Visto para sentencia

MadridEl turno de última palabra permitía al acusado, que había declarado al comienzo del juicio y permanecía por imperativo legal callado durante todas las sesiones, encarar al final su autodefensa o defensa personal, ya que su defensa recae siempre en el abogado.

Pero ya no es lo que era. Porque en la práctica, los acusados utilizan ese turno no tanto para su defensa, técnicamente hablando, sino para transmitir al tribunal un mensaje más emocional antes de que el presidente declare el juicio visto para sentencia.

Durante los juicios de etarras, los tribunales cortaban a los terroristas que usaban ese turno para lanzar un mensaje político acorde con su ideología.

Sin embargo, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, tenía decidido no interferir, sabiendo que, indudablemente, dada la naturaleza del juicio, los mensajes políticos serían inevitables. Al fin y al cabo, se ha dicho que la ideología independentista no era materia de enjuiciamiento.

Algunos de los acusados se preguntaban, tras pasar por la prueba emocional, si lo que acababan de decir podía tener algún impacto en los siete magníficos, como sus colegas llaman a Marchena y a los otros seis magistrados que forman el tribunal.

La respuesta es que, habiendo declarado los acusados al comienzo del juicio, carece de la relevancia que antiguamente se confería a la última palabra, cuidadosamente preparada para que el acusado retomase su declaración de comienzos del juicio.

Pero quizá en este caso ha habido una excepción. Quien ha utilizado la última palabra en el sentido antiguo -contestar con precisión al fiscal y a las acusaciones después de permanecer callada durante todo el juicio- ha sido la ex presidenta del Parlament, Carmen Forcadell.

Separada de los otros cinco miembros de la Mesa - el Supremo los ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ser juzgados solo por desobediencia-, Forcadell ha sido enjuiciada también por el delito de rebelión.

La expresidenta Forcadell reforzó ayer la defensa realizada por su letrada con un ataque a los fiscales por presentar lo que calificó de pruebas falsas solo por tratarse de quien era, por su trayectoria.

Esa diferencia entre Forcadell y los otros acusados de rebelión y los miembros de la Mesa se remonta al comienzo de la instrucción. Mientras los miembros del Govern acusados de rebelión fueron enviados a prisión incondicional por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el 2 de noviembre de 2017, el magistrado Pablo Llarena, tras tomar declaración a la entonces presidenta en funciones del Parlament el 9 de noviembre en el Tribunal Supremo, dictó prisión, sí, pero eludible con fianza de 150.000 euros, que la imputada abonó tras pasar la noche en la cárcel de Alcalá-Meco. A los otros miembros de la Mesa, Llarena les exigió una fianza menor, de 25.000 euros.

El tribunal dispone de mes y medio hasta el 31 de julio, fecha en que los magistrados se van de vacaciones caso de acometer la sentencia ahora.

La Sala tiene pendiente resolver la nueva solicitud de libertad de los presos planteada por las defensas con el argumento de que el juicio ha terminado. También la situación de Oriol Junqueras que ha solicitado trasladarse ante la Junta Electoral Central para jurar el próximo lunes 17 de junio el cargo de eurodiputado.

Los magistrados barajan autorizarle -contra la posición de la Fiscalía y a favor de lo que solicita la Abogacía del Estado- a través de un auto en el cual señalarían que al recoger el acta de eurodiputado Junqueras quedará suspendido en sus funciones, en aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Con ello se sortearía el problema de la inmunidad y la necesidad de pedir suplicatorio al Parlamento Europeo.

Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad de que en mes y medio puedan tener un texto de ponencia, deliberar y firmar la sentencia?

Existe esa posibilidad, sí.

Aguantar la sentencia cuatro meses hasta septiembre/octubre sería un calvario si se puede hacer un intento para acordarla antes. El ponente, tanto en este, como en otros juicios, va haciendo su trabajo como una hormiga, desde que empieza la vista oral hasta que termina. Aquellos que hayan visto algunas sesiones no habrán pasado por alto que Marchena, el presidente y ponente, tomaba notas todo el tiempo, durante toda la jornada.

Cincuenta y dos sesiones a una media de seis horas diarias arrojan más de trescientas horas de trabajo. Si se quiere tener la sentencia lista antes de vacaciones, a este número de horas hay que unir ahora otro mes y medio de trabajo.

Materialmente es posible que Marchena pueda acabar su proyecto de sentencia y aprobarse en varias deliberaciones de aquí hasta el 31 de julio.

El sistema de trabajo se puede dividir en bloques. Desde luego el tema central es sedición/rebelión. Una vez que la deliberación despeje las posiciones de los magistrados sobre este asunto se pasará a analizar los demás. Desobediencia, es más sencillo, y luego malversación, que presenta mayor complejidad, habida cuenta de la deficiente instrucción y la falta de prueba pericial contable seria en el juicio.

En este contexto, pues, se analiza si hay absoluciones, tras examinar la participación de cada uno de los acusados, se delibera si hay eximentes y atenuantes, y se da luz verde. O no.

Fuentes del Supremo han admitido, en el último mes, que sería ideal resolver el asunto antes de agosto próximo, pero han resaltado que queda poco tiempo.

Marchena es conocido por la celeridad con que redacta. Y parece que ya contaba desde el comienzo del juicio -quizá acabando en mayo- con tener lista la sentencia antes de vacaciones. Habrá que ver, pues, si sigue en el empeño.