Sánchez 'nombra' a Delgado para blindar el diálogo con Cataluña

La fiscal hizo de la Abogacía del Estado una fiscalía paralela 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que el intento de 'enderezar' -palabra utilizada por él- la situación en Cataluña pasa por llevar adelante un proceso de negociación sin interferencias o torpedos en la línea de flotación del diálogo a punto de arrancar. Y esas interferencias y torpedos le han llevado a apostar por la fiscal Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Sánchez ya abrió un surco en esta dirección en su discurso de investidura al denunciar las “zancadillas” y “artimañas jurídicas y extrajurídicas” después que la Junta Electoral Central adoptara la resolución de anular el viernes 4 de enero, víspera del debate en el Congreso de los Diputados, las actas del diputado Quim Torra, president de la Generalitat, y del eurodiputado Oriol Junqueras.

Sánchez decidió, asimismo, marcar territorio y filtrar el nombramiento de Dolores Delgado a primera hora del lunes, día 13 de enero, por una razón: tenía que ser antes de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya no digamos tomase posesión, sino que ni siquiera le había dado tiempo para jurar su cargo en Zarzuela. Debía quedar claro que la FGE dependerá del presidente, que seguirá en persona la mesa de diálogo Gobierno-Cataluña.

El presidente, según fuentes socialistas, había tomado la decisión con tiempo, sin improvisación alguna, y es posible, señalan otras fuentes, que Dolores Delgado intuyera que al dejar de ser ministra tendría la misión de ser fiscal general del Estado. Había señalado a algunos interlocutores a finales de año que sin saber lo que haría el presidente este la tendría en Justicia o en cualquier otro puesto a su servicio.

Aunque existe el antecedente de Javier Moscoso, ministro de la Presidencia que pasó desde ese puesto al de fiscal general del Estado en 1986, o el de Leopoldo Torres, que saltó de la vicepresidencia primera del Congreso de los Diputados a ser FGE en 1990 en sustitución de Moscoso, los paralelismos ocultan la singularidad de la decisión de Sánchez, expresada en la comunicación del nombramiento de Dolores Delgado.

Quizá sea testimonio de la maduración de esta decisión el diálogo que mantuvo con el periodista Iñigo Alfonso en en su programa Las Mañanas de RNE el pasado 6 de noviembre cuando este le preguntó por su afirmación de que se comprometía a traer a Carles Puigdemont a España en el debate electoral dos días antes. Sánchez preguntó: “¿De quien depende la Fiscalía General del Estado?” El periodista respondió: “Del Ejecutivo”, y Sánchez concluyó. “Pues ya está”.

La ministra propuso a una amiga suya, María José Segarra, para el puesto de fiscal general del Estado, tras la moción de censura de 2018, una decisión de la cual se arrepintió por la irrelevancia a la que optó Segarra para congraciarse con sus colegas.

Fue por esta razón que Delgado construyó de facto una fiscalía paralela a través de la Abogacía General del Estado. La calificación del delito de sedición, que tantas críticas cosechó, fue finalmente la opción asumida por la sentencia del Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019. Y sobre la sentencia del 19 de diciembre del TJUE sobre la inmunidad de Junqueras, Delgado aportó el gesto que requería ERC en plena negociación de la investidura.  A saber solicitar que se le deje salir para viajar a Estrasburgo bajo custodia.

Es curioso que el auto del tribunal del procésdel pasado 9 de enero sobre Junqueras solo cita expresamente, tanto para su provecho como para atacarla, al escrito de la Abogacía del Estado. En cambio, si bien aplica lo que le aconsejaba la Fiscalía del Supremo -anular del mandato de Junqueras amparándose en que ya está condenado- no se digna a citar su escrito.