Todo atado y bien atado

MadridAunque el juicio oral del procés comenzará formalmente con la presencia de los 18 acusados a finales de enero de 2019 –la fecha será fijada a mediados de ese mes-, la convocatoria de la vista pública el 18 de diciembre solicitada por las defensas para examinar la declinatoria de jurisdicción -a saber: de quién debe ser la competencia del caso- ya supone calentar motores.

He aquí la paradoja: la mayoría del tribunal de enjuiciamiento que debe resolver la cuestión ya se pronunció a favor de la competencia del Tribunal Supremo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia? ¿Es decir que ya tiene posición formada? ¿Para qué sirve entonces elevar ahora esta cuestión previa?

Es lo que hay. Esa mayoría está formada formada por el presidente y ponente del tribunal, Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez Arrieta; Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela.

Los cuatro integraron la Sala de Admisión que el 31 de octubre de 2017 admitió a trámite la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por rebelión, malversación y desobediencia. A ellos se ha sumado otros tres magistrados que no participaron en dicha Sala y que forman el tribunal de siete jueces: Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo.

Precisamente, el planteamiento de las defensas de los acusados, contrario a la competencia del Tribunal Supremo a favor –por la presencia de aforados- del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha sido examinado y resuelto por esa mayoría en su auto del citado 31 de octubre. No es, por tanto, un tribunal que aborda por primera vez, o de manera fresca, por así decir, la cuestión.

En dicho auto, tres de los siete folios (puntos 2 y 3 de la resolución), se dedican, precisamente, a valorar la cuestión de la competencia. La mayoría ya citada del tribunal consideró que no había lugar a dudas sobre su jurisdicción.

"La existencia de una actuación ejecutada fuera de España, tendencialmente dirigida a hacer realidad el designio independentista –señala el auto- permite tener por colmada, insistimos, a los exclusivos efectos de determinar la competencia objetiva, la referencia geográfica a la que el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña asocia la competencia de esta Sala".

Dicho artículo, titulado Estatuto de los Diputados, establece que "en las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

El auto del Supremo, por ello, señalaba, "que el Ministerio Fiscal, bajo el epígrafe 'Los aspectos internacionales en las distintas fases del proceso independentista', sitúa la ejecución de parte de los hechos imputados fuera del territorio de la Comunidad Autónoma catalana y razona que el resultado de algunos de los delitos imputados se habría producido más allá de esos límites territoriales". Concluía que, por este motivo, "el juicio competencial definitivo ha de hacerse acumulando al criterio personal [aforamiento] otro de naturaleza geográfica, a saber, el lugar de comisión del hecho ilícito".

El próximo martes, 18 de diciembre, pues, el tribunal escuchará los argumentos, pero con un partí pris, o un sesgo procedente de su resolución del 31 de octubre de 2017. Unos días más tarde, anunciará su decisión a través de un auto, que solo se podrá recurrir en súplica, ante el mismo tribunal.

Dicha súplica no es suspensiva, esto es, los plazos seguirán corriendo. Las defensas tendrán – a partir del auto sobre la competencia- diez días para presentar sus conclusiones provisionales, en las que incluirán los medios de prueba propuestos.

Esto nos lleva hacia la mitad de enero de 2019, el momento en la letrada de Administración de Justicia, María Antonia Cao, fijará la fecha de inicio del juicio –previsiblemente para la última semana de enero- que continuará con las cuestiones previas pendientes.

A todo esto, el Tribunal Constitucional, que comenzó a examinar ayer (y resolverá este mismo miércoles) los recursos de amparo de Anna Gabriel, Mireia Boya y Carme Forcadell –precisamente sobre la cuestión de competencia del Supremo- resolverá que no puede entrar en materia antes de que se agote el recurso ante el Supremo. Es, pues, como la pescadilla que se muerde la cola.