MadridEl Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, venía sosteniendo desde hace meses que Hacienda podía acreditar que no se había gastado un euro de fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Y, además, el magistrado instructor Pablo Llarena, contaba con los informes en este sentido que Hacienda había enviado el mes de febrero al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a requerimiento del 24 de noviembre del juez Juan Antonio Martínez Sunyer.
Ayer el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, el alto cargo del gobierno de Mariano Rajoy responsable de la aplicación del artículo 155 de intervención de la autonomía, reiteró en una entrevista en la Cadena Ser que cada semana la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, reporta los datos y certifica que no ha habido ningún gasto relacionado con el 1-0. "El ministro sabe que desde que hay un control financiero estricto de la interventora de la Generalitat que certifica que no ha habido ese tipo de gasto. Puede haber, eso sí, falsificación de facturas y se puede haber producido otro tipo de malversación, como la cesión o el uso de locales y de elementos públicos".
Este fue uno de los informes que la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales, en efecto, envió al juez Martínez Sunyer en el mes de febrero en respuesta a su requerimiento sobre gastos públicos el 1-O. Vidal señala en estos "informes" que no le consta ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del Presupuesto de la Generalitat para consultas populares, bloqueado, además, por resolución del Tribunal Constitucional. Los únicos gastos han sido 19.366,68 euros y 6.154,66 euros realizados por el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) para el mantenimiento “ordinario y evolutivo de programas ya existentes en el Departamento de Gobernación.
El magistrado instructor señala el 23 de marzo en el auto de procesamiento que “los gastos públicos que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum… sumarían un total de 1.602.001,57 euros”, cifra ampliada en las últimas horas por la Guardia Civil a 1,9 millones. El lenguaje “necesariamente habían de realizarse” refleja, pues, una afirmación muy condicional, lo mismo que el término “comprometerse”. Pero, ¿por qué Llarena ante esta condicionalidad y sabiendo que durante meses que la intervención de la Generalitat sostenía la inexistencia de soportes de gasto en el 1-O no solicitó algo tan elemental como un informe a Hacienda? ¿Por qué no lo hizo precisamente a la hora de dictar su auto de procesamiento?
Había en principio una contradicción que el juez, que aparte de investigar también debe o debería velar por las garantías procesales, conocía y que se negó a reflejar en la causa. ¿Y por qué dado que Montoro declaró lo mismo el pasado lunes que él y Rajoy ya habían dicho en el Congreso ahora sí ha requerido al ministerio de Hacienda? Aparte del hecho de que las afirmaciones ya conocidas de Montoro cayeron en pleno proceso de las declaraciones indagatorias que comenzaban precisamente el lunes y que algunos de los procesados, como el caso de Josep Rull, las citaron ante Llarena, hay otra explicación muy sugerente.
Y es que las nuevas declaraciones han caído en medio de la resolución, el auto, que está redactando Llarena en el que desestima los recursos de reforma que han presentado las defensas contra el auto de procesamiento. Una vez que Llarena lo haga, los recursos de apelación pasarán a la Sala de Recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero aunque su auto desestimará los recursos de los procesados, ¿cómo resolver haciendo una vez más oídos sordos a la declaración de Montoro? Cantaba mucho más que la indiferencia de Llarena durante estos largos meses sobre las afirmaciones de Montoro y Rajoy, que ya recogían algunas defensas.
Veamos un ejemplo. En el recursos de reforma que presenta el abogado Pau Molins, que defiende al ex consejero Santi Vila, se aporta, al negar que su cliente haya incurrido en el delito de malversación, el diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 7 de febrero. En respuesta a Albert Rivera, Rajoy dice: "No hay ningún informe de nadie que diga que el con el Fondo de Liquidez Autonómica se han pagado los gastos [del 1-O] y si usted tiene el informe o puede aportar alguna prueba o factura, désela al gpbierno de España o dígaselo, si lo estima oportuno y conveniente, a los tribunales".
La nueva diligencia, por tanto, retrasa la decisión del juez instructor sobre los recursos a su auto de procesamiento y la entrada de los recursos de apelación ante la Sala de Recursos. Llarena tendrá que incorporar a la causa los informes de Hacienda y dar oportunidad a los procesados para que se pronuncien. Las defensas podrán, asimismo, en ejercicio de sus derechos solicitar la comparecencia del ministro Montoro, del secretario de Administraciones Territoriales, Bermúdez de Castro y de la interventora general Rosa Vidal.
Despachar este asunto con el argumento de que esto debería sustanciarse durante el juicio oral sería cerrar completamente en falso una instrucción cuyo único objetivo habría consistido en dictar cuanto antes el auto de conclusión –tras la decisión de la Sala de Recursos- para poner fecha –señalar- al enjuiciamiento a finales de octubre o noviembre. Un curso de acción en este sentido debilitaría, asimismo, la posición del Supremo y de la Fiscalía en los procedimientos de extradición en marcha en Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza.
