Sánchez y Cuixart estaran meses en prisión preventiva

Fueron recibidos en la sala de ingresos de Soto del Real con banderitas españolas

La prisión preventiva de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Omnium, respectivamente, durará meses. Y se desarrollará, si se cumple el guión, durante la vigencia del artículo 155 de la Constitución de intervención parcial de la autonomía, con el Gobierno de Rajoy dando instrucciones a ciertos departamentos de la Generalitat, al menos orden público y economía.

La defensa de ambos dirigentes, que fueron recibidos con banderitas españolas en la sala de ingreso de Soto del Real, presentará antes de finalizar esta semana recursos de apelación contra el auto de prisión de la juez Carmen Lamela ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional, formada por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel. Pero esos recursos, como es normal, tienen muy pocas posibilidades de prosperar.

Uno de los casos más sonados que ha instruido la jueza Lamela ha sido el perseguir por delito de terrorismo las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra Alsasua el 15 de octubre de 2016. La sección confirmó los hechos como delito de terrorismo y afirmó la competencia de la juez Lamela para investigarlos en la Audiencia Nacional.

El ejemplo de Alsasua es pertinente porque  Jordi Pina y Marina Roig, abogados penalistas de Sánchez y Cuixart, respectivamente, cuestionan tanto la calificación del delito de sedición como la competencia de la Audiencia Nacional. La sección cuarta, pues, tiene pendiente pronunciarse sobre ambos asuntos. Cuando los delitos superan la pena de tres años, la prisión preventiva puede extenderse durante dos años ampliables por otros dos. La instrucción de esta causa, ¿se eternizará como suele ocurrir en el sistema judicial?

La denuncia original de la Fiscalía de la Audiencia  Nacional persigue los hechos del 20/21 de septiembre en la consejería de Economía, es decir, los enfrentamientos con ocasión de la entrada y registro de una comisión judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona apoyada por la Guardia Civil.

Pero esta denuncia será ampliada en los próximos días. La Guardia Civil rastrea nuevas pruebas para esa ampliación (ayer no logró obtener grabaciones de los Mossos d’Esquadra con presuntas ordenes contradictorias en un registro de la sede de Emergencias de la Generalitat en Reus).

El objetivo de la Fiscalía es lograr con esa ampliación a los hechos del 1-O aquello que se le escapó el pasado lunes: la prisión incondicional del mayor Josep Llluís Trapero. En su auto sobre el mayor, la jueza Lamela deja la “percha” de los informes que le sitúan como una pieza clave del referéndum independentista y remite de hecho esas pistas a una investigación sobre la jornada del 1-O.

Por tanto, la duración de esta causa dependerá de lo que la Fiscalía se proponga. Si se circunscribe a los hechos del 20/9 y el 1-O, técnicamente se podría llegar a juicio oral en menos de un año. Pero no se puede descontextualizar estas actuaciones de la situación política y la marcha de la intervención de la autonomía. Y uno de los personajes claves todavía es objetivo de la Fiscalía: Trapero.  

Hay otro factor a considerar. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, está a la espera de la aplicación del artículo 155 para presentar una querella por sedición/rebelión contra Carles Puidgemont, en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo, asumiendo que podría perder el fuero, aunque los fiscales de sala de la división penal del Supremo se lo hayan desaconsejado precisamente porque el presunto delito se habría cometido durante su mandato de presidente. Maza quiere ponerse la medalla de llevar a prisión también al presidente de la Generalitat.

Más contenidos de

El + vist

El + comentat