Por qué no se va a aprobar la reforma de la Constitución para limitar los aforamientos

La figura del aforado permite al Supremo concentrar todo el poder judicial

Los aforamientos son incompatibles con el principio de igualdad, con el derecho al juez natural y con el derecho a la doble instancia en el proceso penal. Son, por lo tanto, materialmente anticonstitucionales. Por eso mismo, únicamente si el constituyente expresamente los contempla, pueden ser aceptados.

No hay que hacer ningún esfuerzo intelectual para justificar el fin de un privilegio odioso. Sí hay que hacerlo, por el contrario para justificar su conservación. Más todavía desde que se dejó atrás el constitucionalismo liberal fuertemente oligárquico anterior a la Primera Guerra Mundial y nos adentramos en el constitucionalismo democrático, en el que el principio de legitimación democrática del poder se convierte en la base de toda la organización jurídico-política, como dejó dicho el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias, la STC 6/1981.

La amplitud de los aforamientos en nuestro ordenamiento jurídico es uno de los indicadores más claros de las dificultades que España ha tenido para constituirse como un Estado democrático de derecho. Hemos sido el último de los países europeos occidentales en hacerlo y lo hemos hecho a partir de un Régimen militar nacido de una espantosa guerra civil, que mantuvo como norma jurídica la concentración de todo el poder en el General Franco como Jefe del Estado y que tuvo fuerza suficiente como para organizar su sucesión mediante una Restauración de la Monarquía, que pilotaría el proceso que conduciría a la Constitución de 1978.

La democracia española nació cargada de anomalías, de anomalías desde la perspectiva del principio de legitimidad democrática. La amplitud de los aforamientos es una de ellas. Sin la perversa trayectoria de lo que fue la “Monarquía Española” de las Constituciones de 1845 y 1876 y la trayectoria infinitamente más perversa todavía del Régimen del General Franco, no tendríamos esta anomalía democrática perversa en los términos en que la tenemos.

Utilizó el adjetivo perversa deliberadamente, porque es el pertinente. El aforamiento se suele contemplar exclusivamente desde la perspectiva de la persona a la que se concede ese privilegio, pasando por alto la perspectiva del órgano jurisdiccional al que se atribuye el conocimiento de la conducta de esa persona. Y si es perverso el privilegio desde la primera perspectiva, no lo es menos desde la segunda. Puede que incluso lo sea más todavía desde esta última.

El aforamiento, cuando se produce ante el Tribunal Supremo especialmente, concentra el poder judicial en una única instancia, cuya decisión es inapelable, lo que le permite calificar penalmente la conducta de los ciudadanos aforados sin control de ningún tipo. Ello conduce a una acumulación de poder terrible, que es posiblemente la más peligrosa en  el interior del Estado democrático.

Dependiendo de las circunstancias políticas, el aforamiento puede convertirse en una garantía personal, que es como lo está viendo Pablo Casado, o en una privación de garantías, que es como lo tiene que estar viendo Oriol Junqueras. El aforamiento permite que el Tribunal Supremo pueda no ver indicios de delito donde una juez de instrucción de Madrid sí los ha visto en situaciones idénticas y pueda ver indicios de delito de rebelión en unas conductas en las que ningún otro órgano judicial que ha tenido que estudiarlas lo ha visto.

En esta concentración del poder judicial, del que se puede hacer uso de manera discrecional y que, al carecer de control ulterior, puede ser arbitrario y discriminatorio, es donde reside el momento más perverso de la institución del aforamiento.

Justamente por eso, la reforma no va a salir adelante. Porque el PP tiene interés en conservar ese momento de máxima perversión del instituto. En el procesamiento de los Oriol Junqueras y demás querellados está la clave de por qué la reforma constitucional no se va a hacer.

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