responsables de la irresponsable expansión crediticia bajo el sistema de fusiones frías. 

Isidre Fainé intentó en 2011, ante las dificultades de rentabilidad y problemas crecientes de solvencia de CaixaBank, la fusión con el Banco Popular, operación que, tras ser informado el gobierno de Mariano Rajoy, la reunión del consejo de administración del 30 de septiembre de 2011 del Banco Popular rechazó. 

Fue entonces cuando surgió el proyecto de fusión, en octubre de 2011, entre Rodrigo Rato, entonces presidente de Bankia, producto de la fusión de siete cajas de ahorros, e Isidre Fainé, presidente de CaixaBank. Pero si bien se nombró dos entidades de inversión encargadas de la negociación y se llegó a elaborar un protocolo para crear un sistema de copresidencia, el proceso quedó agua de borrajas en enero de 2012. Isidre Fainé se echó atrás y Rato emprendió el camino hacia la salida a Bolsa de julio de 2012. 

CaixaBank, por su parte, logró sobrevivir durante los ocho años que siguieron hasta ahora a través de las operaciones de control de Banca Cívica primero y Banco de Valencia más tarde. Estas absorciones permitieron practicar ingenierías financieras para desviar provisiones (fondos para cubrir préstamos insolventes) y recibir ayudas públicas. En el caso del Banco de Valencia esta entidad recibió una aportación del Estado de 13.750 millones de euros en 2013, y Caixabank se benefició, al hacerse con el control en dicho año en 3.603 millones y en 4.985 millones de créditos fiscales.  

El coste de la operación para asumir el Banco de Valencia fue para CaixaBank el de 1 euro. La entidad salvaba el Banco de Valencia y se capitalizaba con dinero público. No hay duda entre los analistas que la CaixaBank pudo lucir en 2013 unos beneficios de 894 millones que, caso contrario, de no hacerse esta operación, hubiesen desembocado en pérdidas de 1.395 millones. 

Según el estudio del profesor de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, Salvador Climent, los apoyos públicos otorgados al Banco de Valencia (6.709 millones entre capital y Esquemas de Protección de Activos) fueron muy exagerados para el tamaño de la entidad (19.566 millones de activos), y en realidad se planteó como un mecanismo para rescatar a CaixaBank con un apoyo del Estado a fondo perdido de unos 5.000 millones de euros. 

No fue el único recurso a la ingeniería financiera para sobrevivir al problema central: la insuficiencia de capital de CaixaBank. 

En 2017, la habilidad de Fainé quedó una vez más consagrada cuando consiguió para el Grupo Fundación La Caixa que el Banco Central Europeo (BCE) aprobara un sistema de cálculo de los requerimientos de capital regulatorio para cumplir los llamados ratios de Basilea especialmente ventajoso. 

El BCE y el Banco de España decidieron el 26 de septiembre de 2017, a través del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que el holding de participaciones industriales Criteria S.A, a pesar de estar participado en un 40% por CaixaBank no la controlaba a “efectos prudenciales”, esto es, a fin de tener que consolidarse con CaixaBank. La Junta Unica de Resolución (JUR) limitó el perímetro de actuación a CaixaBank. 

Así, pues, la Fundación La Caixa trasladó este criterio a sus estados financieros consolidados: desde 2017 su inversión del 40% en el capital de CaixaBank es considerada “asociada”, con influencia significativa. Pero no de control. 

Aunque el coronavirus ha sido el gatillo que ha disparado el comienzo de las negociaciones del proceso de fusión, las alarmas sonaron a finales de 2019, es decir, antes de conocerse la devastadora propagación del virus y meses antes del estado de alarma y el confinamiento que precipitarían el nuevo crash económico y social. 

Poca solvencia de la banca española

A finales de 2019, en efecto, según la Agencia Bancaria Europea (EBA) los bancos españoles salían en sus estudios como los menos solventes de Europa. Mientras la banca europea arrojaba un nivel de solvencia del 14,8% y una ratio de morosidad del 2,7%, en las entidades españolas eran de 11,9% y 3,2% respectivamente.  

La Bolsa de Madrid castigó de manera despiadada a las entidades al propagarse la pandemia. En la segunda semana de junio de 2020 los valores de los principales bancos sufrieron recortes de entre el -35,1% (Bankinter) y el -68,6% (Sabadell), pasando por el -51,6% en el caso de Bankia y el -33.6% en el de CaixaBank, respecto al 31 de diciembre de 2019. 

