Se estrecha el cerco en torno a Juan Carlos I

El rey emérito se autoinculpa presentando una declaración de regularización en Hacienda

El 42º aniversario de la Constitución española estuvo marcado por un hecho insólito: la noticia de que el rey emérito había presentado, a través de sus abogados, una declaración fiscal en Hacienda para intentar regularizar su situación en cuanto a los gastos hechos con tarjetas opacas. Es la primera vez que Juan Carlos I, que está refugiado a Abu Dhabi desde hace cuatro meses, admite que no ha pagado los impuestos que tocaban. Ahora Hacienda estudiará el escrito y decidirá qué hace, si acepta la propuesta, la rechaza o pide más información.

De todos modos, el caso de las tarjetas opacas es de los menos importantes del total de operaciones investigadas, ya sea por el fiscal suizo Yves Bertossa, la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía del Tribunal Supremo. Esta maniobra sería, por lo tanto, un intento de parar la causa judicial que tendría más probabilidades de salir adelante y de manera más rápida. Y en segundo lugar, y no menos importante, este caso involucra otros miembros de la casa real, como por ejemplo la reina Sofia, y se investiga si el actual rey, Felipe VI, y la reina Letizia también las habrían utilizado. Los abogados de Juan Carlos I creen que si consiguen cerrar este caso con un acuerdo con Hacienda, Felipe VI saldrá indemne.

Con todo, lo que es cada vez más evidente es que el cerco en torno al rey Juan Carlo I, que marchó de España con la idea de un regreso relativamente rápido, se está estrechando cada vez más. Ahora es cada vez más difícil que vuelva si no es para ser interrogado por un juez. Su estrategia es clara: dilatar al máximo las investigaciones y encontrar las rendijas legales para evadirlas. Recordemos que todo lo que hizo antes de abdicar el 2014 queda fuera del radar de la justicia, puesto que era inviolable. Lo que resulta especialmente escandaloso es que continuara con sus actividades presuntamente irregulares después de esta fecha.

Es probable, pues, que Juan Carlos I acabe afrontando alguna responsabilidad penal por sus actividades, aunque sea por el uso de unas tarjetas opacas, mientras sus fondos en el extranjero continúan blindados. Lo que ya no está tan claro es el impacto que todo ello puede acabar teniendo en la opinión pública española y en el prestigio de la monarquía, pieza clave del llamado régimen del 78. Será muy difícil para Felipe VI mantener el consenso del que disfrutó su padre casi hasta el final de su reinado si no hay un cambio radical que vaya más allá de desmarcarse del rey emérito.

Recordamos que el nombre de Felipe VI, cuando era todavía príncipe de Asturias, aparecía como segundo beneficiario de la fundación Lucum, creada por Juan Carlos I en 2008 para cobrar una donación que le hizo el ministerio de Finanzas de la Arabia Saudí (y que se investiga si era en realidad una comisión por el AVE a la Meca), un dinero que finalmente fue a parar a Corinna Larsen. El actual rey hizo una renuncia explícita a este dinero, pero es dudoso que con esto haya suficiente. Y más si, algún día, su padre tiene que pisar un tribunal de justicia español.

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