La pieza Puigdemont en la partida de ajedrez entre el fiscal general y el juez

MadridEl Gobierno nombró fiscal general del Estado al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, el pasado 7 de diciembre de 2017. Dos días antes, el día 5, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tomó la decisión de retirar la euroorden de detención y entrega de Carles Puigdemont y otros cuatro consejeros cesados instalados en Bruselas y en la Unión Eurlopea. Además, canceló la orden de arresto internacional.

Tanto la euroorden como la de arresto internacional habían sido cursadas a principios de noviembre por la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Llarena anuló las órdenes de oficio. En aquellos días de diciembre, la Fiscalía General del Estado estaba en manos del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, a la espera de la toma de posesión de Sánchez Melgar, prevista para el 12 de diciembre.

Los fiscales del Supremo entendían la iniciativa de Llarena de anular la euroorden a Bélgica, para evitar una entrega por delitos menores a los de rebelión y sedición o peor, el rechazo de la extradición. Pero no creían que esa decisión se podría justificar públicamente.

En realidad, lo que a Llarena le preocupaba y sigue obsesionándole es que ningún juez extranjero -y no digamos flamenco como ocurrió en Bélgica- intervenga en la instrucción del Tribunal Supremo.

Porque aunque Bélgica hubiese entregado a Puigdemont por delitos menores a los de rebelión y sedición -malversación por ejemplo- la cláusula de especialidad exige que tras juzgarle por el delito o los delitos por los que una persona ha sido extraditada se le dan 45 días. Si permanece en el territorio, en este caso, español, puede ser juzgado por aquellos delitos que no fueron autorizados por el país, en este caso Bélgica.

Por tanto, el problema no era tanto los delitos sino el deseo del magistrado Llarena de instruir la causa rápidamente y sin injerencia judicial del exterior.

Y aquí los planteamientos de la Fiscalía General del Estado y los fiscales del Tribunal Supremo, por un lado, y los del magistrado Llarena conocen una división.

Sánchez Melgar creía, desde el momento en que Puigdemont acordó -a propuesta suya según fuentes de la Universidad de Copenhague- viajar a Dinamarca, que aquello sobre lo que no pudo influir el 5 de diciembre -porque no había sido nombrado ni tomado posesión-, a saber, la retirada de la euroorden y la orden de arresto internacional, contarían esta vez con su posición y la de los fiscales del Supremo.

Por eso anunció ayer domingo en un comunicado de siete líneas que si se confirmaba el viaje de Puigdemont cursaría la solicitud a Llarena. Y lo hizo a las 9.45 de esta mañana, media hora después, aproximadamente, de que Puigdemont bajara del avión en Copenhague.

Llarena, pues, tiene que resolver, y lo ha hecho rechazando la petición de la Fiscalía.