Rajoy adjudica a dedo a Indra el recuento electoral del 21-D

El Estado alega "necesidades que afectan a la defensa nacional" para hacer el trámite sin concurso

La aplicación del artículo 155 ha provocado una situación de excepcionalidad en muchos ámbitos de la política y la sociedad catalanas. Y la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre tampoco ha quedado al margen. Según ha podido saber el ARA, el recuento de los comicios se ha adjudicado a dedo a Indra, sin que el resto de compañías competidoras hayan podido optar al contrato. Indra es una empresa el principal accionista individual de la cuál es el Estado, ya que controla el 18,7% del capital. El mismo Estado ha usado lo que se llama una tramitación de emergencia, una excepción que recoge la ley de contratos del sector público por si la administración "debe actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional". De hecho, el 'Boletín Oficial del Estado' ya publicó que todos los trámites relacionados con el 21-D se harían, precisamente, por esta vía de emergencia.

El presidente español, Mariano Rajoy, convocó las elecciones el 27 de octubre. Este anuncio repentino daba un margen de menos de dos meses entre el anuncio de los comicios y la fecha de la votación. En un contexto normal, la administración que organiza las elecciones habría colgado el contrato en una página web pública junto con el correspondiente pliego de condiciones técnicas y económicas. A partir de ahí, las compañías interesadas habrían hecho sus propuestas y los técnicos escogerían la oferta ganadora.

Desde la aplicación del 155, el Ministerio del Interior es quien ha asumido las competencias para convocar elecciones en Cataluña en lugar de los departamentos de Gobernación o Economía. Concretamente Juan Antonio Puigserver, el actual secretario general técnico del ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido, fue nombrado el 3 de noviembre para coordinar la organización del 21-D. Fuentes del Ministerio del Interior, sin embargo, se excusaron diciendo que la adjudicación del recuento lo ha hecho la Generalitat y no el Estado (aunque es el Estado quien tiene el control de la Generalitat segun el artículo 155). Fuentes del gobierno catalán explican que, por falta de tiempo, se ha elegido Indra porque era la última empresa que había hecho el recuento de unas elecciones catalanas (las del 27-S), lo que reduciría el "riesgo" y evitaría "incidencias" en el recuento.

Habitualmente la convocatoria para el recuento de unas elecciones se hace con unos seis meses de antelación para que las empresas puedan preparar bien sus proyectos y los técnicos fijen las condiciones, pero el trámite también se puede acortar. Sea como sea, bajo el contexto de emergencia que ha utilizado el Estado, éste no tiene la obligación de tramitar ningún expediente ni de hacer pública la licitación, sino que puede elegir libremente a quién le adjudica el contrato. En este caso, la beneficiada ha sido Indra. De hecho, este procedimiento de emergencia es aplicable a cualquier compra que haga la administración pública, si puede justificar que lo hace debido a una catástrofe o para garantizar la defensa nacional. En caso contrario, la decisión se podría impugnar.

Así pues, hasta que el contrato no se haga público tampoco se podrán conocer cuáles han sido las condiciones económicas. De todos modos, fuentes del sector recuerdan que las últimas elecciones catalanas se adjudicaron por un presupuesto de unos 1,5 millones de euros. Aunque la adjudicación se ha hecho con un procedimiento sin precedentes, las mismas fuentes insisten en que con los sistemas actuales de gestión de datos es muy difícil manipular una votación y que el trámite no debe influir de ninguna manera en los resultados del 21-D. De hecho, "para incrementar las garantías del recuento" en esta ocasión se publicarán los resultados no sólo por municipio sino también por mesa electoral.

Indra, que no quiso hacer ninguna valoración al ser contactada por el ARA, ha ostentado un casi monopolio en la gestión de elecciones de la historia de la democracia española. Sólo las ha perdido una vez, en las generales de 2015, cuando el recuento se lo adjudicó la catalana Scytl en consorcio con Tecnocom.

Además de tener el Estado como primer accionista (lo es a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI), el resto de grandes accionistas de Indra son la Corporación Financiera Alba, sociedad que controla el Grupo March (con un 10,5%), y el fondo estadounidense Fidelity Management Research (9,4%).

CONVOCATORIA URGENTE

Sin embargo, esta no es la primera vez que el Estado acorta el concurso público para unas elecciones por la falta de tiempo. En las últimas generales del 26 de junio de 2016, el ejecutivo de Mariano Rajoy ya decidió utilizar un procedimiento negociado de urgencia para adjudicar el recuento. A diferencia de la tramitación de emergencia utilizada ahora, entonces se invitó a un número limitado de empresas a que presentaran sus ofertas. Las escogidas para participar fueron la misma Indra, Scytl y Ibermática. En aquella ocasión tampoco se hizo público el concurso y no se conocieron las condiciones hasta que se resolvió.

En aquel momento Indra obtuvo el contrato haciendo una propuesta que recortaba un 40% el precio original del concurso. Finalmente, la adjudicación se hizo por un presupuesto de cerca de 9,5 millones. Para las próximas elecciones catalanas, sin embargo, no se ha contactado ninguna otra empresa e Indra se ha adjudicado el contrato a dedo.

Las claves

1. Como se ha tramitado la adjudicación del recuento del 21-D?
La elección de la empresa que hará el recuento de votos del 21-D se ha hecho sin concurso público y adjudicando directamente a la multinacional Indra. Aunque en ocasiones anteriores las elecciones ya se habían convocado con plazos similares, el Estado ha optado por aducir la "defensa nacional" para hacer un trámite de emergencia. En 2016 el Estado adjudicó el recuento de las elecciones generales con un trámite urgente (que no de emergencia). En aquella ocasión convocó tres empresas individualmente y les pidió que hicieran ofertas. Ahora, sin embargo, no se ha dado la ocasión a nadie más que a Indra para que pudiera ofrecer el servicio. Tampoco se ha publicado el contrato en ninguna página oficial ni se ha establecido el pliego de condiciones técnicas y económicas habitual.

2. ¿En qué consiste este procedimiento de emergencia?
Se reserva para aquellas situaciones en que el Estado debe resolver una licitación de manera muy urgente. Según la ley de contratos públicos esto se puede justificar en caso de que haya un "evento catastrófico", una situación que pueda suponer un grave peligro o por necesidades que afecten a la "defensa nacional".

3. ¿Este tipo de tramitación tan poco habitual puede insinuar el riesgo de que se produzca un pucherazo en el recuento?
No. Todas las fuentes consultadas descartan que se pueda producir ninguna irregularidad. Además, Indra hará el recuento provisional. El oficial se hace posteriormente. Sea como sea, la Generalitat indica que, para dar más garantías, al día siguiente de las elecciones Indra también publicará el recuento mesa por mesa, y no sólo por municipio, como hace habitualmente.

4. ¿Qué relación tiene el estado español con Indra?
Es el principal accionista, con un 18,7% del capital. Esto genera dudas: ¿hasta qué punto una adjudicación a dedo a una empresa que controla el mismo estado es un conflicto de intereses? En la práctica, la empresa ha mantenido un monopolio en la gestión de procesos electorales en España.

Más contenidos de