Vox presenta una 'querella-trampa' en la Audiencia Nacional contra Iglesias y un fiscal cuyo destino es ser inadmitida

El partido de Abascal usa el caso Dina para calentar su próxima moción de censura contra Sánchez

En la 'España Penal' la acción de un tribunal o un juez es un instrumento clave de cualquier estrategia política. Vox lo acaba de admitir sin complejos para su próxima moción de censura a Pedro Sánchez. Este martes, día 25 de agosto, ha presentado una querella criminal contra Pablo Iglesias por hechos que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón en la pieza Dina- robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, ex colaboradora del presidente de Unidas Podemos, y filtraciones de su contenido privado a la prensa- con un objetivo: que el juez le de traslado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya que Iglesias es aforado. 

El partido de Santiago Abascal ya había presentado una denuncia a primeros de julio pasado contra Iglesias, el fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales a cargo del caso Tándem-Villarejo, Dina Bousselham y la abogada Marta Flor, por seis delitos: denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. 

El teniente fiscal Carlos Ruiz Alegría se hizo cargo de la instrucción en lo que se refería al fiscal Stampa -aforado ante el TSJCM- a quien Vox y una campaña mediática acusa de filtraciones en beneficio de los abogados de Unidas Podemos en la pieza Dina. Según fuentes judiciales, el fiscal ha examinado todas las diligencias realizadas en las actuaciones y prácticamente se aprestaba a archivar con una extensa resolución la citada denuncia por carencia total de fundamento. 

Pero Vox no ha esperado la resolución. Y ayer ha presentado la querella, básicamente la misma, a la Audiencia Nacional, habida cuenta de que es público que el juez García-Castellón está investigando de facto – no puede hacerlo de iure al ser aforado-posibles actuaciones reprochables de Iglesias. Actuaciones que cada vez más se han revelado vacías de contenido si se hace caso a los informes procedentes de una comisión rogatoria de Gales y de un reciente informe de la Policía Científica. 

Pero la expedición de pesca de Vox resulta evidente. Va a presentar una moción de censura contra Sánchez en el Congreso de los Diputados para disputar el liderazgo del Partido Popular y de Pablo Casado. Y para preparar el clima ha “reciclado” la denuncia del pasado mes de julio transformándola en querella criminal. 

Vox trata de capitalizar para sus propios fines el deseo del juez García-Castellón de pescar presuntos delitos de Iglesias, ánimo que le ha guiado a extender el procedimiento pese a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de definir qué presunto bien jurídico ha sido dañado y preguntar a Bousselham, afectada por el robo, a quién quiere acusar. 

Pero la Audiencia Nacional no es competente ni para admitir una querella criminal contra Iglesias ni contra Stampa. 

El juez está investigando algunos de los presuntos delitos y hasta ahora ha decidido no elevar a la Sala Segunda del Supremo una exposición razonada contra Iglesias. 

Pero el juez de la Audiencia Nacional, tribunal inferior al Supremo, carece de capacidad para plantear cuestiones de competencia al Supremo. Y el querellante, Vox, conoce perfectamente que el querellado, el vicepresidente segundo del gobierno, Iglesias, está aforado. Tiene, pues, obligación de presentar la querella ante el Supremo.  

¿Puede el juez decir que no siendo competente envía la querella al Supremo que es el competente? 

No es posible. Porque un órgano superior no puede ser objeto de cuestiones de competencia. Está fuera de lugar una presunta inhibición de la Audiencia Nacional a favor del Supremo. 

Esta querella de Vox nada tiene que ver, pues, con la exposición razonada que pudo haberse planteado como objetivo en su día el juez García-Castellón en relación con Iglesias tras practicar algunas diligencias. Precisamente porque esas diligencias no han dado resultado hasta el momento, el juez no ha elevado exposición razonada al Supremo. 

El juez, por tanto, no puede “trasladar” la querella de Vox porque carece de competencia y solo realizaría una parodia o simulacro de inhibición en favor del Supremo.  

No tiene más alternativa, máxime cuando además conoce la causa porque la está instruyendo él, que inadmitir la querella de Vox y señalarle el camino a recorrer, los quinientos metros que separan la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo, para querellarse contra el vicepresidente segundo del gobierno. 

Tanto Vox, como el PP, consideran el poder judicial como un brazo de su acción política para provocar una crisis y favorecer el recambio de gobierno, según ya habíamos anticipado.   

El partido de Abascal, al ver la conducta de ampliar las investigaciones del juez García-Castellón contra Iglesias -también ha decidido citar a declarar al abogado despedido José Manuel Calvente a primeros de septiembre- ha decidido lanzar caña de pescar para preparar el escenario de su moción de censura.