El Supremo fijará con su resolución sobre Junqueras la hoja de ruta del juez Llarena

El magistrado instructor de la querella por delitos de rebelión, sedición y malversación, Pablo Llarena, dictó el pasado 22 de diciembre, el día después de las elecciones autonómicas, un auto para ampliar el “espacio subjetivo de las actuaciones” –léase imputar a Marta Rovira, Anna Gabriel, Mireia Boyá, Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras-, pero todavía no les ha citado a declarar.

¿Por qué se limitó a anunciar que serán imputados y no les convocó a prestar declaración, cosa que podía hacer al mismo tiempo?

Llarena recibió el 15 de diciembre uno de los informes de la Guardia Civil que solicitó con el fin de individualizar a quienes iba a incluir para ampliar el número de imputados en la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado el 30 de octubre de 2017.

El informe resumía los datos que la Guardia Civil ya había elevado en otros informes al juez titular del juzgado de instrucción 13 de Bárcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, y cumplía el encargo de Llarena: “individualizar”, esto es, poner nombres y apellidos.

Los cargos políticos y parlamentarios que aparecían en el informe Enfocats citados por sus funciones, fueron identificados con sus nombres con ayuda de los detalles –con asistentes a diversas reuniones- anotados de puño y letra por el entonces secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep María José, diputado electo por Esquerra Repúblicana de Cataluña el 21 de diciembre, en su famosa agenda Moleskine.

Tras recibir el 15 de diciembre el citado informe de la Guardia Civil, Llarena dictó el auto de ampliación de imputaciones con la intención de trasladarlo a las partes y hacerlo público en la mañana del 22 de diciembre. La razón para esta celeridad: advertir antes del comienzo de las negociaciones entre Junts pel Cataluña, ERC y CUP para formar gobierno que varios de sus dirigentes estaban en la lista de nuevos imputados.

Dos razones han llevado al magistrado a limitar de momento su actuación a anunciar los nuevos imputados sin citarles de momento a declarar sobre los hechos de Enfocats y la agenda Moleskine, las pretendidas pistolas humeantes halladas en el domicilio de Jové en el registro del pasado 20 de septiembre.

La primera es la vista que tendrá lugar el 4 de enero en el Tribunal Supremo convocada por la Sala de Recursos a raíz de la apelación presentada por la defensa de Oriol Junqueras contra la decisión de Llarena del pasado 4 de diciembre de mantenerle en prisión. La defensa ha solicitado la presencia de Junqueras y la Sala ha accedido a ello, aunque solo expondrá su abogado, Andreu Van den Eynde.

La Sala -que preside el magistrado Miguel Colmenero, uno de los candidatos a fiscal general del Estado tras la muerte de José Manuel Maza, e integran Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde- escuchará los argumentos y luego dará a conocer su decisión.

Fuentes judiciales consultadas por ARA señalan que al mantener o revocar la prisión de Junqueras la Sala hará una amplia valoración jurídica en apoyo de su resolución. Será el primer pronunciamiento de la Sala sobre un recurso de apelación contra la decisión del magistrado instructor del 4 de diciembre.

“Será una pieza importante, en uno u otro sentido, que pesará estratégicamente sobre la instrucción. Para el magistrado Llarena este auto será una referencia que puede guiar sus pasos futuros, es decir, tendrá que ir más allá de una revisión de los tres riesgos clásicos de la prisión preventiva: peligro de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva”, explicó la fuente consultada.

La segunda razón que tuvo en cuenta Llarena para no avanzar, el pasado 22 de diciembre, la citación de los nuevos imputados, es la declaración, a petición propia, de Joaquín Forn, Jordi Sánchez –ambos diputados electos del Parlament el 21 de diciembre- ante el magistrado, y Jordi Cuixart el próximo 11 de enero.

Con ocasión de sus comparecencias ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, Forn y Sánchez solo respondieron a preguntas de su letrado mientras que Cuixart se acogió a su derecho a no declarar. Y durante la vista citada por Llarena el pasado 1 de diciembre solo se hizo referencia a las razones por las que había que dejar sin efecto o mantener la prisión provisional.

Tras las declaraciones del 11 de enero, la Fiscalía y la acusación popular del partido Vox solicitarán la celebración de la vistilla del artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar si se mantiene o se revocar la prisión de Forn, Sánchez y Cuixart.

Pero para esas fechas, Llarena y las partes ya conocerán los fundamentos jurídicos de la Sala de Recursos sobre la situación de Junqueras.

Y después de las declaraciones de Forn y de los Jordis, tendran que pasar por el Supremo para declarar sobre los hechos de la querella los demás exconsejeros.

El magistrado Llarena se proponía dedicar las fiestas de Navidad para hacer acopio de los documentos y diligencias practicadas hasta ahora. No obstante, fuentes jurídicas señalan que Llarena ha tenido que acomodar su plan inicial a una fuerte bronquitis que le ha llevado a mantener reposo.

Otro de los asuntos pendientes que deberá resolver Llarena es la solicitud de diligencias por parte de la Fiscalía, las primeras que han elevado el pasado 22 de diciembre los cuatro fiscales encargados de la instrucción, tras consultar con el nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Esa propuesta fue elaborada después del encuentro de los fiscales Fidel Cadena y Javier Zaragoza con el juez Juan Antonio Martínez Sunyer en Barcelona el pasado 1 de diciembre.

En esas diligencias se advierte una fuente de divergencias entre los fiscales y Llarena. Los fiscales proponen incorporar al mayor José Luis Trapero y a Josep María Jové a la causa del Supremo, mientras que el magistrado ha preferido dejar a Trapero bajo la competencia de la magistrada Lamela en la Audiencia Nacional, quizá con la idea de que sea ella quien continúe la instrucción de los hechos del 20 de septiembre y 1 de octubre en esta fase, antes de ser absorbidos, dentro de unos meses, por el Supremo.

Llarena tendrá que dar traslado del escrito de la Fiscalía a las partes –todavía no lo ha hecho-, recabar sus informes y, después, resolver.