Suspenso en prevención de la corrupción

La UB ha estrenado este curso un máster sobre los riesgos de la mala administración, el primero del Estado

¿Todos los contratos que hace una administración requieren concurso público? ¿Un alto cargo político tiene que estar en un tribunal de contratación abriendo plicas? ¿Todo el mundo dentro de una administración pública reconoce la diferencia entre lo que es un delito penal y lo que es éticamente reprobable? Desde que los casos de corrupción política han colonizado las páginas de los periódicos -en especial a raíz de la crisis-, mucha gente se ha dado cuenta que la sociedad tiene un problema más grave de lo que se pensaba. Entre ellos hay dos profesores de la Universitat de Barcelona, el catedrático en derecho administrativo Juli Ponce y el catedrático en derecho penal Joan Queralt, que también se dieron cuenta que ni en Cataluña ni en el resto del Estado había ninguna titulación académica para formar personas para que luchen contra la corrupción. Así nació el 2016 el máster de prevención, control y reacción ante la corrupción, 'public compliance', buen gobierno y buena administración, que arrancó el octubre pasado, y este junio cerró, con 30 alumnos, el primero de los dos cursos.

“La Oficina Antifraude de Cataluña era la única que hacía formación sobre estos temas antes que nosotros y teníamos claro que teníamos que trabajar juntos”, explica Juli Ponce. Así, Antifraude se ha encargado de elaborar el contenido de dos de los seis módulos de los que consta el máster, pone los profesores y además ofrece el lugar para que los alumnos puedan hacer las prácticas al final de los dos cursos. “Siempre que hay recursos públicos y poder de decisión hay riesgo de corrupción”, afirma contundente Miguel Ángel Gimeno, director de Antifraude. Desde la creación de la oficina en 2009 ha ido realizando diferentes programas de formación sobre ética, integridad pública y control de la corrupción destinados a cargos electos locales, altos cargos de la Generalitat y directivos de instituciones públicas. Desde hace unos cuántos meses, pero, ha puesto en marcha un programa de formación nuevo -sesiones únicas de 3 o 4 horas- destinado específicamente a los partidos políticos, porque detectaron que son los que más mala nota obtuvieron al barómetro de la corrupción que elabora periódicamente Antifraude. “Precisamente porque los partidos son actores fundamentales en nuestra democracia, hace falta que hagan pasos decididos para controlar la corrupción, hace falta voluntad política: las leyes son necesarias, pero no lo pueden resolver todo; por ejemplo, no es paso obligatorio aceptar donaciones irregulares”, argumenta Gimeno.

Desde la última reforma de la ley de financiación de los partidos del 2015, todos ellos deben tener obligatoriamente un sistema de prevención de la corrupción, y si se produce un caso y se demuestra que no tenían este sistema ni han hecho nada para evitar que pasara, también pueden ser condenados penalmente como partido. Desde el 2010 el Código Penal español dice que las personas jurídicas también pueden ser condenadas por delitos. Esto también les pasa a las empresas privadas que tienen contactos con la administración.

Es por este motivo que uno de los impulsores del máster contra la corrupción de la UB, Juli Ponce, lamenta que en esta primera edición sólo hayan tenido como alumnos funcionarios. “Estamos muy contentos porque es uno de los perfiles a quienes nos dirigimos, pero también queríamos que se apuntaran cargos electos, altos cargos políticos, miembros de partidos o miembros de empresas privadas que son concesionarias de la administración”. Ponce recuerda que antes de poner en marcha el máster fueron a hablar con todos ellos, y encontraron muy interesante la iniciativa, pero a la hora de apuntarse sólo lo hicieron los cargos más técnicos de la administración.

Corrupción y buen gobierno

El máster creado por la UB quiere poner el foco en el germen de la corrupción, que es la mala administración o el mal gobierno, porque el camino para atacarla no es sólo la represión, sino también la prevención. Así lo entiende Ponce, que recuerda que “en una mala administración nadie comete ningún delito penal tipificado, pero las malas prácticas aceptadas por tradición son la puerta abierta a la corrupción”. Y aquí es donde el máster ha centrado más la atención, en “la escala de grises”. Oriol Rua, uno de los alumnos -técnico del departamento de Agricultura-, explica que “se pierde más dinero público con una mala administración que con la corrupción”. Otro de los alumnos, Daniel Garcia Casado, de la Escuela de Administración Pública, valora del máster la cantidad y diversidad de profesores que han tenido el primer curso, desde informáticos hasta periodistas, pasando por un neurocientífico, que los han ayudado a tener una visión poliédrica de la corrupción. En esta línea, Núria Valero, letrada del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, explica: “De todas las clases he aprendido cosas que ya he incorporado a mi día a día”.

En la lucha contra la corrupción todavía hay mucho camino que recorrer, pero, como en tantos otros ámbitos, la formación es imprescindible.

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