El Supremo contra Celia Villalobos

Como es su práctica habitual, el PP, apoyado por algunos medios, quiere dar la vuelta a la tortilla y convertir el 'caso Barberá' en el 'caso Conde-Pumpido'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha repudiado, interna y sigilosamente, según fuentes solventes, las declaraciones de la diputada y ex vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, contra el nombramiento del magistrado Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, como instructor de la causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales.

La sala también espera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reaccione ante el hecho de que el vocal Fernando Grande-Marlaska, presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no defendió en un programa de radio, el pasado miércoles, la integridad e independencia de Conde- Pumpido ante comentarios que afectaban su honorabilidad y se limitó a decir que prefería no hablar para no generar desconfianza.

Villalobos señaló, nada más conocerse el pasado martes el nombramiento del magistrado instructor: “¿Con el señor Conde-Pumpido? Yo me iría rápido, a toda leche. Y como confío en los jueces, pero no en Conde-Pumpido, espero que lo consiga resolver ella”.

CarlosLesmes y el CGPJ han permanecido en silencio ante el ataque brutal a un miembro del Supremo por parte de un miembro del poder legislativo, Celia Villalobos

Según dijo, Rita Barberá es una persona "profundamente honesta", y en dos décadas al frente del Ayuntamiento de Valencia “nadie ha podido demostrar nada” contra ella. Conde-Pumpido, dijo, “no ha sido nunca” imparcial, y por ello, según Villalobos, tampoco lo será en la causa contra Barberá.

Como es su práctica habitual, el PP, apoyado por algunos medios de comunicación, daba la vuelta a la tortilla y convertía el caso Barberá en el caso Conde-Pumpido.

Conde-Pumpido, que todavía no ha asumido la instrucción de la causa –el auto dictado el martes adquiere firmeza tres días después de ser notificado–, fue elegido según estricto turno por la sala de admisión, presidida por un magistrado conservador, Manuel Marchena, otros tres jueces de parecida orientación –José Manuel Maza, Francisco Monterde y José Manuel Soriano– y una magistrada progresista, Ana Ferrer.

Sin embargo, fuentes de la defensa de Barberá niegan que se vaya a recusar al magistrado. Además, la senadora ya no pertenece al PP, por lo que no puede invocar presunta animadversión del magistrado contra dicho partido.

A juzgar de la historia de las recusaciones, un eventual recurso carece de recorrido. La Sala Segunda nunca ha admitido una recusación.

El hecho de que haya ejercido durante siete años como fiscal general del Estado hay que enmarcarlo en cuarenta años de actividad -veinte de ellos en la Sala Segunda. En estos años no se ha abstenido en causas que afectaban a cargos políticos de diversos partidos. Y tampoco se le ha recusado.

El cargo de magistrado del Supremo es constitucionalmente compatible con ser fiscal general del Estado, magistrado del Tribunal Constitucional o vocal del CGPJ.

Si el hecho de haber ejercido como fiscal General del Estado cuestionase su independencia para instruir –que no juzgar en este caso–, ¿qué decir de que un director general de Justicia del gobierno de Aznar durante dos periodos, entre 1996 y 2005, sea el actual presidente del Supremo y del CGPJ?

En efecto, es el caso de Carlos Lesmes. Lo cierto es que, a pesar de tener estos antecedentes, Lesmes y el CGPJ han permanecido en silencio ante el ataque brutal a un miembro del Supremo por parte de un miembro del poder legislativo, Celia Villalobos, y la conducta de un vocal, Grande-Marlaska, que al presentar su libro en un programa de radio y escuchar comentarios que cuestionaban la integridad de Conde-Pumpido se abstuvo de observar que ello suponía un ataque a la independencia judicial.

La instrucción de la causa no empezará  hasta la semana próxima. Conde–Pumpido tendrá que llamar a Barberá a declarar asistida de letrado, es decir, como investigada. Fuentes consultadas aseguran que la citará para comparecer después de las elecciones del 25 de septiembre, respetando la norma no escrita de no “interferir” en procesos electorales. Claro que el PP podrá objetar que hacerlo después “interferirá” en el segundo intento de investidura de Rajoy. Lo dicho: el PP, víctima, convertirá el caso Barberá en el caso Conde–Pumpido.

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