Policía patriótica ¿o polícía política de partido?

La guerra sucia policial no ha sido solo contra el independentismo

Aunque existe la idea de que las operaciones de guerra sucia de la Policía han estado exclusivamente orientadas a desacreditar a los partidos nacionalistas e independentistas catalanes, los indicios de prácticas de una policía “política” entendida como partidista, se remontan a antes incluso de la formación del gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2011. 

El entonces portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ignacio Cosidó, ya dejó rastro de esas actividades en 2011, con el caso Interligare. Según explica el exdiputado socialista Antonio Trevín a ARA “el inspector jefe de policía Pedro Ramón Agudo Novo y otros miembros de la camarilla montaron un falso caso de espionaje a la sede central de Génova del PP y de adjudicación irregular de contratos por parte del ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba a la empresa Interligare. También se intentó involucrar a miembros relevantes de la policía, estando algunos de ellos, en aquel momento, ya fuera del cuerpo”.

La denuncia fue presentada por la organización Manos Limpias, un patrón de comportamiento habitual de la Policía política: las filtraciones a medios de comunicación y la utilización del "sindicato" corrupto para fines judiciales. La denuncia sobre Inteligare fue archivada en mayo de 2016. 

Pero Cosidó siguió adelante con sus prácticas nada más ser nombrado director general de la Policía, cuando designó al inspector jefe Agudo Novo como su director de gabinete. 

“En efecto, el origen de la policía política fue anterior incluso a las elecciones generales de 2011. Inició su actividad a modo de caballo de Troya con el último Gobierno socialista. Continuó su trayectoria envuelta en falso patriotismo cuando actuaba en Cataluña. Espió y fustigó a todo tipo de adversarios políticos del PP con interesadas filtraciones periodísticas y fabricando presuntas pruebas que al llegar a sedes judiciales “se quedaban en nada”, recuerda Trevin, quien fuera portavoz de Interior del partido socialista y vocal de la comisión de investigación de utilización partidista del Ministerio del Interior, creada el 20 de julio de 2016. "Supimos por información fidedigna de policías que participaron en una de esas reuniones inaugurales que fue el propio Fernández Díaz quien le puso el nombre de "patriótica" a la policía política en la primera reunión", señala Trevín, quien abandonó la actividad política y dirige una empresa del metal en Pola de Lena, Asturias.

La comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Parlament, a raiz de mis informaciones sobre la guerra sucia policial, publicadas durante los últimos años, me citó para comparecer el 30 de mayo de 2017. Las palabras com las que empecé mi intervención apuntaban que si bien las actividades de esa operación Cataluña eran importantes no lo era menos que formaban parte de un conjunto de actuaciones que el PP y determinados funcionarios policiales habían preparado y cuyo sentido era proyectar una policía de carácter político. 

El 29 de octubre de 2012, los comisarios José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), y jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO) y  Marcelino Martín-Blas, se trasladan a Barcelona. Allí organizan una reunión con los miembros de la Fiscalía Anticorrupción que investigan el caso Palau, Fernando Bermejo y Emilio Sánchez-Ulled. El encuentro se hace al margen del juez instructor, Josep María Pijuán, a cargo del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona. Olivera y Martín-Blas apuntan a sus interlocutores que poseen informaciones sensibles sobre el caso. Según los comisarios, el padre del presidente Artur Mas tiene cuenta bancaria en Liechtenstein y el expresidente Jordi Pujol en Suiza. Y proponen registrar la sede del partido Convergència Democràtica.

Bermejo, que trabaja ahora en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y Emilio Sánchez Ulled, consejero de justicia en la Representación Permanente de España ante la UE desde junio de 2017, piden indicios sobre lo que afirman los jefes policiales. Pero no sueltan prenda. Los comisarios dicen que no pueden revelar esos datos porque tienen que proteger a sus fuentes.

Los fiscales rechazan esta propuesta de incursión.  Se les está pidiendo que actúen a ciegas y a espaldas del juez instructor. La operación fracasa. Olivera y Martín-Blas regresan a Madrid con las manos vacías.

El 25 de noviembre de 2012 se acerca: son las elecciones autonómicas en Cataluña. El viernes 16, en plena campaña, la Policía entra en la segunda fase de la operación iniciada el 29 de octubre. Filtra al diario El Mundo un pretendido documento que se presenta como un "borrador" de la UDEF. Contiene datos que Olivera y Martín-Blas habían apuntado a Bermejo y Sánchez Ulled. 

