El Supremo “afina” las razones para “salvar” al soldado Fernández Díaz
Fuentes próximas al Gobierno señalan que Rajoy no va a mantener al ministro del Interior en su puesto, pero que le “compensará” en otro destino
La Sala de Admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo perfila el “archivazo” de la querella de Xavier Trias y CDC contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina AntiFraude, Daniel de Alfonso. Depejada la investidura con la abstención del PSOE, el ponente Manuel Marchena –presidente de la Sala de Admisión y de la Sala Segunda– quiere dejar a Fernández Díaz en situación limpia días antes de la formación del nuevo gobierno Rajoy.
La Sala de Admisión –integrada por los magistrados Marchena, Ana Ferrer, Miguel Colmenero, José Manuel Maza y Andrés Palomo– dispone desde hace más de dos semanas del informe del fiscal jefe del Supremo, Antolín Herrero, quien justifica las conversaciones entre el ministro y De Alfonso como un intercambio de informaciones dentro de sus competencias.
Los cinco miembros de la Sala de Admisión ya han mantenido deliberaciones. Pero el informe del fiscal jefe es considerado, según fuentes jurídicas, una faena de aliño que no consigue justificar por qué debe ser rechazada la apertura de una investigación. Parece prima facie difícil negar la apariencia de posibles delitos de revelación de secretos, prevaricación y posible malversación de fondos públicos en las conversaciones.
Otras fuentes señalan que no se trata de negar dicha apariencia, que es indiscutible, sino de un problema político. El Supremo no ha admitido querellas criminales contra ministros o ex ministros salvo en alguna contada ocasión, como pudo ser el de José Barrionuevo, en 1995, por el caso de los GAL, la guerra sucia contra la banda terrorista ETA.
En los encuentros del 2 y 16 de octubre de 2014, grabados y difundidos durante la semana de las elecciones del 26 de junio pasado, ambos maquinan la filtración de datos a medios de comunicación para dañar o destruir las carreras políticas de dirigentes soberanistas catalanes (Trias, Oriol Junqueras y Francesc Homs). El efecto inmediato fue la difusión, once días después del segundo encuentro, de una cuenta falsa del entonces alcalde de Barcelona en Suiza a un periódico de Madrid, operación acometida por los asesores de Fernández Díaz.
En ambos encuentros, precisamente, De Alfonso explica al ministro que la Fiscalía General del Estado podía “afinar” algunas de las informaciones no confirmadas que manejaban en el diálogo.
Rajoy ha defendido al ministro, con el que mantiene una estrecha amistad. La Fiscalía General del Estado descartó el 7 de julio pasado que existiera contenido delictivo alguno en las conversaciones, y el fiscal jefe del Supremo, a petición de la Sala de Admisión ya citada, ha justificado las conversaciones. Dichos encuentros se desarrollaron en el contexto de lo que el comisario José Villarejo llama la Operación Catalunya y la incursión del entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, en la Banca Privada de Andorra (BPA) para confirmar datos de miembros de la familia del ex president Pujol en bancos andorranos.
Fuentes próximas al Gobierno en funciones señalan que Rajoy no va a mantener a Fernández Díaz –reprobado por el Congreso a raíz de la guerra sucia contra dirigentes independentistas catalanes– en Interior, pero que le “compensará” en otro destino. Para ello, precisamente, Fernández Díaz quiere dejar atrás la querella criminal pendiente cuanto antes, de modo que Rajoy pueda contar con él en la nueva etapa.
