Tras un informe policial que no implica a Iglesias en daños a la tarjeta de Dina, el juez cita a una reunión a sus autores

Ni los fiscales ni las otras partes personadas han podido preguntar ayer 

La instrucción del procedimiento de la pieza Dina -el robo del móvil y las filtraciones en 2016 a varios medios de comunicación del contenido de la tarjeta sustraida de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias- se ha convertido en un juego de muñecas rusas -la matrioshka hueca que en su interior alberga una nueva muñeca y esta a su vez a otra, en un número variable- que parece ser un viaje a ninguna parte. 

Las últimas diligencias, al resultar fallidas para la expedición de pesca del juez, son el preludio de otras nuevas.

La policía científica informó a petición del juez el pasado 12 de agosto que “no se puede determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en el que se produjeron", en referencia a la tarjeta del teléfono móvil mencionado.

El juez intenta probar que Pablo Iglesias pudo provocar daños en la tarjeta antes de devolvérsela a su propietaria, hecho que ocurrió varios meses después de que el dirigente máximo de Unidas Podemos la recuperase de manos del Antonio Asensio, entonces presidente del grupo de comunicación Zeta. 

La comisión rogatoria enviada a una empresa de Gales obtuvo como respuesta a mediados de julio pasado que, si bien la tarjeta estaba “físicamente intacta”, su contenido era inaccesible. 

A continuación, la petición del juez de informe de la policía científica ha obtenido una respuesta parecida. 

El juez citó para ayer lunes una reunión con los policías que elaboraron el informe. 

Problema: no informó a los fiscales del caso ni a las demás partes personadas en el procedimiento. 

El interés de la reunión era evidente. Porque todas las partes podían hacer las preguntas pertinentes. 

Fuentes judiciales señalan que este tipo de reuniones “informales” son pan cotidiano entre jueces y fiscales.  

Pero no es menos cierto que habiendo un informe pericial elaborado por la policía científica, lo lógico hubiera sido someterlo a las preguntas de todas las partes.  

La reunión del juez con los policías no consta en las actuaciones, y no parece que el juez decidiera citarles para hablar de una cosa distinta al contenido del citado informe.  

¿Por qué no dar la posibilidad a las demás partes para que pregunten lo que les parezca oportuno? 

El juez ha pedido también el libro de visitas del ya desaparecido grupo Zeta, y ahora parece dispuesto a insistir ante la empresa de Gales (Reino Unido) en relación a las conclusiones que enviaron a finales de julio pasado.  

El juez está convencido de que Pablo Iglesias manipuló a la justicia para denunciar, durante la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, precisamente cuando se comenzó a instruir la pieza Dina, que los aparatos del Estado impulsaron una  campaña contra Podemos -informe PISA, presunto pago de servicios a través de cuentas bancarias en las Islas Granadinas y uso del material de la tarjeta del teléfono robado a Dina Bousselham- y que pudo haber incurrido en una estafa procesal, entre otros delitos. 

Pero ese convencimiento del juez, según fuentes judiciales, no puede ser el motor de la investigación, donde no está claro qué bien jurídico se está defendiendo. Aunque Iglesias, que es aforado, no está siendo formalmente investigado en esta pieza, lo cierto es que se ha convertido en el objeto central de la investigación que desarrolla el juez García-Castellón.  

Y en su calidad de vicepresidente segundo del gobierno Iglesias está aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

No puede, pues, ser el objeto central -declarado, vaya- de una investigación por parte de un tribunal, la Audiencia Nacional, que no es competente para hacerlo, hasta que el juez encuentre pruebas contra él.