PeriodistaLa decisión del gobierno de Pedro Sánchez de garantizar, el pasado miércoles día 1 de mayo, el traslado del dirigente excarcelado el martes 30 Leopoldo López desde la embajada de Chile en Caracas a la residencia del embajador de España, Jesús Silva Hernández, ha supuesto un paso importante del ejecutivo español dentro del laberinto del golpe de estado y la rebelión militar en desarrollo en Venezuela.
López, que cumplía hasta el martes condena por una sentencia firme, explicó a la agencia Efe el pasado jueves, 2 de mayo, al ser preguntado en la citada residencia por una posible intervención militar: “Nosotros no descartamos ningún escenario que esté dentro de la Constitución y esta prevé que esa es una posibilidad. Espero que no tengamos que llegar a ese punto”.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ante el riesgo evidente de una mayor implicación de España en los acontecimientos cívico-militares en curso y futuros, y a la luz de las declaraciones de López desde la residencia del embajador Silva, explicó ayer desde Líbano: "España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político". El ministro señaló que López tuvo el pasado jueves encuentros con la prensa en la embajada y ha recalcado que "a partir de ahora esto será regulado”.
Más protección en la embajada chilena
Fuentes judiciales españolas estiman que López hubiese tenido mayor protección de permanecer en la embajada de Chile en Caracas, al amparo del convenio de asilo de los países de América Latina, habida cuenta de que la ley española de asilo exige a la persona que pretenda acogerse al mismo estar presente en España. Ya con ocasión de la solicitud de asilo de Edward Snowden, el consultor tecnológico de la Agencia de Seguridad Nacional que destapó el programa de espionaje que el Gobierno de EE.UU para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo explicó que la petición no era admisible jurídicamente “porque la ley de Asilo solo concede ese derecho a personas que estén en España”.
En otros términos, López no puede solicitar asilo a España al no cumplirse esa condición. La razón de optar por España, según esas fuentes, sería de naturaleza política: el mayor impacto mediático de su presencia en un país de la Unión Europea (UE) de cara a los acontecimientos que la oposición más dura -que lideran él y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y “presidente interino” reconocido por Estados Unidos, la UE, y un gran número de países latinoamericanos- prevé para próximas fechas.
Y el mediático es uno de los frentes fundamentales en el desenlace de la acción. El pasado martes, el diario norteamericano The Washington Post, fijaba la orientación editorial: “No le llaméis golpe. Los venezolanos tienen derecho a reemplazar a un régimen opresivo y tóxico”.
La referencia de López a la intervención militar y la Constitución es sugerente. Se trata de una interpretación del artículo 187 apartado 11 que enumera las competencias de la Asamblea Nacional, señala entre ellas "autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país".
Pero como provocar una guerra o solicitar la intervención de una potencia extranjera es tanto anticonstitucional como un delito castigado por el código penal venezolano, justificar la intervención militar de Estados Unidos con el artículo 187 apartado 11 carece de todo fundamento. No obstante, esto es lo que hay.
Reconocer a Guaidó, por si se necesitaban pruebas, era una operación que formaba parte de un golpe de Estado en desarrollo, según se pudo comprobar el 23 de febrero pasado y en la intentona fallida del pasado martes 30 de abril. Una intentona que a corto plazo fortalece al gobierno de Nicolás Maduro -responsable de la desastrosa situación política, económica y social- al que una parte de la población apoya aunque más no sea para rechazar la intervención abierta de Estados Unidos y su política de sanciones económicas que agrava la crisis humanitaria.
Ahora, mantener el respaldo a Guaidó y acoger a López permite a Pedro Sánchez amortiguar los ataques tanto del PP como de Ciudadanos, de cara a las elecciones del 26-M convirtiendo a Venezuela en “cuestión de Estado”
