SOS Racismo denuncia que el incendio en Badalona es consecuencia del "racismo institucional"

BarcelonaLa ONG SOS Racismo ha lamentado profundamente el incendio de este miércoles por la noche en una nave industrial okupada de Badalona que ha dejado al menos tres muertos, y ha denunciado que hechos como este ponen en evidencia el "racismo institucional" que existe en la sociedad. "En el Día Internacional de los Derechos Humanos denunciamos como, más que nunca, se han convertido en un privilegio", lamenta la ONG en un comunicado, en que subraya que accidentes como el de ayer "son una consecuencia directa de un sistema capitalista, clasista y racista que vulnera los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migradas".

La entidad afirma que las instituciones de todos los niveles -municipales, autonómicas y estatales- "han vulnerado y vulneran sistemáticamente" los derechos humanos, y subraya que los hechos sucedidos en Badalona "son la consecuencia de haber privado a todas estas personas de derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna, a la seguridad social, al trabajo y a la salud". Por eso insiste que es "obligación y deber" de las administraciones "respetar, proteger y garantizar" el acceso a estos derechos por parte de todos los ciudadanos. En este punto señala directamente al Ayuntamiento de Badalona y su alcalde, Xavier García Albiol, a los cuales considera "cómplices necesarios, por acción u omisión", de los hechos ocurridos, a la vez que responsabiliza concretamente a Albiol de "promover los discursos de odio y la xenofobia hacia una parte de la población, desviando el foco de atención (cuando hay vidas humanas en juego) hacia el incivismo y la supuesta delincuencia", y de "liderar una política racista que niega los derechos más básicos, al padrón, a la atención social o a una vivienda digna", denuncia.

La ONG también responsabiliza a la Generalitat por la "carencia de políticas que garanticen el acceso a una vivienda para todas las vecinas y por el colapso de la mesa de emergencia". Por último, también señala el Estado por "negarse a regularizar las personas en situación administrativa irregular, incluso en medio de una pandemia, excluyendo y dejando todavía más atrás a miles de personas", subraya.

En el mismo comunicado, la entidad también denuncia que las políticas migratorias estatales y europeas y la ley de extranjería "empujan a muchas personas a la irregularidad, a la precariedad, a la exclusión, al acoso policial en los espacios públicos, a la explotación laboral y al constante peligro de deportación, previo paso por un CIE o siendo víctima de una deportación exprés, sin ninguna garantía jurídica". "La violencia del aparato deportador, las trabas burocráticas para conseguir regularizar la situación y la constante criminalización de la migración nos permiten afirmar que vivimos en una sociedad estructuralmente racista", señala la ONG, que concluye: "Vivir con dignidad no es sufrir constantemente una carencia de recursos o el riesgo de ser desalojados o afectados por un incendio".

Por todo ello, la ONG -junto con una veintena de entidades más- reclama la regularización de todas las personas en situación administrativa irregular y que las administraciones garanticen el acceso a los derechos básicos, como el padrón, la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como garantizar la tutela y el apoyo a la juventud migrante hasta su autonomía y cumplir los compromisos adquiridos por parte de las instituciones municipales y autonómicas: el cierre de los CIE y el fin de las identificaciones ilegales por perfil racial y las deportaciones forzosas.