Allí se señala que Artur Mas y Jordi Pujol han recibido parte del dinero de las comisiones que empresas constructoras pagaron para conseguir la adjudicación de la obra del Palau de la Música Catalana. La noticia se desmiente por parte de la UDEF. Su jefe, comisario Manuel Vázquez López, niega que se trate de un documento de su unidad. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hace el paripé: ordena investigar de donde ha salido. Un viaje a ninguna parte. 

El borrador apócrifo es un corta y pega de informaciones y rumores ya publicados en medios de comunicación, según explica Sánchez Ulled en Madrid al entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien presenta una protesta por la conducta de los jefes policiales.

Y en junio de 2014, la Policía da el “golpe maestro” de las cuentas del clan Pujol en Andorra a través de una intensa presión y chantaje sobre los accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA), los Cierco, que son propietarios del Banco de Madrid, al obtener un pantallazo de esas cuentas, una fotografía. En lugar de enviar la información de las cuentas de Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, y sus hijos Marta, Mireia y Oleguer a Hacienda por presunto delito fiscal, filtra la información a El Mundo en la primera semana de julio. La publicidad de las cuentas permite a la familia regularizar ante Hacienda y evitar el delito fiscal.

El 9 de noviembre de 2014 se acerca. El 9-N es la fecha que el presidente Artur Mas ha escogido para convocar un referéndum con las preguntas “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y en caso afirmativo “Quiere que este Estado sea independiente?”. A raíz de la suspensión del referéndum dispuesta por el Tribunal Constitucional, la iniciativa se convierte en un “proceso participativo”.

El 2 de octubre de 2014 y el 16 de octubre de 2014, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibe en su despacho al director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el entonces juez en excedencia Daniel de Alfonso. Allí se trazan líneas de actuación ante la consulta del 9-N. Y entre ellas se comenta el ataque al alcalde de Barcelona Xavier Trías a través de la difusión de una presunta cuenta suya en Suiza, entre otras posibilidades de actuación, así como la mejor forma de instar a la Fiscalía Anticorrupción para que se implique.

Los dos encuentros se graban por decisión de los mismos servicios policiales. El ministro Fernández Díaz señala en la primera de las conversaciones que mantendrá al corriente a Rajoy sobre lo hablado y en la segunda confirma a De Alfonso que el presidente del gobierno ya lo sabe. 

La grabación se difundirá una semana antes, en mitad de la campaña, de las elecciones generales del 30 de junio de 26 de junio de 2016 por el diario Público. La filtración es producto de un enfrentamiento entre el sector que encabeza el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el comisario José Luis Olivera al que Fernández Díaz pretende nombrar DAO (director adjunto operativo) en sustitución de Pino, que se jubila.

La Policía prepara con la campaña contra el alcalde de Barcelona una repetición de la jugada de las cuentas de la familia Pujol hace tan solo cinco meses. Un confidente suizo vende a la Policía los datos de una presunta cuenta bancaria con 12,9 millones de euros a nombre de Xavier Trias en la Union de Banques Suisses (UBS), la Nº7651162-3445.954

Una vez más, la Policía sigue el mismo patrón ya establecido para la Operación Cataluña. Filtra la información a El Mundo, que la publica sin más. Trias desmiente. El periódico contraataca publicando en portada el número de la cuenta falsa. La UBS informa en un comunicado que el alcalde no posee cuenta bancaria en la entidad y precisa que el número ni siquiera corresponde al código del banco. 

La Policía intenta encubrir la situación y a su buzón – el periódico El Mundo- mediante una solicitud de apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El entonces fiscal jefe, Antonio Salinas, que ya había manifestado con anterioridad su desconfianza sobre la presunta cuenta de Trías, abre finalmente diligencias informativas, y las cierra días después, en noviembre de 2014.  Al constatar el error, José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete de Fernández Díaz, viaja a Suiza en un avión fletado por la Policía. Intenta averiguar qué ha fallado.

El comisario Enrique García Castaño, imputado junto con el excomisario Villarejo en la operación Tandem en noviembre de 2017, tuvo conocimiento tanto de la operación de las cuentas de la familia Pujol en Andorra como la que se volviço a intentar con la presunta cuenta de Trías. Fue él quien, además, se ocupó de la “custodia” de la cinta grabada a Fernández Díaz y De Alfonso en el despacho del entonces ministro del Interior.

Consultado tiempo después sobre la operación en Suiza en relación con la cuenta de Trias señala que la fuente que había vendido los datos en Suiza era fiable. “No entiendo lo que ha pasado, otras informaciones procedentes de esa fuente habían sido fidedignas y muy útiles. No ha sido una clásica chapuza”, explicó García Castaño a este diario. 

La doble actividad, patriótica-partidista, no cesa. En junio de 2015 el diario La Razón, bien relacionado con Fernández Díaz, publica en primera página una fotografía en la que se ve al portavoz de Interior, Trevín, en un local cercano al Congreso de los Diputados tomando café con dos comisarios de policía. Tres días después son cesados en sus destinos. Los tribunales anularon más tarde el cese de uno de ellos, sin justificación alguna.

A finales de 2015, Villarejo consigue hacerse con un pendrive que contiene información de una tarjeta de un teléfono móvil que le han robado, en noviembre de 2015, a la que había sido jefa de gabinete de Pablo Iglesias en el Parlamento Europea, Dina Bousselham. Algunos detalles se filtran a medios de comunicación como El Confidencial y OK Diario, que sale al mercado en septiembre de 2015, y comienza una campaña sistemática con material del teléfono robado y otros informes fabricados contra Pablo Iglesias.

En 2016, en pleno proceso de negociaciones entre PSOE y Podemos para formar gobierno, se pone en circulación el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) según el cual el partido Podemos se financia irregularmente en Irán y Venezuela. 

Al igual que el documento apócrifo de la UDEF sobre Artur Mas y Jordi Pujol de noviembre de 2012, el informe PISA ha sido elaborado por la “inteligencia” policial, en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), sobre flujos de fondos presuntamente recibidos por Podemos desde Venezuela e Irán. El 12 de marzo de 2016, veinticuatro horas antes de que se constituyan las Cortes Generales - tras la repetición de elecciones- la Policía sigue a rajatabla el patrón ya conocido: el informe se filtra a medios de comunicación. Y cómo no Manos Limpias presenta una querella contra los diputados Pablo Iglesias e Iñigo Errejón en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

El comisario Manuel Vázquez López, jefe saliente de la UDEF, departamento al que se había encomendado “perfeccionar” el informe PISA, envía al Tribunal de Cuentas, en febrero de 2016, un escrito de acompañamiento al informe PISA -documento que no llevaba membrete alguno- en el cual solicita que se estudie el informe y se comunique a la UDEF “cualquier irregularidad” en relación con delitos fiscales, blanqueo de capitales o financiación ilegal de Podemos.

Vázquez López rinde todavía un último servicio a quienes le acaban de promover a la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Y llama por teléfono, en marzo de 2016, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que está examinando la querella de Manos Limpias contra Iglesias y Errejón. El comisario se ofrece a explicar en profundidad el informe PISA. 

 La Fiscalía del Supremo informa contra la admisión de la querella por carecer de fundamento. Y la Sala de Admisión decide desestimar la querella de Manos Limpias el 13 de abril de 2016. Estima que no hay delitos. “Carecen de elementos acreditativos iniciales mínimos”, sentencian los magistrados.

Ergo: se trataba de una vulgar fabricación. Es un montaje de la misma fábrica que produjo el apócrifo informe de la UDEF sobre Cataluña de noviembre de 2014.

Y last but not least, entre las actividades de la policía política está la corrupción. O cómo taparla cuando se trata del PP. Tres responsables policiales han declarado en sede judicial que fueron presionados o recibieron órdenes para paralizar u ocultar la investigación sobre el ático de Ignacio González. entonces presidente de la Comunidad de Madrid en la urbanización Alhambra Golf de Guadalmina, Estepona.

Eugenio Pino ordenó al comisario de Marbella, Agapito Hermes que no siguiera la investigación. A Enrique Rodríguez Ulla, comisario de Policía Judicial, le exigió cerrarla, y el excomisario Villarejo declaró ante la justicia que el director general Cosidó le ordenó paralizarla.

Y, también en relación con la corrupción, hay que apuntar la operación Kitchen, es decir, la utilización a partir de 2013 de policías y del aparato del Estado para controlar, con el fin de “desactivarlo”, al extesorero del PP, Luis Bárcenas, tras su enfrentamiento con la cúpula del partido y a raíz de la amenaza potencial que podía suponer para Rajoy y su gobierno la información que pudiera atesorar en su domicilio u otro lugar oculto. A Bárcenas le seguía permanentemente un equipo de policías de Interior, que había conseguido convertir a su escolta, Sergio Ríos, en espía de la operación de control, un tema por el cual había presentado prguntas Trevín en el Congreso.

