Una vendetta entre bandas rivales y afines al PP

La filtración del robo de cremas de Cristina Cifuentes precipita su defenestración

 

ERNESTO EKAIZER
ERNESTO EKAIZER

Cristina Cifuentes tenía previsto renunciar a la presidencia de la Comunidad de Madrid el 5 de mayo como consecuencia del máster ficticio que le regaló la Universidad Rey Juan Carlos y una vez que no se la imputara en las diligencias judiciales en curso. Los sectores que querían fulminarla antes, evitar una fiesta del 2 de mayo con ella al mando, necesitaban dar el golpe de gracia. Aquí te pillo, aquí te mato.

Tenía que ser una operación estilo Deep State, el Estado Profundo, definición más refinada que se usa en Estados Unidos para definir actividades que en España asociamos con el concepto más prosaico de poderes fácticos. Unos sectores del aparato del Estado entrelazada con gente del sector privado que utilizan como buzón a medios de comunicación para el ajuste de cuentas en la esfera de la actividad política.

Y en ese Deep State cabe situar también a gente vinculada a los que se han sentido afectados por Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy, gente relacionada con Ignacio González, Francisco Granados, y Esperanza Agirre, respectivamente.

El momento tardaba en llegar. OK Diario, medio que actúa como buzón, ha difundido siete años más tarde un video de 2011 que graba las circunstancias en las que la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes, roba unas cremas en el Eroski que está muy cerca de la institución.

Es interesante señalar que pillada in fraganti Cifuentes niega hasta el final que haya practicado el hurto. Hasta que finalmente decide abonar el importe.

Es un patrón de conducta que evoca la novela de John Grisham La tapadera, donde el abogado protagonista, Mitchell Y. McDeere, interpretado por Tom Cruise, dice: “Negar. Negar. Negar. Su teoría de la defensa penal consistía simplemente en: ¡Negar! No admitir nunca ningún hecho que pudiera ser indicio de culpabilidad”.

La misma conducta que Cifuentes ha observado en el escándalo del máster ficticio de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y que ha intentado endosar, desesperadamente, a la camarilla realmente existente en dicha institución, la que controlaba el catedrático Enrique Álvarez Conde y de la que ella resultó beneficiaria.

Si el Mastergate o Cifuentesgate surgió de las entrañas del volcán de enfrentamientos y camarillas que convivían en la URJC en los últimos diez años, como resultado, probablemente, de una vendetta entre personas y grupos rivales, amplificados desde fuera por las mentiras de Cifuentes y la división interna de dentro del Partido Popular, el video de la señora con “zapatos de Prada” que roba cremas, según dice una dependiente del Eroski, es el resultado del enfrentamiento entre bandas rivales dentro del PP, bandas vinculadas o beneficiarias de información procedente o controlada por sectores policiales y/o de inteligencia.

La resistencia de Cifuentes a abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid, su intento de esperar al resultado de las diligencias judiciales para decir que ella no ha sido imputada y, sobre todo, su deseo de conservar el escaño en la Asamblea de Madrid para protegerse frente a la investigación en curso en el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en la adjudicación  de la cafetería de la Asamblea al empresario Arturo Fernández en 2009, han llevado a los sectores que propician su renuncia a apelar a un último recurso: la guinda del video de 2011.

La historia, bien que lo sabe Mariano Rajoy, se repite. En marzo de 2015, Rajoy se cargó la candidatura de Ignacio González – a quien ya había impedido en 2010 ser presidente de Caja Madrid como quería Esperanza Aguirre, favoreciendo a Rodrigo Rato -  “a raíz” de filtrarse un audio al diario El Mundo.

También se trataba, mira por dónde, de  una grabación de 2011, donde González decía, entre otras cosas, al comisario Pepe Villarejo, uno de sus interlocutores en la cafetería madrileña La Mallorquina, lo siguiente: “El tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero”. Se refería, claro, a la investigación sobre su célebre ático de Estepona.

Ignacio González supo que fue una operación para destronarle de la candidatura a favor de Cristina Cifuentes.

En diálogo con este cronista, en la puerta del hotel Fénix de Madrid, tiempo después, González fue muy directo:

--Lo que hizo Rajoy es inadmisible, quería verme muerto, no me cabe la menor duda. Pero utilizar a los servicios de seguridad para un ajuste de cuentas y a los medios de comunicación, eso ya habla de una degradación de nuestro sistema democrático.

Cristina Cifuentes, que  se benefició de aquella operación con su nombramiento como candidata, se ve ahora una movida similar cuando las campanas que doblaban por González ahora lo hacen por ella.

Hay un personaje, en la trama privada, por así decir, de este golpe, según fuentes consultadas por ARA, que merece la pena apuntar.

Se trata de Julio Ariza, el ex patrón de Intereconomía, perteneciente al círculo íntimo de Esperanza Aguirre y de Ignacio González.

Ariza ya ha aparecido en otras operaciones. Por ejemplo, fue depositario, de una grabación al empresario de la construcción Rafael Palencia, en la que se explicaba pago de comisiones del 2 ó 3 por ciento al PP a cambio de adjudicación de obras. Esa grabación Ariza se la puso para que cobraran consciencia de la situación a Federico Trillo y María Dolores de Cospedal con el objetivo de alertar a Rajoy. Ariza también obtuvo de su amigo Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, el original de la fotocopia de 14 folios publicados por El País, para negociar conjuntamente con el abogado Miguel Durán una salida pactada del escándalo, en junio de 2013.  A María Dolores de Cospedal se le mostró el original. Pero el pacto no cuajó.

  Operación palaciega

Provocar la fulminante salida, como se ha conseguido, en lugar de dar largas como hasta ahora, era el propósito de la movida del video. Y la pregunta, entonces, es: ¿cuál es el objetivo de la operación? Los promotores tratan de asegurar una salida a la crisis que permita al PP seguir controlando la Comunidad de Madrid.

Y para ello la operación palaciega es el mal menor.

Es decir: se trata de imponer una salida a la murciana, en la que el PP ha sacrificado a Pedro Antonio Sánchez para negociar con Ciudadanos el control de la situación. Cifuentes lo ha dicho al dimitir: se trata de evitar que el Gobierno de la CAM pase a manos de la izquierda.

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