A 30 de junio pasado, el precio de las acciones en Bolsa CaixaBank suponían el 45,8 % de su valor téórico contable (el valor que figura en sus libros de contabilidad) mientras que en el caso de Bankia era de apenas un 23,1%.  

 Y la rentabilidad del activo anual, clave para saber lo que le pasa al negocio de las entidades, era a 30 de junio del 0,05% en el caso de CaixaBank y del 0,1% para Bankia. 

La situación es más grave porque desde el estallido del coronavirus el BCE ha relajado completamente sus normas y requerimientos y ha autorizado flexibilidad en su aplicación. 

Las cuentas trimestrales de resultados a 30 de junio, de las entidades están elaboradas con esa flexibilidad. 

Las de CaixaBank, por ejemplo, invocan “la flexibilidad que han confirmado diferentes organismos a efectos de  evitar automatismos en el uso de indicadores e hipotesis que no son adecuados en el contexto COVID-19 ni en escenarios potenciales futuros…La circular, por ejemplo, permite a las entidades clasificar las operaciones de refinanciación bajo este contexto en la categoría “normal” si no se ha producido un incremento significativo de riesgo de crédito (manteniendo su identificación como operaciones refinanciadas)”. 

Bankia, asimismo, también ha elaborado sus cuentas con esa flexbilidad, según indica en su informe. 

Por tanto, cabe deducir que las cuentas serían peores, aplicando los criterios generalmente aceptados con anterioridad a la flexibilidad del COVID-19. 

Según se ha apuntado, la operación de fusión en marcha tendría dos objetivos.  

El primero es el de salvar las dificultades de solvencia y rentabilidad de CaixaBank, que ha logrado sortear las dificultades con ayudas públicas diversas durante los últimos ocho años; la segunda, camuflar los resultados mediocres de la gestión de Bankia durante este mismo periodo, que fue salvada con ayudas públicas directas de 22.414 millones en 2012, de las cuales no se ha devuelto un euro al Estado 

Pero hay también que considerar la letra pequeña y no por ello menos relevante, según fuentes financieras.  

Poco interés de Rajoy y Sánchez

El primer asunto es que el Estado, a través de los gobiernos de Mariano Rajoy primero y Pedro Sánchez después, nunca se interesaron por la participación del 61,4 % en el capital de Bankia. 

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ostenta esa participación estatal, sigue sin proponer a José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia -seleccionado en mayo de 2012 por el entonces ministro de Economía Luis de Guindos- nombrar consejeros dominicales en el máximo órgano de gestión. Los contactos consisten en reuniones periódicas entre Bankia y el FROB en los que se expone la evolución de las cuentas. 

Ahora esa participación, si se confirma la fusión, pasará del 61,4% al 14% aproximadamente, lo que implicará una privatización de facto del 47% de la participación de la participación del Estado. 

El otro factor de interés es que La Fundación Caixa, que preside Fainé, aún con una reducción de su participación del 40 al 30% aproximadamente, será el primer accionista, el que mantendrá el control de la entidad resultante, con alrededor del doble del capital que poseerá el Estado, lo cual, a decir de un conocido financiero, no deja de ser un “escudo protector”. 

Fuentes gubernamentales señalan que el tándem de la vicepresidenta Nadia Calvino y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, secundados desde Francfort por el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, han trabajado para dar el empujón a la iniciativa de Fainé y Goirigolzarri, siendo el presidente Sánchez informado de los pormenores en tiempo real. 

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, y líder de Unidas Podemos, el socio de la coalición, no fue informado ni conocía los movimientos que se han desarrollado con gran reserva dentro del Gobierno. Sánchez prefería, como ya hizo con la salida de Juan Carlos I de España a primeros de agosto pasado, ocultar esa información. El vicepresidente ha hecho llegar una protesta interna al presidente Sánchez a la vez que ha apoyado las críticas de Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, en las redes. 

Iglesias y Unidas Podemos defienden que Bankia podía ser en España el banco público que existe en Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y en otros países, para canalizar las ayudas de 140.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europeos para relanzar la economía devastada por el coronavirus. 

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