Un inciso personal en relación con Kitchen. En mayo de 2015 estaba trabajando sobre el que sería mi segundo y definitivo libro sobre Luis Bárcenas, Mariano Rajoy y el Partido Popular, "Queríamos tanto a Luis". Bárcenas me concedió una tarde de conversación en un bufete de abogados en el madrileño paseo de La Castellana. El encuentro, acordado para el 12 de mayo de 2015, comenzó sobre las cinco de la tarde y finalizó sobre las nueve y cuarto. Tomé notas de lo que hablamos. Salí del despacho y me dirigí por el paseo de La Castellana hacia Goya para cruzar en dirección a la calle de Génova. Mientras esperaba casi que el semáforo se pusiera en verde, envié un mensaje por mi teléfono móvil. Y en ese preciso momento, una moto de alta cilindrada conducida por una persona muy robusta que venía desde la plaza de Colón rozó prácticamente el bordillo a gran velocidad y me arrebató el teléfono ante el pasmo de mí mismo y de la gran cantidad de transeúntes presente. El periódico La Gaceta, del grupo Intereconomía, propiedad de Julio Ariza, cuyas relaciones con Bárcenas eran muy buenas, hizo al día siguiente un relato pormenorizado sobre el incidente, como si alguien hubiese estado junto a mi en el preciso momento del robo.

Presenté la denuncia a una comisaría de policía esa misma tarde. Y también llamé por teléfono al comisario Enrique García Castaño, con quien había mantenido contacto durante las investigaciones de los atentados del 11-M de 2004. Me dijo que se iba a ocupar. Me llamaron de una comisaría cercana a Goya para interesarse. Pero no supe más. Ignoraba, por supuesto, que en aquellas fechas, el comisario García Castaño, precisamente, ¡estaba metido de hoz y coz junto a Villarejo en la operación de espionaje y control de Bárcenas, la llamada operación Kitchen! ¿Quizás el grupo policial esperaba encontrar una grabación y otros datos en mi teléfono sabiendo que escribía un libro y acababa de reunirme con Bárcenas? No sería extraño, pues, que el robo tuvo que ver con esa operación.

La investigación del caso Villarejo, dividido en múltiples piezas separadas, ha tenido que superar muchas dificultades. Una de ellas era fundamental porque obstaculizaba y desviaba procesalmente los objetivos de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, miembros de la Fiscalía Anticorrupción a cargo del caso Villarejo. Y ese obstáculo tenía nombre y apellido: el juez Diego de Egea. Como juez de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, De Egea se hizo cargo del caso desde noviembre de 2017, tras ser detenido Villarejo.

De Egea, que mantuvo en prisión provisional al socio de Villarejo, cuarenta y ocho horas, orientó la causa separando en compartimentos estancos las actividades de García Castaño y Villarejo. Según acaba de poner negro sobre blanco un auto de la sección tercera de la Audiencia Nacional del pasado 9 de abril, en el que desestima un recurso de García Castaño contra la acumulación de las causas.

“Tal como se desprende de la documentación intervenida en el domicilio de José Manuel Villarejo...hay información que pone ya definitivamente de manifiesto la colaboración estable entre García Castaño y Villarejo prolongada a lo largo del tiempo, no puntual. Por eso se hace necesaria una investigación conjunta en unas únicas diligencias pues las fuentes de prueba en ambos procedimientos son básicamente las mismas y la separación que hasta ahora se ha venido produciendo podría producir una división de la continencia de la causa sin que se justifique que uno de los presuntos integrantes de la organización criminal sea investigado en unas diligencias al margen del resto de los presuntos integrantes de la misma”.

Tanto los fiscales como el juez Manuel García-Castellón han logrado blindar, con la salida de De Egea, la investigación.  

Entre los objetivos de la operación Kitchen están, todo a su tiempo, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su jefe de gabinete y más tarde secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El comisario García Castaño ha implicado directamente en el montaje de Kitchen a Martínez. Pero ambos han sido nombrados por el PP miembros de la Diputación Permanente del Congreso. Y la investigación tiene todavía recorrido hasta adoptar la decisión de elevar una exposición razonada al Supremo para imputarles. O, simplemente, para ofrecerles declarar voluntariamente -sin perder la competencia de la causa- al amparo del artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Los diputados tienen la potestad ara aceptar la oferta o rechazarla en ejercicio de su derecho de defensa.

La Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos concluyó en su dictamen, aprobado el 21 de septiembre de 2017 por el Pleno del Congreso de Diputados, que “en el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones de Ignacio Cosidó, por orden del director adjunto operativo Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las Brigadas de Análisis y Revisión de Casos, BARC), el nacionalismo catalán (Xavier Trías) o Podemos (Informe PISA)”.

Añadía: “Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.