'Rebellion Kaputt' o Puigdemont no es un traidor

Rechazada la extradición por ausencia de violencia y en principio admitida por malversación

Los jueces de la Audiencia Territorial de Schleswig Holstein han dado un golpe muy serio a la construcción jurídica del delito de rebelión del magistrado Pablo Llarena. Por un lado dicen que descartan desde el principio el delito de rebelión porque en Alemania faltaría, para ser castigado, el elemento clave del tipo delictivo: la violencia, el uso de la fuerza.

Pero, al decir esto, y quizá sin saberlo, desde el norte de Alemania hacen un salto de paracaídas sobre el artículo 472 del código penal español, que requiere la violencia para el tipo de rebelión. Un requisito que Llarena ha “actualizado” en su elaboración con la existencia de amenaza de violencia o violencia potencial.

Lo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo nunca hubiese esperado es un escenario parecido al que apunté en ARA el pasado martes, esto es, que los jueces alemanes entrasen en los hechos.    

Es decir: ¿existió o no violencia? La idea de Llarena y de todo el establishment judicial: si se entra en estos detalles toda la idea de una euroorden se vendría abajo, se retrocedería pasos gigantescos en el espacio judicial europeo.

Pero esta presunción obviaba un hecho esencial: la euroorden quedó desbordada por delitos que no están entre los 32 enumerados para la entrega exprés. Ni la rebelión ni la malversación disfrazada de corrupción forman parte de ellos. Por lo tanto, los jueces alemanes tendrían que razonar en términos de la ley interna (asistencia mutua internacional), lo que tampoco era de gran ayuda.

Es decir: finalmente deberían abordar el tándem alta traición (81,82 y 83 del código penal alemán) y rebelión del 472 del código español. No hay que ser experto para darse cuenta del desequilibrio entre ese delito y el de rebelión. Con solo leer el título de estos delitos en el  código penal alemán es suficiente: “Traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado Democrático de Derecho”.

Y se exige la violencia o amenaza de violencia para modificar la Constitución de la Federación y para separar una parte del territorio del resto. Pero no se trata simplemente del peligro o riesgo de la violencia. Sino de la violencia concebida como promotora de la modificación de la Constitución federal o de la separación o segregación territorial. Vaya, una insurrección en toda regla.

Lo que Llarena tampoco podía esperar es que ni siquiera se haya tenido en cuenta la “amenaza de violencia”, que él  cuidadosamente ha adjudicado a Puigdemont, reinterpretando el 472 del código penal español. Por tanto, los jueces alemanes han dicho: para nosotros Puigdemont no es un traidor del 81-83 del código penal alemán. Es decir: 'Rebellion Kaputt'. Se acabó desde el principio.

Lo que no es inadmisible desde el principio, en cambio, es la malversación, dicen los jueces alemanes. Pero esto será objeto ahora del procedimiento de extradición. Porque Alemania eliminó el delito de malversación en 1974 y lo sustituyó por el de apropiación indebida del artículo 246 del código penal, que podría también corresponderse con el 266 de abuso de confianza.

Llarena no sólo está exactamente, auto de procesamiento mediante, donde estaba en el momento de retirar la euroorden de Bélgica el pasado 5 de diciembre por el temor a una entrega solamente por malversación. Es una situación peor. Porque la decisión de la prestigiosa justicia alemana influirá en los procedimientos de extradición en curso en Escocia, Bélgica, y Suiza, y puede dar lugar a un efecto dominó.

Llarena aceptará la entrega por malversación pero tendrá que conseguirla. No es un hecho. Ahora, después de una goleada del equipo de Puigdemont se abre un debate sobre la malversación en la Audiencia de Schleswig-Holstein que puede extenderse durante dos meses como mínimo.

La derrota de Llarena en Alemania se ha sumado al revés de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su intento chapucero de meter –sin éxito- en prisión a Hervé Falciani, uno de los hombres que más ayudaron a la Agencia Tributaria de España, Estados Unidos y la Unión Europea, y todavía siguen haciéndolo,  en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. Una operación del 'Deep State', el estado profundo chapuza, dirigida a hacer un guiño a Suiza para conseguir la extradición de Marta Rovira. Operación abortada por los jueces Diego de Egea y Manuel García-Castellón en el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional.